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Ineptitud del Estado, no cesa extorsiones desde las cárceles

Redacción República
29 de enero, 2015

Cabe recordar que es responsabilidad del Estado velar por la seguridad de la ciudadanía, pero el Sistema Penitenciario (SP) como institución tiene varias carencias y no logra que las cárceles sean lugares seguros “y donde no se puedan cometer delitos”, dice Corrine Dedik, especialista en el SP. Pero se ve una necesidad de contrarrestar las llamadas salientes de los centros carcelarios por lo que se legisló la Ley de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad, que ahora obliga a las empresas telefónicas a responsabilizarse de bloquear la señal de las prisiones.

Sin embargo, no es solo el bloqueo, “deben de revisar bien que no entre ni un solo aparato a los centros preventivos, ya que está prohibido por la ley, pero el SP es corrupto y además tiene carencias”, comenta Dedik. El bloqueo por parte de las empresas telefónicas fue la última esperanza para evitar señal, “pero no podemos tener expectativas tan altas”, agregó la analista, “porque que logren el bloqueo de señal en los centros no significa que se acabarán las extorsiones”, puntualiza.

Según la información, en los 26 días de este año van 169 denuncias por llamadas de extorsión provenientes de las cárceles. Y el tema sigue siendo que no bloquean la señal telefónica, cuando la realidad es que en los centros penitenciarios los presos no deben tener un aparato de comunicación, según lo establece la Ley de Régimen Penitenciario.

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Las mismas estadísticas gubernamentales lo confirman. Según la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones del Ministerio de Gobernación, en el 2014 se incautaron 2 mil 370 teléfonos de las prisiones y fueron capturadas 415 personas por intentar ingresar objetos no permitidos en los centros de detención.

Corrine Dedik reitera que, según la Ley, “no debería de haber ningún celular en los centros preventivos del país, ya sea que utilicen para realizar o no extorsiones”. Aunque la analista reitera que “no se resolverá mágicamente el problema de las extorsiones con el bloqueo”.

Según el director del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones, Ricardo Sagastume, establecieron un mes para hacer pruebas y correcciones a los aparatos, y dice que ahora están en espera de las observaciones que haga la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). A decir de Sagastume, esperarán la notificación de la SIT para proceder como se les indique. “Les aseguramos que propusieron soluciones técnicas efectivas, pero sí necesitamos ciertas garantías del SP, como que nos proporcionen energía eléctrica y que le den protección a la infraestructura que se diseño e instaló”, puntualiza.

El declaraciones, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y la fiscal general, Thelma Aldana, coincidieron en que un estudio del Sistema Penitenciario (SP), que empezó el 25 de diciembre del 2014 y duró hasta el 15 de enero de este año, pudo evidenciar que aún existe señal de celular en las 22 cárceles del país. El vocero del SP, Rudy Esquivel, indicó que será  la SIT la que conocerá el proceso y sancionarán a empresas de telefonía que incumplan. Cabe recordar que según lo estipulado, deberían haber empezado a multar el 26 de enero de no cumplir con la Ley.

Por su parte, Anthony Giovanni Pivaral, director del SP, ha dado declaraciones sobre las requisas semanales que se realizarán continuamente para incautar teléfonos celulares. El vocero del SP, Rudy Esquivel, dio a conocer que “existe una tendencia de aumento en la retención de aparatos, ya que en el 2012 se decomisaron 68 teléfonos celulares, en el 2013 hubo 183 decomisos y en el 2014 se consignaron 415 celulares”. Según Esquivel, el intento de ingresar un aparato a las cárceles, tanto de parte de los reos como de cualquier particular, tiene implicaciones penales, por lo que se detuvieron a 415 personas en el 2014.


El 80% de extorsiones provienen de las cárceles

El delito de extorsión está normado en el artículo 261 del Código Penal, la pena por este delito es de 6 a 12 años de prisión inconmutables.  Además del impacto psicológico, la extorsión tienen un alto impacto económico que se sufre a nivel individual, familiar, pero a nivel de país genera un clima de inseguridad que obstaculiza nuevas inversiones y negocios. Según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), solamente entre 2009 y 2011 hubo 12 mil denuncias de extorsión recibidas y el 80% de ellas son provenientes de las cárceles.

La investigación fue presentada en noviembre del 2014, y revela que es imposible saber realmente el dato de incidencia de las extorsiones en el país, ya que la información no está sistematizada, es decir, varía dependiendo de la institución PNC o MP, en relación con denuncias. El informe también recuerda que en Guatemala la confianza a las autoridades es prácticamente nula, por lo que existe una enorme cantidad de cifra negra (los que no denuncian). Según el CIEN, el delito de las extorsiones es la mayor preocupación de los guatemaltecos después de los homicidios.

