La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico, hacen un llamado a los funcionarios públicos para no afectar el empleo de 3,700 personas en Guatemala y Ucrania, tras la petición legal de algunos diputados de suspender las licencias mineras.

El planteamiento de una iniciativa de ley para aplazar los permisos fue presentado el jueves 17 de marzo por congresistas de la Bancada Semilla. Los legisladores demandan que todas las licencias pendientes de ser otorgadas se posterguen y que las que expiren no sean renovadas.

Esta acción legal de los congresistas se da en medio de una investigación realizada por la casa matriz de CGN y Pronico, Solway Investment Group, que busca establecer una publicación en varios medios de comunicación.

"La información publicada es deliberadamente comprometida ya que fue obtenida de forma delictiva durante ciberataques que afectaron negativamente el sistema informático de las compañías", señala la firma en un comunicado.

Además, sostiene que este ataque al "sistema de control automático de los equipos metalúrgicos y energéticos, podría haber provocado accidentes con consecuencias trágicas para los colaboradores y el entorno natural".

Empleos en Guatemala y Ucrania

CGN y Pronico resaltan que sus directores, uno de origen ucraniano y el otro guatemalteco, trabajan de acuerdo con la legislación nacional y en beneficio de los empleados y de las comunidades.

"Los directores generales hacen constar que CGN y Pronico trabajan de acuerdo con la legislación nacional, sino que también de acuerdo con los estándares internacionales en materia de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental, sistemas de seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social, respeto a los derechos humanos, como se evidencia por auditorías de manera frecuente hechas por el Banco Mundial, Deloitte, KPMG, AENOR e ICONTEC", indican las empresas.

"En la actualidad, entes externos se están aprovechando de la coyuntura para desestabilizar a las comunidades y la sociedad civil de El Estor, creando divisionismo, discordia en el municipio y difundiendo información falsa. Por esta situación nuestro director general de CGN, de origen guatemalteco, hace un llamado a la comunidad europea a tener en cuenta los intereses de los habitantes estoreños, con los que trabaja día a día de la mano y con los que juntos han estado construyendo el desarrollo de la región desde el 2012 hasta la fecha", agrega la información de la compañía

Claussen González, director general de CGN, instó al director de Pronico, el ucraniano Serhii Polianetskyi, "a continuar esfuerzos de buena fe para garantizar que los proyectos sociales planificados no se detengan, ya que esto podría aumentar las necesidades de las comunidades de El Estor, así como se ha visto el incremento de nuevas solicitudes de proyectos de desarrollo comunitarios por la coyuntura".

Mientras que Polianetskyi, exhorta a la sociedad guatemalteca, a "no caer en provocaciones que esconden los verdaderos intereses de terceros que no solo desacreditan la imagen de las compañías, sino que pretenden suspender las operaciones de CGN, suspender las exportaciones mineral a Ucrania, siendo este suministro del cual depende el bienestar socioeconómico de más de 1700 colaboradores de la planta de ferroníquel Pobuzhsky en Ucrania, sus familias, así como todos los residentes del pueblo que lleva el mismo nombre, afectados por las hostilidades militares".

Regalías del 51%

El proyecto de la Bancada Semilla al que han denominado "ley de moratoria de las licencias de reconocimiento, exploracion y explotación de minería metálica", incluye realizar una discusión sobre la explotación de la minería en Guatemala. 

Por ello, las minas que queden vigentes durante la aplicación de la moratoria tendrán que pagar regalías de un 51% a cambio de usar los recursos no renovables. 

Del porcentaje total, el 40% se destinará al Estado, 11% a las municipalidades, a lo que se sumará otro 1% que deberán pagar quienes exploten los materiales a las respectivas comunas. 

Quedará sin efecto la moratoria si se aprueba una ley nacional de minería consensuada, bajo criterios técnicos y ambientales.