Gobierno se doblega, derogará acuerdo y archivará iniciativa rechazada por 48 cantones de Totonicapán
Tras dos días de bloqueos en la ruta a occidente, el gobierno de Alejandro Giammattei se doblega y acepta derogar acuerdo y archivar el proyecto que buscaban elevar la recaudación de impuestos en la economía informal.
Más de seis horas después de que se instaló una mesa de diálogo con autoridades y representantes de los 48 cantones de Totonicapán, para discutir las modificaciones tributarias, el Gobierno de Alejandro Giammattei, a través del Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, aceptó derogar los acuerdos que obligaban a facturar en ventas de bienes y servicios mayores de Q2 mil 500. También a archivar la iniciativa de ley para incorporar al sistema tributario al sector informal.
La discusión inició después de que el procurador de Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova, acudió a las afueras del Congreso, uno de los 16 puntos que pobladores tomaron durante dos días en rechazo a las modificaciones tributarias.
Tras instar al diálogo, el Magistrado de Conciencia habilitó un espacio en la sede que dirige para escuchar y mediar con las partes interesadas: representantes de los 48 cantones; Herbert Figueroa, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso; Marco Livio Díaz, Superintendente de la SAT; Edwin Martínez, ministro de Finanzas y Saúl Ávalos, viceministro de Finanzas.
Luis Aroldo Pacheco, presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones, insistió en el rechazo de las normativas y explicó el impacto en el bolsillo de pequeños productores. "No nos oponemos al pago de impuestos, pero se debe mejorar la recaudación", insistió.
"No nos oponemos por oponernos, ni por ser rebeldes. Simplementemente velamos por el bien", aseveró Pacheco.
Acuerdo en acta
Después de escuchar los argumentos de los participantes, el jefe de la SAT propuso iniciar el proceso de derogación de los acuerdos gubernativos 245-2022 y 12-2023, que obligaba a emitir facturas electrónicas en ventas de bienes y servicios mayores de Q2,500, así como dar una prórroga de 60 días para no fiscalizar a la economía informal, lo que cual quedó establecido en acta.
En el mismo plazo se elaborará un nuevo acuerdo que se discutirá en una mesa técnica en la que deberán participar los 48 cantones y la alcaldía indígena de Sololá. También las autoridades aceptaron archivar la iniciativa de ley que pretendía incluir al sistema tributario a la economía e informal y a los sectores pecuario y bovino.
"Tenemos que comprender que ambas partes tenemos que aportar una solución y que la derogación no es de la noche a la mañana porque regulan otras cosas. Vamos a tomar en cuenta las observaciones de cómo les afecta y al comprenderlas, emitir un nuevo acuerdo", explicó el jefe de la SAT.
Asimismo, recordó que el control es importante para que todos los que facturen lo hagan correctamente para mantener la recaudación y tener los recursos que se necesitan. "Me comprometo a llamarlos cuando haya una medida que los pueda afectar", ofreció Díaz Reyes.
A cambio, los 48 cantones se comprometieron a continuar con el diálogo, entregar sus propuestas para el nuevo acuerdo y retirar los bloqueos, no sin antes, acudir a Casa Presidencial, por invitación del presidente Giammattei y desde allí anunciar los acuerdos alcanzados "donde prevaleció el sentido común y la madurez", según el PDH.
Desde la semana anterior, el grupo de inconformes hizo llegar un pliego de peticiones a la Junta Directiva del Congreso y ante la falta de respuesta, decidieron bloquear las rutas desde el lunes 27 de marzo.
Gobierno se doblega, derogará acuerdo y archivará iniciativa rechazada por 48 cantones de Totonicapán
Tras dos días de bloqueos en la ruta a occidente, el gobierno de Alejandro Giammattei se doblega y acepta derogar acuerdo y archivar el proyecto que buscaban elevar la recaudación de impuestos en la economía informal.
Más de seis horas después de que se instaló una mesa de diálogo con autoridades y representantes de los 48 cantones de Totonicapán, para discutir las modificaciones tributarias, el Gobierno de Alejandro Giammattei, a través del Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, aceptó derogar los acuerdos que obligaban a facturar en ventas de bienes y servicios mayores de Q2 mil 500. También a archivar la iniciativa de ley para incorporar al sistema tributario al sector informal.
La discusión inició después de que el procurador de Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova, acudió a las afueras del Congreso, uno de los 16 puntos que pobladores tomaron durante dos días en rechazo a las modificaciones tributarias.
Tras instar al diálogo, el Magistrado de Conciencia habilitó un espacio en la sede que dirige para escuchar y mediar con las partes interesadas: representantes de los 48 cantones; Herbert Figueroa, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso; Marco Livio Díaz, Superintendente de la SAT; Edwin Martínez, ministro de Finanzas y Saúl Ávalos, viceministro de Finanzas.
Luis Aroldo Pacheco, presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones, insistió en el rechazo de las normativas y explicó el impacto en el bolsillo de pequeños productores. "No nos oponemos al pago de impuestos, pero se debe mejorar la recaudación", insistió.
"No nos oponemos por oponernos, ni por ser rebeldes. Simplementemente velamos por el bien", aseveró Pacheco.
Acuerdo en acta
Después de escuchar los argumentos de los participantes, el jefe de la SAT propuso iniciar el proceso de derogación de los acuerdos gubernativos 245-2022 y 12-2023, que obligaba a emitir facturas electrónicas en ventas de bienes y servicios mayores de Q2,500, así como dar una prórroga de 60 días para no fiscalizar a la economía informal, lo que cual quedó establecido en acta.
En el mismo plazo se elaborará un nuevo acuerdo que se discutirá en una mesa técnica en la que deberán participar los 48 cantones y la alcaldía indígena de Sololá. También las autoridades aceptaron archivar la iniciativa de ley que pretendía incluir al sistema tributario a la economía e informal y a los sectores pecuario y bovino.
"Tenemos que comprender que ambas partes tenemos que aportar una solución y que la derogación no es de la noche a la mañana porque regulan otras cosas. Vamos a tomar en cuenta las observaciones de cómo les afecta y al comprenderlas, emitir un nuevo acuerdo", explicó el jefe de la SAT.
Asimismo, recordó que el control es importante para que todos los que facturen lo hagan correctamente para mantener la recaudación y tener los recursos que se necesitan. "Me comprometo a llamarlos cuando haya una medida que los pueda afectar", ofreció Díaz Reyes.
A cambio, los 48 cantones se comprometieron a continuar con el diálogo, entregar sus propuestas para el nuevo acuerdo y retirar los bloqueos, no sin antes, acudir a Casa Presidencial, por invitación del presidente Giammattei y desde allí anunciar los acuerdos alcanzados "donde prevaleció el sentido común y la madurez", según el PDH.
Desde la semana anterior, el grupo de inconformes hizo llegar un pliego de peticiones a la Junta Directiva del Congreso y ante la falta de respuesta, decidieron bloquear las rutas desde el lunes 27 de marzo.