Sanciones

Expertos indican la alta expectativa formada con la entrada en vigencia de La Ley  de Control de Telecomunicaciones Móviles en diciembre pasado, ya que no se ha logrado detener las extorsiones desde las cárceles. Incluso la millonaria inversión sin resultados positivos. En el 2007 el Ministerio de Gobernación, a través del Sistema Penitenciario, invirtió Q21 millones en la compra de 11 aparatos para el mismo número de centros carcelarios, para bloqueo de señal; sin embargo, nunca funcionaron.

Ahora con la nueva Ley, se determina que las autoridades del SP deben evaluar cada 15 días si los operadores de red telefónica han bloqueado la señal en las cárceles. En caso el bloqueo no sea real en los centros carcelarios, la SIT debe imponer multas de entre Q300 mil y Q500 mil por cada mes de retraso en el bloqueo positivo de cada cárcel. Según declaraciones que ha dado el presidente de la Gremial de Telecomunicaciones de Guatemala, Acisclo Valladares, el 24 de enero ya no debería de haber habido señal telefónica en las cárceles ni salir llamadas de las mismas. Sin embargo, Valladares explicó que una de las debilidades de los sistemas de bloqueo es la falta de energía eléctrica y aseguró que estaban usando sus propios generadores.

El bloqueo perjudica, pero a los vecinos

De tal manera que mientras las cárceles siguen extorsionando por llamadas telefónicas, parece ser que los más afectados con el “supuesto” bloqueo de celulares son los vecinos. Según la información de un medio escrito, los vecinos de Fraijanes residentes de las colonias colindantes a los centros carcelarios se han quejado y denuncian fallas en las redes de telefonía y en los módems de internet. Dicen que han llegado al extremo de identificar lugares que tengan señal para poder realizar llamadas o enviar mensajes. Este problema también ha afectado negocios, porque un comerciante del área comentó que está prácticamente incomunicado mientras trabaja, además que los vecinos ya no compran recargas electrónicas, por lo que el inconveniente le ha generado incluso pérdidas económicas.

Según la información, los vecinos coinciden que la irregularidad en las redes surgió el pasado 26 de diciembre, un día después que entrara en vigencia la Ley de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y el problema se intensificó desde el 22 de enero, luego de la entrega del informe emitido por el SP a la SIT.

Ineptitud del Estado, no cesa extorsiones desde las cárceles

Redacción República
29 de enero, 2015

Cabe recordar que es responsabilidad del Estado velar por la seguridad de la ciudadanía, pero el Sistema Penitenciario (SP) como institución tiene varias carencias y no logra que las cárceles sean lugares seguros “y donde no se puedan cometer delitos”, dice Corrine Dedik, especialista en el SP. Pero se ve una necesidad de contrarrestar las llamadas salientes de los centros carcelarios por lo que se legisló la Ley de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad, que ahora obliga a las empresas telefónicas a responsabilizarse de bloquear la señal de las prisiones.

Sin embargo, no es solo el bloqueo, “deben de revisar bien que no entre ni un solo aparato a los centros preventivos, ya que está prohibido por la ley, pero el SP es corrupto y además tiene carencias”, comenta Dedik. El bloqueo por parte de las empresas telefónicas fue la última esperanza para evitar señal, “pero no podemos tener expectativas tan altas”, agregó la analista, “porque que logren el bloqueo de señal en los centros no significa que se acabarán las extorsiones”, puntualiza.

Según la información, en los 26 días de este año van 169 denuncias por llamadas de extorsión provenientes de las cárceles. Y el tema sigue siendo que no bloquean la señal telefónica, cuando la realidad es que en los centros penitenciarios los presos no deben tener un aparato de comunicación, según lo establece la Ley de Régimen Penitenciario.

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Las mismas estadísticas gubernamentales lo confirman. Según la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones del Ministerio de Gobernación, en el 2014 se incautaron 2 mil 370 teléfonos de las prisiones y fueron capturadas 415 personas por intentar ingresar objetos no permitidos en los centros de detención.

Corrine Dedik reitera que, según la Ley, “no debería de haber ningún celular en los centros preventivos del país, ya sea que utilicen para realizar o no extorsiones”. Aunque la analista reitera que “no se resolverá mágicamente el problema de las extorsiones con el bloqueo”.

Según el director del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones, Ricardo Sagastume, establecieron un mes para hacer pruebas y correcciones a los aparatos, y dice que ahora están en espera de las observaciones que haga la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). A decir de Sagastume, esperarán la notificación de la SIT para proceder como se les indique. “Les aseguramos que propusieron soluciones técnicas efectivas, pero sí necesitamos ciertas garantías del SP, como que nos proporcionen energía eléctrica y que le den protección a la infraestructura que se diseño e instaló”, puntualiza.

