El último día de sesión de la Postuladora se conocieron los señalamiento contra seis postulantes que más tachas tenían. La profesional que más tachas debe desvanecer es la actual Fiscal Claudia Paz, con 11; le sigue la viceministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, con 3, y con igual número el fiscal contra el Crimen Organizado, Rony López. Con dos cada uno, la Registradora de la Propiedad, Anabella de León, y el embajador de Guatemala ante el Reino Unido, Acisclo Valladares. 

Thelma Aldana, quien acumulaba cuatro tachas, le fueron excluidas todas.

La Comisión Postuladora se tardó mayor tiempo en conocer las 32 tachas presentadas contra la actual Fiscal Claudia Paz y Paz. En todo momento fue evidente la división de criterios por casos que conoce el MP y sobre si la responsabilidad de todos los casos recaen en la Fiscal. Las 11 tachas que Paz y Paz tendrá que dilucidar tienen relación con las siguientes temáticas: incumplimiento de sentencia de la CIDH en el caso del asesinato de Jorge Carpio Nicolle, así como poco avance en el caso; casos laborales de empleados del MP; amparo interpuesto por el atentando contra la exfiscal de Huehuetenango Gilda Aguilar; el caso de un estudiante expulsado del Colegio Alemán; el caso del Dr. Stokes, quien argumenta que el MP no presentó pruebas, lo que permitió la libertad de quienes atentaron contra su vida; por supuestos arreglos en casos antes de ser conocidos por Juez competente (se presentó como prueba una grabación de la jueza Silvia de León); así como casos de abuso de poder, investigación deficiente y retardo en procesos. 

Eunice Mendizábal, actual viceministra de Gobernación, tenía cuatro señalamientos y la Comisión le corrió audiencia en tres (todas presentadas por particulares). Una es por amenazas y coacciones y allanamiento ilegal; se sindica directamente a Mendizábal, quien supuestamente manejaba el vehículo que llegó al lugar cuando era fiscal a cargo. Otra denuncia es por plagio y secuestro de un menor y falsedad material, donde se incorporaron testigos falsos y hubo una condena injusta. La otra tacha tiene relación con la anterior y se acusa de abuso de autoridad. 

El actual fiscal contra el Crimen Organizado, Ronny López, tendrá que desvanecer tres tachas. Dos fueron presentadas por la Fundación Sobrevivientes por ‘múltiple negligencia’ como fiscal en el caso de Cristina Siekavizza, que permitió la fuga de Roberto Barreda, principal sospechoso. Asimismo, por el caso de violadores en serie, donde según la fundación fue negligente. La otra fue presentada por CALAS, por el caso de Xelapán y los hechos de Matatesquintla, Jalapa, por el secuestro y detención ilegal de una persona en los hechos y supuestamente ocultar pruebas favorables a los detenidos. 

En el caso de Anabella de León, la Comisión rechazó 3 de 5 tachas presentadas contra la Registradora de la Propiedad.
Una es la denuncia presentada por abogados mayas, por discriminación, al argumentar que se niega a inscribir supuestos derechos ancestrales; la otra es por abuso de autoridad. 

Se conocieron 4 señalamientos contra Acisclo Valladares Molina y fueron aceptados dos. Sin embargo, uno de los que fue rechazado se refiere a su actual función como embajador de Guatemala ante el Reino Unido, aunque se encuentra en Guatemala. Sobre el caso, se determinó que debe presentar informe migratorio y del Ministerio de Relaciones Exteriores para que explique su situación laboral. De las tachas que debe desvanecer, una es por supuesta falta de independencia
durante su función como Fiscal y Procurador General de la Nación, en casos como el asesinato de un investigador de la Policía Nacional, de Myrna Mack, caso Bámaca, el caso de la Panel Blanca ante la CIDH y la supuesta falta de control al presentar pruebas. La segunda tacha es la interpuesta por el Movimiento Cívico Nacional, que informa que presentó querella contra Valladares por faccionamiento ilegal de Asamblea especial totalitaria de grupo Forte S.A. 

La Comisión Postuladora, en la primera revisión de tachas, examinó 15 expedientes, de los cuales 11 aspirantes se les corrió audiencia para presentar las pruebas de descargo. La mayoría de sindicaciones son por su negligencia en procesos judiciales, como los casos de Luis Arturo Archila como fiscal distrital del MP, al retardar el proceso en el caso de una menor; Amilcar Colindres, como juez de primera instancia, por favorecer a un sindicado de una violación de una menor; Francisco Quiñonez, por deficiencia en varias investigaciones, entre ellas el caso de Cristina Siekavizza; Consuelo Porras Argueta, como juez de la niñez, quien habría favorecido adopciones pese a denuncias en los procesos. 

También hay sindicaciones por violación a derechos humanos. Recibieron esta tacha, Leopoldo Lui, sancionado por la PDH, y Oscar Contreras, señalado por el sindicato de Migración por violaciones laborales. 

Otros aspirantes señalados en su calidad de abogados litigantes son Moisés Galindo por su defensa de militares, donde se le señala de retardo de procesos abusando del recurso de amparo; William Méndez por favorecer a sectores del trasporte urbano (es abogado de una Asociación del sector). 

En el Caso de José Luis Donado, lo acusan de haber presentado la copia del Plan Estratégico de Seguridad como su plan de trabajo; y Baudilio Portillo Merlos, por aprobar un proceso de adopción de una niña, pese a que se realizó advertencia de que la niña había sido robada. 

Los cinco postulantes que no recibieron tachas son: 

Edgar Enrique Lemus Orellana 

Quedó electo en la nomina de los seis en la anterior elección del MP en el 2009. 

Cecilia Ilusión Barrios Ortega 

Fiscal de Extinción de Dominio 

Ingrid Soto Carcuz 

Fue Presidenta del Tribunal de Sentencia de Villa Nueva 

Silvia García Guzmán 

Fiscal de la Fiscalía Distrital Meropolitana 

Aura Marina López Cifuentes 

Dirige la Fiscalía Contra la Corrupción