En recientes declaraciones el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que en los últimos tres años el delito de extorsión había crecido hasta en un 21%. Mientras, organizaciones sociales indican debilidad de combatir este flagelo.
El Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN) da cuenta que del 2005 a septiembre de 2014 el Ministerio Público (MP) recibió 48 mil 673 denuncias, pero solamente han logrado llevar a tribunales el 16%. De tal manera que por el delito de extorsión el Organismo Judicial ha conocido 7 mil 622 casos, de los cuales 1 mil 838 lograron sentencia condenatoria, lo que equivale a un 24%.
Elías Pumay y Mario Bozos, responsables de la Fuerza de Tarea Contra las Extorsiones del Ministerio de Gobernación, dan su perspectiva y visión sobre este fenómeno.
¿Cómo califican el delito de extorsión?
Pumay: Legalmente lo calificamos en dos grandes esferas. Una que comprende el Código Penal y la otra la Ley Contra la Delincuencia Organizada. La primera, referente a extorsiones convencionales clásicas a través del cual no existe una estructura que va a causar daño físico, pero sí daño psicológico, dándose en un 90%. Mientras
Bozos: Prácticamente de la gama de las herramientas legales en Guatemala es de vital importancia conocer y que la población logre entender que hay leyes importantes que se aplican para ese fenómeno. Pero también se debe entender que existe una legalidad que atiende el delito de manera singular y de manera particular, que sería el Código Penal en su artículo 261. Existe una ley que apoya atender un nivel estructural de delincuentes que se dedican a esto, a las exacciones y a esas exigencias que lógicamente nosotros hemos manifestado, tanto en el sector privado, a través de la Fundación para el Desarrollo (Fundensa), y en una coalición. Así mismo, el trabajo con el Organismo Legislativo para reformar el Código Penal y para endurecer esos tipos de delitos, porque existen ciertas falencias y debilidades legales que favorecen a las personas que cometen estos delitos.
¿Por qué se ha dimensionado el problema de las extorsiones?
Pumay: Porque hay mucha desinformación; el Estado no ha tenido la capacidad de informarle a la población cómo se da el fenómeno extorsivo. Cuando se ve esa ecuación de 90-10, 90 de extorsiones convencionales y 10 de las no convencionales, es algo que no lo sabe la población. Las personas reciben una llamada y dicen me están extorsionando y me van a matar y no es así. Entonces el Estado no ha tenido esa capacidad y por eso vamos a desarrollar una campaña de comunicación el próximo año.
¿Cómo se define ese 90-10?
Pumay: El 90% lo definimos como una extorsión genérica; es decir, que detrás de esta extorsión no hay una estructura que haga daño físico, mientras que en el 10%, que es extorsión compleja, extorsión o exacción, allí sí hay una estructura que causa daño, pero eso debe saber la población. ¿Y cómo debe saberlo? Informándolo o denunciándolo.
¿A qué se debe esa falta de información?
Bozos: Hay dos escenarios. El primero es que ha existido un Estado burocrático y robusto, versus a un Estado legal pero débil. En ese primer escenario está inmersa la sociedad que necesita información. Hacemos grande lo pequeño y lo pequeño lo convertimos en grande, y mientras exista esa desinformación la sociedad seguirá creyendo en eso. Por eso en el tema de las extorsiones vemos que es un monstro inmenso porque así se nos vendió en algún momento. En el siguiente escenario, es que nosotros como asesores técnicos promovemos una campaña mediática de información responsable, porque la población está necesitada de ser informada. No la vamos a informar porque ya tenemos el agua hasta el cuello, no, el agua no ha llegado al cuello. Pero tenemos que anticiparnos a través de una campaña de información muy seria y objetiva, que no solo este comprometido el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público sino toda una articulación con las instituciones de sociedad. En este escenario el tema de la inseguridad es muy amplia y costosa. Además de rentable porque es un negocio que a través de esa desinformación que nos cunde como sociedad.
Ustedes hablan de una debilidad institucional, ¿existe una debilidad en el sistema de justicia?
