Este martes, la empresa de energía renovable Hidrosalá, instalada en el municipio de San Pablo en el departamento de San Marcos, denunció ante los medios de comunicación que el 22 de enero pasado una turba de aproximadamente 600 personas encapuchadas llegaron a la finca Argentina a quemar maquinaria y varias casas de vecinos que apoyan a la empresa.
El Gerente de Relaciones Comunitarias de Hidrosalá dijo que uno de los responsables, Fausto Sánchez, ya está detenido, pero que José Raúl Madonado y Rafael Gramajo son dos de los líderes comunitarios violentos que aún están prófugos. De acuerdo con Herrera, Maldonado fue líder comunitario de parte del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), así mismo, agregó que existen 14 denuncias de los actos ilegales por parte de vecinos y del proyecto; sin embargo, las autoridades no han actuado, puntualizó.
Hace cuatro años la empresa Hidrosalá se estableció en San Pablo, San Marcos, y empezó a realizar trabajos de sensibilización, información e inversión en proyectos sociales de beneficio a las comunidades. Esto con el fin de buscar la aprobación dialogando pacíficamente para informar sobre el proyecto y evitar conflictividad, lo anterior como paso previo a la construcción de la hidroeléctrica, que tendrá capacidad de producir 15 megavatios en el río Salá , indicaron los ejecutivos.
El 21 de enero ingresó la maquinaria destinada para la construcción de una escuela y la mejora de carreteras como parte del programa de responsabilidad social empresarial de la hidroeléctrica. En el momento de la entrada de la maquinaria una minoría comunitaria de pobladores manifestaron de forma violenta, bloqueando vías de acceso a la finca Argentina y destruyeron un puente público que comunicaba la parte norte de las comunidades de San Pablo. Hasta hoy ese puente sigue destruido y las comunidades siguen incomunicadas.
El 22 de enero a las 11 de la mañana ingresaron aproximadamente 600 personas encapuchadas con armas de fuego de grueso calibre (AK47), provenientes de la comunidad de Santa Lucía Talux, Tajumulco, y tomaron como rehenes a líderes que apoyaban el proyecto hidroeléctrico y los vapulearon. Incluso hubo varios heridos con arma de fuego y arma blanca. Uno de los comunitarios fue herido en el abdomen y fue trasladado al Hospital Nacional de Malacatán y se encuentra en estado crítico.
De la misma manera, amarraron a uno de los líderes comunitarios y lo rociaron con gasolina y amenazaron con quemarlo vivo. El rehén logró escapar y los encapuchados quemaron toda la maquinaria, la casa patronal de la finca y varias casas de trabajadores de Hidrosalá. Hasta la fecha algunos líderes comunitarios a favor del proyecto siguen desaparecidos y varias personas dispersas en las montañas en busca de resguardo.
Según Herrera, estas prácticas inhumanas no son nuevas, ya que desde el 2010 que empezó este proyecto se castiga a los líderes comunitarios que lo apoyan. Los colocan en carceletas clandestinas, los hacen trabajar forzosamente, los privan de servicios básicos, los amenazan con linchamientos y hasta les niegan el derecho a educación pública a los niños. “Esta es una señal de ingobernabilidad parecida al lamentable evento de Los Pajoques en San Juan Sacatepéquez”, dice Herrera.
Este martes, la empresa de energía renovable Hidrosalá, instalada en el municipio de San Pablo en el departamento de San Marcos, denunció ante los medios de comunicación que el 22 de enero pasado una turba de aproximadamente 600 personas encapuchadas llegaron a la finca Argentina a quemar maquinaria y varias casas de vecinos que apoyan a la empresa.
El Gerente de Relaciones Comunitarias de Hidrosalá dijo que uno de los responsables, Fausto Sánchez, ya está detenido, pero que José Raúl Madonado y Rafael Gramajo son dos de los líderes comunitarios violentos que aún están prófugos. De acuerdo con Herrera, Maldonado fue líder comunitario de parte del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), así mismo, agregó que existen 14 denuncias de los actos ilegales por parte de vecinos y del proyecto; sin embargo, las autoridades no han actuado, puntualizó.
Hace cuatro años la empresa Hidrosalá se estableció en San Pablo, San Marcos, y empezó a realizar trabajos de sensibilización, información e inversión en proyectos sociales de beneficio a las comunidades. Esto con el fin de buscar la aprobación dialogando pacíficamente para informar sobre el proyecto y evitar conflictividad, lo anterior como paso previo a la construcción de la hidroeléctrica, que tendrá capacidad de producir 15 megavatios en el río Salá , indicaron los ejecutivos.
El 21 de enero ingresó la maquinaria destinada para la construcción de una escuela y la mejora de carreteras como parte del programa de responsabilidad social empresarial de la hidroeléctrica. En el momento de la entrada de la maquinaria una minoría comunitaria de pobladores manifestaron de forma violenta, bloqueando vías de acceso a la finca Argentina y destruyeron un puente público que comunicaba la parte norte de las comunidades de San Pablo. Hasta hoy ese puente sigue destruido y las comunidades siguen incomunicadas.
El 22 de enero a las 11 de la mañana ingresaron aproximadamente 600 personas encapuchadas con armas de fuego de grueso calibre (AK47), provenientes de la comunidad de Santa Lucía Talux, Tajumulco, y tomaron como rehenes a líderes que apoyaban el proyecto hidroeléctrico y los vapulearon. Incluso hubo varios heridos con arma de fuego y arma blanca. Uno de los comunitarios fue herido en el abdomen y fue trasladado al Hospital Nacional de Malacatán y se encuentra en estado crítico.
De la misma manera, amarraron a uno de los líderes comunitarios y lo rociaron con gasolina y amenazaron con quemarlo vivo. El rehén logró escapar y los encapuchados quemaron toda la maquinaria, la casa patronal de la finca y varias casas de trabajadores de Hidrosalá. Hasta la fecha algunos líderes comunitarios a favor del proyecto siguen desaparecidos y varias personas dispersas en las montañas en busca de resguardo.
Según Herrera, estas prácticas inhumanas no son nuevas, ya que desde el 2010 que empezó este proyecto se castiga a los líderes comunitarios que lo apoyan. Los colocan en carceletas clandestinas, los hacen trabajar forzosamente, los privan de servicios básicos, los amenazan con linchamientos y hasta les niegan el derecho a educación pública a los niños. “Esta es una señal de ingobernabilidad parecida al lamentable evento de Los Pajoques en San Juan Sacatepéquez”, dice Herrera.