De 2007 a mayo del 2014 varios pobladores de
San Juan Sacatepéquez habían denunciado a la Policía Nacional Civil (PNC), a la
Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y al Ministerio Público (MP), más de 50
agresiones y cinco asesinatos por participar en apoyo a proyectos de desarrollo
en el municipio.
Dentro de las denuncias aparecen las que Marcelo
Pajoc Matz, una de las 11 personas que perdieron la vida en la masacre del 20
de septiembre, presentó después de cuatro años de hostigamientos por
parte de la oposición a proyectos de una cementera y una carretera en el lugar.
Fue hasta el 21 de septiembre pasado que las autoridades realizaron una medida concreta. Se anunció el
Estado de Prevención decretado por 15 días en todo el municipio de San Juan
Sacatépequez, la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil
(PNC) y de elementos del Ejército mantienen el control. Sin embago, ésta medida se realizó luego que en la aldea Los Pajoques fueran masacradas 11 personas, y en el lugar persiste
la tensión entre vecinos.
La medida se prolongó por 15 días para controlar a un grupo de encapuchados que amedrenta a los comunitarios, además por el hallazgo de
túneles debajo de los caseríos, de los que necesita investigar el uso que se
les daba. La teoría del Ministerio de Gobernación es que esos túneles se
utilizaban desde tiempos de la guerrilla para almacenar armas y podrían ser usadas en la actualidad con el mismo fin. Sin embargo, declaraciones de las
personas del municipio, justifican que los túneles son como una “tecnología
ancestral” para almacenar agua de lluvia.
Las secuelas de la masacre persisten en San Juan Sacatepéquez. 35 familias fueron desplazadas del lugar y abandonaron sus viviendas, pertenencias y cultivos, para resguardar sus vidas. Hasta hoy hay 53 niños, 34 mujeres y 37 hombres que siguen resguardados en albergues privados. En total 124 personas siguen lejos de sus casas por miedo a perder sus vidas en manos de los encapuchados.
Por aparte, las pesquisas para procesar a los responsables de
los hechos violentos en San Juan Sacatepéquez siguen un paso lento. Según una fuente
oficial, las órdenes de captura son 18 pero hasta el momento sólo han sido
efectivas cinco. Las
personas detenidas fueron identificadas como los hermanos Rafael Santos, Jesús
y Tomás Pajoc Xolic, así como José Dolores Pajoc Pirir y Celestino Turuy
Pajoc, quienes están libres bajo fianza.
Según fuentes policíacas, no han recibido órdenes de realizar más operativos fuertes para proceder con las 13 capturas
pendientes. Aunque indican que los patrullajes siguen haciéndose.
Anillo Regional beneficiará a 750 mil personas
San Juan Sacatepéquez es el Anillo Regional. El Gobierno lo empezó a construir, y según lo proyectado, es una carretera que recorrerá ocho departamentos, 52 municipios y 419.5 kilómetros.
La cementera donará un tramo de 14 kilómetros. Setenta kilómetros del Anillo
Regional son parte de una carretera nueva que conectará a Santo Domingo Xenacoj
con San Juan Sacatepéquez, San Raymundo, Chuarrancho y llegará hasta Sanarate, El Progreso.
Este proyecto beneficiará a más de 750 mil
habitantes quienes no cuentan con una vía de comunicación entre dichos municipios.
Sin embargo, por la oposición de un pequeño grupo que, según autoridades esta
manipulado, el proyecto está estancado.
Cronología de hechos previos a la masacredel 20 de septiembre
El 13 de junio de 2014 el diputado de Winaq, Amílcar Pop, le
solicitó al Ministro de Comunicaciones toda la información relacionada con el
Anillo Regional, en donde formalmente pide información sobre las personas que
habían vendido terrenos para el derecho de vía de la carretera y las que están
pendientes. Pese a la misiva como miembro de la Comisión de Probidad del
Congreso, en declaraciones el parlamentario negó haber solicitado dicha información.
El 16 de junio el Comité de Unidad Campesina (CUC) organizó una manifestación contra
la brigada militar del Anillo Regional. El Gobierno accedió a crear una mesa de
información para discutir los temas.
El 24 de junio, en la primera reunión de la mesa, el
Gobierno informó a los pobladores de San Juan Sacatepéquez sobre el Anillo
Regional pero los manifestantes se concentraron en pedir la lista de los
terrenos y el nombre de los propietarios del derecho de vía. El Gobierno no la
entregó por la conflictividad que se había registrado contra los propietarios
de dichos terrenos.