El declaraciones, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y la fiscal general, Thelma Aldana, coincidieron en que un estudio del Sistema Penitenciario (SP), que empezó el 25 de diciembre del 2014 y duró hasta el 15 de enero de este año, pudo evidenciar que aún existe señal de celular en las 22 cárceles del país. El vocero del SP, Rudy Esquivel, indicó que será  la SIT la que conocerá el proceso y sancionarán a empresas de telefonía que incumplan. Cabe recordar que según lo estipulado, deberían haber empezado a multar el 26 de enero de no cumplir con la Ley.

Por su parte, Anthony Giovanni Pivaral, director del SP, ha dado declaraciones sobre las requisas semanales que se realizarán continuamente para incautar teléfonos celulares. El vocero del SP, Rudy Esquivel, dio a conocer que “existe una tendencia de aumento en la retención de aparatos, ya que en el 2012 se decomisaron 68 teléfonos celulares, en el 2013 hubo 183 decomisos y en el 2014 se consignaron 415 celulares”. Según Esquivel, el intento de ingresar un aparato a las cárceles, tanto de parte de los reos como de cualquier particular, tiene implicaciones penales, por lo que se detuvieron a 415 personas en el 2014.


El 80% de extorsiones provienen de las cárceles

El delito de extorsión está normado en el artículo 261 del Código Penal, la pena por este delito es de 6 a 12 años de prisión inconmutables.  Además del impacto psicológico, la extorsión tienen un alto impacto económico que se sufre a nivel individual, familiar, pero a nivel de país genera un clima de inseguridad que obstaculiza nuevas inversiones y negocios. Según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), solamente entre 2009 y 2011 hubo 12 mil denuncias de extorsión recibidas y el 80% de ellas son provenientes de las cárceles.

La investigación fue presentada en noviembre del 2014, y revela que es imposible saber realmente el dato de incidencia de las extorsiones en el país, ya que la información no está sistematizada, es decir, varía dependiendo de la institución PNC o MP, en relación con denuncias. El informe también recuerda que en Guatemala la confianza a las autoridades es prácticamente nula, por lo que existe una enorme cantidad de cifra negra (los que no denuncian). Según el CIEN, el delito de las extorsiones es la mayor preocupación de los guatemaltecos después de los homicidios.

Sanciones

Expertos indican la alta expectativa formada con la entrada en vigencia de La Ley  de Control de Telecomunicaciones Móviles en diciembre pasado, ya que no se ha logrado detener las extorsiones desde las cárceles. Incluso la millonaria inversión sin resultados positivos. En el 2007 el Ministerio de Gobernación, a través del Sistema Penitenciario, invirtió Q21 millones en la compra de 11 aparatos para el mismo número de centros carcelarios, para bloqueo de señal; sin embargo, nunca funcionaron.

Ahora con la nueva Ley, se determina que las autoridades del SP deben evaluar cada 15 días si los operadores de red telefónica han bloqueado la señal en las cárceles. En caso el bloqueo no sea real en los centros carcelarios, la SIT debe imponer multas de entre Q300 mil y Q500 mil por cada mes de retraso en el bloqueo positivo de cada cárcel. Según declaraciones que ha dado el presidente de la Gremial de Telecomunicaciones de Guatemala, Acisclo Valladares, el 24 de enero ya no debería de haber habido señal telefónica en las cárceles ni salir llamadas de las mismas. Sin embargo, Valladares explicó que una de las debilidades de los sistemas de bloqueo es la falta de energía eléctrica y aseguró que estaban usando sus propios generadores.

El bloqueo perjudica, pero a los vecinos

De tal manera que mientras las cárceles siguen extorsionando por llamadas telefónicas, parece ser que los más afectados con el “supuesto” bloqueo de celulares son los vecinos. Según la información de un medio escrito, los vecinos de Fraijanes residentes de las colonias colindantes a los centros carcelarios se han quejado y denuncian fallas en las redes de telefonía y en los módems de internet. Dicen que han llegado al extremo de identificar lugares que tengan señal para poder realizar llamadas o enviar mensajes. Este problema también ha afectado negocios, porque un comerciante del área comentó que está prácticamente incomunicado mientras trabaja, además que los vecinos ya no compran recargas electrónicas, por lo que el inconveniente le ha generado incluso pérdidas económicas.

Según la información, los vecinos coinciden que la irregularidad en las redes surgió el pasado 26 de diciembre, un día después que entrara en vigencia la Ley de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y el problema se intensificó desde el 22 de enero, luego de la entrega del informe emitido por el SP a la SIT.