Pumay: Sí, hay una debilidad. Considero que por momentos no hablamos el mismo idioma, aunque Policía y Ministerio Público sí estamos en sintonía, pero como la justicia es un sistema me parece que hay trabas en el Organismo Judicial. Lo digo claro, he litigado y he podido ver que en el tema de extorsión, por ejemplo, el 95% se da a través de depósitos bancarios, entonces no puede ser que el baucher de depósito el juez no le dé un valor probatorio. Así se ve una gran cantidad de personas detenidas y sometidas a persecución penal pero pronto salen. Hay que preguntarse ¿quién está fallando?. Si queremos reducir la extorsión deben estar coordinados MP, PNC y OJ. No estamos hablando de influir o de intromisión a la independencia judicial, sino que a esta prueba se le dé el valor que se merece, por supuesto hay criterios judiciales y talvez puede ser que haya contubernio con la defensa de los extorsionistas, algo que puede pasar también y por lo cual están las personas capturadas fuera.
¿Existe un rezago de la Ley para combatir las extorsiones?
Bozos: Sí, por ejemplo, hubo la primera aproximación de una extorsión en la Ley que data de 1973 y las reformas se dieron hasta el 2006 y 2009, respectivamente. Entonces no puede ser que el acto del delincuente vaya delante de los tipos penales. No puede ser que hayamos tenido un rezago de más de 40 años y ahorita las normas, tanto la Ley contra la Delincuencia Organizada como el Código Penal, les urgen cambios en reformas porque el delincuente ha mutado desde el 2007 increíblemente. Las reformas tienen que venir a beneficio de las personas que resultan afectadas y no dejarse llevar por lo mediático de que las personas detenidas estén afuera, porque no se conocen los criterios que se consideran para dejarlos en libertad, pero ese es el vacío legal. Si se habla de que a la extorsión hay que ponerle atención, esperamos que hagan las reformas.
Pumay: Además, el delito de extorsión está mal rankiado en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Está delitos contra la vida, violación, pero me parece que el delito de extorsión está en un orden hasta el quinto puesto. Si se ve, es un delito transversal y pluriofensivo porque ofende a muchos bienes jurídicos tutelados, y de allí de ranquiarlo mejor en el ordenamiento jurídico y darle la importancia que se merece.
¿Es funcional la fuerza de tarea contra las extorsiones?
Bozos: Como asesores nos encomendaron estar al frente de esta fuerza de tarea, pero no es más que un trabajo de coordinación interinstitucional bajo un esquema y una metodología de análisis de la información, entonces la naturaleza de la fuerza de tarea es que ha sido funcional en estos tres años. Pero le estamos apostando a que esta funcionalidad y mesas de trabajo nos han ayudado a entender grandemente el fenómeno. Entonces se puede decir que sí ha sido funcional y estamos optimistas que el escenario que viene es para fortalecer precisamente el sistema policial y la coordinación eficiente con el MP, que es uno de los objetivos.
Pumay: Como resultados hay 1,785 personas capturadas en los tres años desde el 2012-2014. En el 2012 se capturaron 450 personas., en 2013 se capturaron a 655 personas y en el 2014 fueron 680 los capturados, y la desarticulación que hemos hecho de las bandas criminales.
¿Es el delito de las extorsiones controlable o no para las autoridades?
¿Existen negocios producto de las extorsiones?
Bozos: Hemos identificado unos casos que prácticamente son estructuras que se consolidaron unos años atrás y se posicionaron económicamente en poder lavar ese dinero, porque no se le había puesto el asunto al tema de las extorsiones y lo hemos compartido con los diferentes sectores. Es vital la articulación con la sociedad para informar y minimizar la incidencia que ha tenido este fenómeno.
¿Han funcionado los bloqueadores de señal en las cárceles?
Pumay: El Sistema Penitenciario ha hecho su monitoreo y el bloqueo es parcial, tenemos una red de víctimas a nivel nacional que es otra arista que estamos analizando, quienes nos dicen, nos siguen llamando. La otra es la unidad especial del Ministerio Público, que según información que tenemos siguen llamando.