El 10 de agosto un grupo de encapuchados, que han agredido
a los trabajadores de la cementera con anterioridad, incendiaron varios carros
y maquinarias del proyecto, secuestraron y torturaron a tres colaboradores que
construyen la carretera. A pesar que fueron liberados los tres trabajadores
sufrieron varias heridas y vejámenes.
El 29 de agosto el diputado Pop le volvió a exigir al
Ministerio de Comunicaciones información sobre las personas que han vendido sus
terrenos al proyecto vial. El Gobierno se volvió a negar a proveer esa
información.
El viernes 19 de septiembre por la tarde las delegaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y
del Sistema Nacional de Diálogo recibieron múltiples denuncias de pobladores sobre un grupo de encapuchados que con lista en mano sacaba a las familias
de sus casas bajo amenazas de muerte, obligándolas a firmar documentos que supuestamente tenían toda la información relacionada con la propiedad de los
terrenos vendidos al Anillo Regional. Estos documentos fueron elaborados por
una abogada local reconocida por su oposición al proyecto.
Tales actos violentos fueron en aumento durante la
noche del 19 de septiembre, por lo que la PDH a solicitud de las víctimas presentó un recurso de exhibición personal. El juez de turno se presentó en el
área el viernes por la tarde y obligado por los miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) y los alcaldes
auxiliares de Los Pajoques, firmó un acta que decía que no hubo ningún acto
violento.
El 20 de septiembre fue una mañana pintada de violencia y
tragedia. La familia Pajoc Matz fue masacrada durante horas de la madrugada.
Los hechos violentos por parte de los encapuchados se prolongaron durante la
noche y Marcelo Pajoc Matz fue asesinado a sangre fría junto con cinco miembros
de su familia, incluido su padre de 90 años y su sobrino de 19. Marcelo era uno de los que integraba la
lista de personas que vendió su terreno al proyecto Anillo Regional.
El 21 de septiembre personas que integraban la lista
que realizó la abogada local también fueron agredidas, pero lograron escapar
por las montañas y son las que se encuentran albergadas fuera de la comunidad.
Una de ellas es la esposa de Marcelo Pajoc que escapó con sus 7 hijos, mientras que
otras mujeres indígenas fueron torturadas sin ropa y les cortaron su cabello en
señal de denigración. Los desaplazados siguen a la espera que las autoridades actúen, realicen las capturas de los agresores y haya seguridad para regresar a sus viviendas.
De 2007 a mayo del 2014 varios pobladores de
San Juan Sacatepéquez habían denunciado a la Policía Nacional Civil (PNC), a la
Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y al Ministerio Público (MP), más de 50
agresiones y cinco asesinatos por participar en apoyo a proyectos de desarrollo
en el municipio.
Dentro de las denuncias aparecen las que Marcelo
Pajoc Matz, una de las 11 personas que perdieron la vida en la masacre del 20
de septiembre, presentó después de cuatro años de hostigamientos por
parte de la oposición a proyectos de una cementera y una carretera en el lugar.
Fue hasta el 21 de septiembre pasado que las autoridades realizaron una medida concreta. Se anunció el
Estado de Prevención decretado por 15 días en todo el municipio de San Juan
Sacatépequez, la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil
(PNC) y de elementos del Ejército mantienen el control. Sin embago, ésta medida se realizó luego que en la aldea Los Pajoques fueran masacradas 11 personas, y en el lugar persiste
la tensión entre vecinos.
La medida se prolongó por 15 días para controlar a un grupo de encapuchados que amedrenta a los comunitarios, además por el hallazgo de
túneles debajo de los caseríos, de los que necesita investigar el uso que se
les daba. La teoría del Ministerio de Gobernación es que esos túneles se
utilizaban desde tiempos de la guerrilla para almacenar armas y podrían ser usadas en la actualidad con el mismo fin. Sin embargo, declaraciones de las
personas del municipio, justifican que los túneles son como una “tecnología
ancestral” para almacenar agua de lluvia.
Las secuelas de la masacre persisten en San Juan Sacatepéquez. 35 familias fueron desplazadas del lugar y abandonaron sus viviendas, pertenencias y cultivos, para resguardar sus vidas. Hasta hoy hay 53 niños, 34 mujeres y 37 hombres que siguen resguardados en albergues privados. En total 124 personas siguen lejos de sus casas por miedo a perder sus vidas en manos de los encapuchados.
Por aparte, las pesquisas para procesar a los responsables de
los hechos violentos en San Juan Sacatepéquez siguen un paso lento. Según una fuente
oficial, las órdenes de captura son 18 pero hasta el momento sólo han sido
efectivas cinco. Las
personas detenidas fueron identificadas como los hermanos Rafael Santos, Jesús
y Tomás Pajoc Xolic, así como José Dolores Pajoc Pirir y Celestino Turuy
Pajoc, quienes están libres bajo fianza.
