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La justicia no debe tolerar la corrupción ni los testimonios falsos

Bajo ninguna circunstancia se puede pretender erradicar la corrupción por medio de mecanismos a su vez corruptos e igual de ilegales. La justicia no puede rebajarse al nivel de los criminales.

Alejandro Palmieri
16 de febrero, 2022

La nota del medio digital El Faro ha causado revuelo y desde entonces las redes sociales y los medios nacionales no han dejado de comentar las distintas incidencias. Como es de esperarse, la posibilidad de que la campaña del entonces candidato Alejandro Giammattei hubiese sido financiada con dinero proveniente de sobornos pagados al exministro José Luis Benito causó indignación, aunque no sorpresa.

La corrupción en la asignación de contratos de construcción de carreteras y el pago de las obras siempre fue un secreto a voces, pero luego de que varios contratistas reconocieran el hecho y fueran condenados por ello, es una certeza. Así que el posible financiamiento de esa campaña con dinero que pudo provenir de esa fuente ilegal más que una mancha más al tigre, es la comprobación de la contumacia de corrupción.

Aunque no se tenía más información que la publicada por El Faro (que tuvo acceso a un testimonio bajo reserva), la opinión generalizada de inmediato fue que era total y absolutamente cierto lo que el “Testigo A” había dicho. Salvo algunos medios y periodistas que cuestionamos la veracidad del testimonio y cómo el medio salvadoreño tuvo acceso a él, todo el mundo lo dio por cierto.

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A las pocas horas de la divulgación del medio digital de El Salvador, en un medio televisivo nacional se entrevistó al supuesto testigo, pero no pareció creíble ni por asomo. Sin embargo, el martes por la mañana y luego de que el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, denunciara la filtración de información bajo reserva, se tuvo la noticia de que el “Testigo A” (se entiende que el verdadero, distinto al que fue entrevistado en el noticiero) había denunciado un par de días atrás que su testimonio fue rendido bajo coacción y amenazas por parte del entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Ese hecho está por comprobarse, por lo que se debe ser prudente al manejar de esta información.

Aunque la identidad del “testigo A” sigue sin ser oficialmente reconocida, fuentes confirmaron que se trataba de Jorge Baldizón, hijo del excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien fue procesado en Estados Unidos por lavado de dinero. Circuló en redes sociales un audio donde supuestamente Jorge Baldizón decía que se le había ofrecido levantar embargos a propiedades de la familia a cambio de su testimonio y que lo expresado por el hijo del petenero fue redactado, cual guión, por el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Siempre que un testigo se retracta de su testimonio debe preguntarse por qué sucede. O el primer testimonio fue mentira, o lo es su retractación. Lo que tenemos ahora es una contradicción no de dos personas que dan testimonios opuestos, sino la denuncia de que lo hizo bajo coacción y amenazas. El testigo acusó a la campaña del ahora presidente Alejandro Giammattei de recibir dinero de origen ilícito, y señaló a por lo menos dos exministros (además del ofrecimiento de beneficios por su declaración).

Todas son declaraciones que implican actos muy graves. Desde la financiación de la campaña presidencial con fondos de origen ilegal, pasando por el involucramiento de dos exministros, pero ahora también la denuncia de que tal declaración fue coaccionada.

Estos son hechos y circunstancias que deben ser investigados. Si a ello agregamos que el expediente al que tuvo acceso El Faro, que contiene la declaración original del “Testigo A”, se encuentra bajo reserva y que el expediente está en una caja fuerte bajo control de la jueza Erika Aifán, la trama de ilegalidades aumenta.

Si el expediente al que tuvo acceso El Faro fue obtenido por medio de la jueza Aifán o si la información es parte de los expedientes que sustrajo Sandoval (“resguardó” dijo) de la FECI cuando fue destituido y se lo entregó en El Salvador al medio de comunicación, o si lo dio al corresponsal de ese medio (el autor de la nota) en Washington, es otra circunstancia que debe aclararse.

Bajo ninguna circunstancia se puede pretender erradicar la corrupción por medio de mecanismos a su vez corruptos e igual de ilegales. La justicia no puede rebajarse al nivel de los criminales, pues quienes así lo hacen se convierten, a su vez, en criminales.

Los testigos falsos y coaccionados

En la historia de la FECI bajo el apadrinamiento de la CICIG existen tres casos de alto impacto mediático donde se usaron falsos testimonios o se coaccionó a testigos, por lo que no extraña este nuevo hecho del llamado Testigo A o Jorge Baldizón.

Uno de los casos más sonados fue el de Mario Paz Mejía, condenado por el asesinado del abogado Rodrigo Rosenberg. El reo, antes de morir, confesó que fue obligado a prestar falso testimonio contra los hermanos Valdés Paiz, además, señaló a los empleados de la CICIG que lo coaccionaron. La confesión la dio con presencia de periodistas y del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

El otro testimonio falso que también quedó en evidencia fue en el proceso legal contra el exministro Carlos Vielman. En este caso a Marco Tulio López López, de la banda de secuestradores Los Pasaco, investigadores de la FECI le ofrecieron dinero a cambio de testificar contra el exfuncionario. 

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Y un testimonio que también duró poco tiempo porque fue invalidado en tribunales, fue el de Paulina Paiz y Olga Vitalina Méndez. Con lo dicho por ambas la FECI armó tres procesos legales por financiamiento electoral no registrado. En este proceso figuran el partido FCN-Nación y varios empresarios.

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