Oficialismo y aliados buscan reactivar la pena de muerte en Guatemala
La iniciativa de ley se presenta doce días después de la convocatoria a elecciones 2023. Aunque había trascendido que la propuesta fue firmada por el presidente Alejandro Giammattei, el documento muestra la firma de diputados oficialistas y aliados.
Diputados oficialistas y aliados presentaron una iniciativa de ley al Congreso de la República con la cual busca reactivar la pena de muerte.
La propuesta llega solo doce días después de la convocatoria a elecciones generales y tres días después de que el presidente Alejandro Giammattei asegurara de que "no le temblaría la mano (aplicarla) si son condenados a muerte".
"Ojalá el Congreso de la República le devolviera lo que la Constitución le dice al Presidente de la República, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte pudiera ser efectiva", dijo Giammattei el viernes 27 de enero.
No sorprende que la propuesta llegue en año electoral. Se ha demostrado que el tema siempre es un imán para los votos. Y en esta ocasión pueda que no caiga en saco roto, pues el candidato del oficialismo, Manuel Conde Orellana, ocupa una curul, desde la que podría intentar ejercer presión para que el tema avance.
¿Es viable?
En 2004 durante la gestión de Alfonso Portillo se derogó el decreto 159 que permitía al mandatario suspender o no la ejecución de un condenado, por lo que desde entonces existe un vacío legal sobre el indulto que impide aplicar la pena de muerte.
A eso se suma una resolución de la Corte de Constitucionalidad de 2017 que dejó exentos de la pena capital los delitos de: parricidio, asesinato, plagio, secuestro y desaparición forzada.
La propuesta del mandatario no es la única. Hace meses la bancada Valor, que se ha apropiado del tema, presentó una iniciativa donde proponen "delimitar la imposición a las condiciones materiales del acto perpetrado y no de las condiciones personales del delincuente, para subsanar la subjetividad en las normas y no contrariar la Convención Americana de Derechos Humanos", así reza el proyecto que presentaron en mayo de 2022.
Oficialismo y aliados buscan reactivar la pena de muerte en Guatemala
La iniciativa de ley se presenta doce días después de la convocatoria a elecciones 2023. Aunque había trascendido que la propuesta fue firmada por el presidente Alejandro Giammattei, el documento muestra la firma de diputados oficialistas y aliados.
Diputados oficialistas y aliados presentaron una iniciativa de ley al Congreso de la República con la cual busca reactivar la pena de muerte.
La propuesta llega solo doce días después de la convocatoria a elecciones generales y tres días después de que el presidente Alejandro Giammattei asegurara de que "no le temblaría la mano (aplicarla) si son condenados a muerte".
"Ojalá el Congreso de la República le devolviera lo que la Constitución le dice al Presidente de la República, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte pudiera ser efectiva", dijo Giammattei el viernes 27 de enero.
No sorprende que la propuesta llegue en año electoral. Se ha demostrado que el tema siempre es un imán para los votos. Y en esta ocasión pueda que no caiga en saco roto, pues el candidato del oficialismo, Manuel Conde Orellana, ocupa una curul, desde la que podría intentar ejercer presión para que el tema avance.
¿Es viable?
En 2004 durante la gestión de Alfonso Portillo se derogó el decreto 159 que permitía al mandatario suspender o no la ejecución de un condenado, por lo que desde entonces existe un vacío legal sobre el indulto que impide aplicar la pena de muerte.
A eso se suma una resolución de la Corte de Constitucionalidad de 2017 que dejó exentos de la pena capital los delitos de: parricidio, asesinato, plagio, secuestro y desaparición forzada.
La propuesta del mandatario no es la única. Hace meses la bancada Valor, que se ha apropiado del tema, presentó una iniciativa donde proponen "delimitar la imposición a las condiciones materiales del acto perpetrado y no de las condiciones personales del delincuente, para subsanar la subjetividad en las normas y no contrariar la Convención Americana de Derechos Humanos", así reza el proyecto que presentaron en mayo de 2022.