Una semana después de oficializarse las Elecciones Generales 2023, el presidente Alejandro Giammattei retomó la polémica acerca de la vigencia de la pena de muerte, cuyo tema abrazan los políticos que buscan cargos a elección popular para ganar votos. 

Como no lo había hecho en ningún otro discurso en sus tres años y 13 días de Gobierno, el mandatario expresó su deseo de que se retome el derecho del recurso de gracia y que la pena de muerte se aplique en el país, durante el acto de graduación de la 54 promoción de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). 

Aseguró que en 2023, en año electoral, su administración busca "luchar contra los pandilleros que extorsionan y sicarios que de pandillas o grupos criminales que atentan contra la vida de otros por dinero". "No seguiremos impasibles, ni timoratos (con miedo)...tienen que pagar por sus crímenes ante los tribunales de justicia", aseveró.  

"Ojalá el Congreso de la República le devolviera lo que la Constitución le dice al Presidente de la República, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte pudiera ser efectiva", dijo Giammattei.

E insistió: "No me temblaría la mano si son llevados y condenados a la pena de muerte los que mataron a la niña de 7 años en Villa Nueva y denegarles el recurso de gracia para que paguen con sus vidas", afirmó.

El caso en referencia ocurrió el 2 de enero de 2023, cuando fue hallado el cuerpo de una menor semienterrado en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, y donde pobladores intentaron linchar a los tres presuntos responsables.

¿Es viable?

En 2004 durante la gestión de Alfonso Portillo se derogó el decreto 159 que permitía al mandatario suspender o no la ejecución de un condenado, por lo que desde entonces existe un vacío legal sobre el indulto que impide aplicar la pena de muerte.

A eso se suma una resolución de la Corte de Constitucionalidad de 2017 que dejó exentos de la pena capital los delitos de: parricidio, asesinato, plagio, secuestro y desaparición forzada. 

No obstante, diputados de la bancada Valor proponen desde 2022 "delimitar la imposición a las condiciones materiales del acto perpetrado y no de las condiciones personales del delincuente, para subsanar la subjetividad en las normas y no contrariar la Convención Americana de Derechos Humanos", según el proyecto que presentaron en mayo de 2022.