El ministro de Ambiente, Mario Rojas, salió a la defensa de la cuestionada iniciativa de ley 6054 que busca concentrar las instituciones ambientales, durante la conferencia semana de funcionarios este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura. 

El funcionario aseguró que la intención es mejorar la gestión ambiental y dejó claro: "no buscamos que se cierre ninguna institución del Estado como equivocadamente se ha planteado en algunas publicaciones que vienen de algunos sectores y actores", criticó Rojas.

Además que la aprobación únicamente llevaría a que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) sea parte del Ministerio de Ambiente, como también la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las entidades que velan por los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Peten Itzá.

"Se busca unificar esfuerzos, evitar la duplicidades de gestiones, reducir la burocracia y fortalecer la gestión ambiental", ofreció Rojas. 

Asimismo cuestionó que al proyecto se le identifique con el superlativo de "Superministerio, cuando todos los presupuesto combinados, apenas alcanzan los Q433 millones 852 mil "y no Q900 millones como se ha socializado en medios de comunicación", justificó. 

También que es "una oportunidad para mejorar la gobernanza del ambiente y desarrollar una política articulada y no de forma aislada. No se trata de centralizar ni monopolizar, tampoco destruir Tikal, nada más alejado de la verdad", advirtió. 

Criticó que hay una "manipulación del tema, el manejo de una agenda política con el propósito que Gobiernos fracasen y peor aún de que el ambiente se deteriore más", enfatizó. 

¿Por qué hay rechazo?

 Varios sectores rechazan la iniciativa 6054 porque significa "un retroceso en materia de descentralización y por lo tanto, de hacer menos eficiente al Estado", manifestó Carla Caballeros, directora ejecutiva de Cámara del Agro (Camagro).

También la preocupación es que "centralizará todas las decisiones bajo criterios políticos cuando las instituciones ya manejan criterios técnicos".

En el mismo sentido, Agexport consideró que se violenta la descentralización y la autonomía institucional, pero también promueve la burocracia y elimina los contrapesos políticos.

Además de que el sector ornamental será el más afectado por las guías de transporte, certificados y licencias de exportación e importación. 

Otro de los argumentos es que el MARN  es que está en riesgo la certeza jurídica de las personas que tienen bienes inmuebles en áreas de reserva territorial del Estado, porque no tiene funciones para este control. 

Tanto Camagro como Agexport coincidieron en que el Congreso debe integrar una mesa técnica y escuchar las posturas de los sectores que opinan que "técnicamente está mal planteada y que aprobarla sería muy dañino".