La instancia de jefes de bloque del Congreso aprueba incluir en la agenda legislativa del miércoles 5 de octubre la cuestionada iniciativa que busca concentrar las instituciones ambientales.

"Es absolutamente dañina para la institucionalidad del Estado y sus recursos naturales", manifestó el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien presentó una moción para que fuera retirada pero no tuvo apoyo. 

A consideración del legislador, "centralizar las instituciones solo generará mayor burocracia con la creación del 'superministerio' que se prestará a más ineficiencia y corrupción. "Es contraproducente cuando en las afueras del Congreso hay una cantidad de personas protestando por una iniciativa que también se incluyó", manifestó Arzú. 

Las bancadas Semilla, Victoria, Winaq, URNG-Maíz, también se mostraron en contra porque es "darle todo el poder a un ministerio que ha mostrado ineficiencia, e incapacidad, por lo que es un retroceso en materia de descentralización". Además que es "ampliamente cuestionada y desmontan las instituciones técnicas que protegen nuestro ambiente, coincidieron. 

En cambio, la iniciativa tiene el aval del diputado Fidel Reyes, quien intervino previo a que el diputado y primer vicepresidente, Carlos López, confirmara que no había los votos suficientes para detener el proceso de su discusión en el pleno y mantenerla en el sexto punto de la agenda. 

¿Por qué hay rechazo?

 Varios sectores rechazan la iniciativa 6054 porque significa "un retroceso en materia de descentralización y por lo tanto, de hacer menos eficiente al Estado", manifestó Carla Caballeros, directora ejecutiva de Cámara del Agro (Camagro).

También la preocupación es que "centralizará todas las decisiones bajo criterios políticos cuando las instituciones ya manejan criterios técnicos".

En el mismo sentido, Agexport consideró que se violenta la descentralización y la autonomía institucional, pero también promueve la burocracia y elimina los contrapesos políticos.

Además de que el sector ornamental será el más afectado por las guías de transporte, certificados y licencias de exportación e importación. 

Otro de los argumentos es que en el Ministerio de Ambiente está en riesgo la certeza jurídica de las personas que tienen bienes inmuebles en áreas de reserva territorial del Estado, porque no tiene funciones para este control. 

Tanto Camagro como Agexport coinciden en que el Congreso debe integrar una mesa técnica y escuchar las posturas de los sectores que opinan que "técnicamente está mal planteada y que aprobarla sería muy dañino", pero nada ha tenido eco en la aplanadora del Congreso.