Según fuentes policíacas, no han recibido órdenes de realizar más operativos fuertes para proceder con las 13 capturas
pendientes. Aunque indican que los patrullajes siguen haciéndose.
Anillo Regional beneficiará a 750 mil personas
San Juan Sacatepéquez es el Anillo Regional. El Gobierno lo empezó a construir, y según lo proyectado, es una carretera que recorrerá ocho departamentos, 52 municipios y 419.5 kilómetros.
La cementera donará un tramo de 14 kilómetros. Setenta kilómetros del Anillo
Regional son parte de una carretera nueva que conectará a Santo Domingo Xenacoj
con San Juan Sacatepéquez, San Raymundo, Chuarrancho y llegará hasta Sanarate, El Progreso.
Este proyecto beneficiará a más de 750 mil
habitantes quienes no cuentan con una vía de comunicación entre dichos municipios.
Sin embargo, por la oposición de un pequeño grupo que, según autoridades esta
manipulado, el proyecto está estancado.
Cronología de hechos previos a la masacredel 20 de septiembre
El 13 de junio de 2014 el diputado de Winaq, Amílcar Pop, le
solicitó al Ministro de Comunicaciones toda la información relacionada con el
Anillo Regional, en donde formalmente pide información sobre las personas que
habían vendido terrenos para el derecho de vía de la carretera y las que están
pendientes. Pese a la misiva como miembro de la Comisión de Probidad del
Congreso, en declaraciones el parlamentario negó haber solicitado dicha información.
El 16 de junio el Comité de Unidad Campesina (CUC) organizó una manifestación contra
la brigada militar del Anillo Regional. El Gobierno accedió a crear una mesa de
información para discutir los temas.
El 24 de junio, en la primera reunión de la mesa, el
Gobierno informó a los pobladores de San Juan Sacatepéquez sobre el Anillo
Regional pero los manifestantes se concentraron en pedir la lista de los
terrenos y el nombre de los propietarios del derecho de vía. El Gobierno no la
entregó por la conflictividad que se había registrado contra los propietarios
de dichos terrenos.
El 10 de agosto un grupo de encapuchados, que han agredido
a los trabajadores de la cementera con anterioridad, incendiaron varios carros
y maquinarias del proyecto, secuestraron y torturaron a tres colaboradores que
construyen la carretera. A pesar que fueron liberados los tres trabajadores
sufrieron varias heridas y vejámenes.
El 29 de agosto el diputado Pop le volvió a exigir al
Ministerio de Comunicaciones información sobre las personas que han vendido sus
terrenos al proyecto vial. El Gobierno se volvió a negar a proveer esa
información.
El viernes 19 de septiembre por la tarde las delegaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y
del Sistema Nacional de Diálogo recibieron múltiples denuncias de pobladores sobre un grupo de encapuchados que con lista en mano sacaba a las familias
de sus casas bajo amenazas de muerte, obligándolas a firmar documentos que supuestamente tenían toda la información relacionada con la propiedad de los
terrenos vendidos al Anillo Regional. Estos documentos fueron elaborados por
una abogada local reconocida por su oposición al proyecto.
Tales actos violentos fueron en aumento durante la
noche del 19 de septiembre, por lo que la PDH a solicitud de las víctimas presentó un recurso de exhibición personal. El juez de turno se presentó en el
área el viernes por la tarde y obligado por los miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) y los alcaldes
auxiliares de Los Pajoques, firmó un acta que decía que no hubo ningún acto
violento.
El 20 de septiembre fue una mañana pintada de violencia y
tragedia. La familia Pajoc Matz fue masacrada durante horas de la madrugada.
Los hechos violentos por parte de los encapuchados se prolongaron durante la
noche y Marcelo Pajoc Matz fue asesinado a sangre fría junto con cinco miembros
de su familia, incluido su padre de 90 años y su sobrino de 19. Marcelo era uno de los que integraba la
lista de personas que vendió su terreno al proyecto Anillo Regional.
El 21 de septiembre personas que integraban la lista
que realizó la abogada local también fueron agredidas, pero lograron escapar
por las montañas y son las que se encuentran albergadas fuera de la comunidad.
Una de ellas es la esposa de Marcelo Pajoc que escapó con sus 7 hijos, mientras que
otras mujeres indígenas fueron torturadas sin ropa y les cortaron su cabello en
señal de denigración. Los desaplazados siguen a la espera que las autoridades actúen, realicen las capturas de los agresores y haya seguridad para regresar a sus viviendas.