En recientes declaraciones el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que en los últimos tres años el delito de extorsión había crecido hasta en un 21%. Mientras, organizaciones sociales indican debilidad de combatir este flagelo.
El Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN) da cuenta que del 2005 a septiembre de 2014 el Ministerio Público (MP) recibió 48 mil 673 denuncias, pero solamente han logrado llevar a tribunales el 16%. De tal manera que por el delito de extorsión el Organismo Judicial ha conocido 7 mil 622 casos, de los cuales 1 mil 838 lograron sentencia condenatoria, lo que equivale a un 24%.
Elías Pumay y Mario Bozos, responsables de la Fuerza de Tarea Contra las Extorsiones del Ministerio de Gobernación, dan su perspectiva y visión sobre este fenómeno.
¿Cómo califican el delito de extorsión?
Pumay: Legalmente lo calificamos en dos grandes esferas. Una que comprende el Código Penal y la otra la Ley Contra la Delincuencia Organizada. La primera, referente a extorsiones convencionales clásicas a través del cual no existe una estructura que va a causar daño físico, pero sí daño psicológico, dándose en un 90%. Mientras
Bozos: Prácticamente de la gama de las herramientas legales en Guatemala es de vital importancia conocer y que la población logre entender que hay leyes importantes que se aplican para ese fenómeno. Pero también se debe entender que existe una legalidad que atiende el delito de manera singular y de manera particular, que sería el Código Penal en su artículo 261. Existe una ley que apoya atender un nivel estructural de delincuentes que se dedican a esto, a las exacciones y a esas exigencias que lógicamente nosotros hemos manifestado, tanto en el sector privado, a través de la Fundación para el Desarrollo (Fundensa), y en una coalición. Así mismo, el trabajo con el Organismo Legislativo para reformar el Código Penal y para endurecer esos tipos de delitos, porque existen ciertas falencias y debilidades legales que favorecen a las personas que cometen estos delitos.
¿Por qué se ha dimensionado el problema de las extorsiones?
Pumay: Porque hay mucha desinformación; el Estado no ha tenido la capacidad de informarle a la población cómo se da el fenómeno extorsivo. Cuando se ve esa ecuación de 90-10, 90 de extorsiones convencionales y 10 de las no convencionales, es algo que no lo sabe la población. Las personas reciben una llamada y dicen me están extorsionando y me van a matar y no es así. Entonces el Estado no ha tenido esa capacidad y por eso vamos a desarrollar una campaña de comunicación el próximo año.
¿Cómo se define ese 90-10?
Pumay: El 90% lo definimos como una extorsión genérica; es decir, que detrás de esta extorsión no hay una estructura que haga daño físico, mientras que en el 10%, que es extorsión compleja, extorsión o exacción, allí sí hay una estructura que causa daño, pero eso debe saber la población. ¿Y cómo debe saberlo? Informándolo o denunciándolo.
¿A qué se debe esa falta de información?
Bozos: Hay dos escenarios. El primero es que ha existido un Estado burocrático y robusto, versus a un Estado legal pero débil. En ese primer escenario está inmersa la sociedad que necesita información. Hacemos grande lo pequeño y lo pequeño lo convertimos en grande, y mientras exista esa desinformación la sociedad seguirá creyendo en eso. Por eso en el tema de las extorsiones vemos que es un monstro inmenso porque así se nos vendió en algún momento. En el siguiente escenario, es que nosotros como asesores técnicos promovemos una campaña mediática de información responsable, porque la población está necesitada de ser informada. No la vamos a informar porque ya tenemos el agua hasta el cuello, no, el agua no ha llegado al cuello. Pero tenemos que anticiparnos a través de una campaña de información muy seria y objetiva, que no solo este comprometido el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público sino toda una articulación con las instituciones de sociedad. En este escenario el tema de la inseguridad es muy amplia y costosa. Además de rentable porque es un negocio que a través de esa desinformación que nos cunde como sociedad.
Ustedes hablan de una debilidad institucional, ¿existe una debilidad en el sistema de justicia?
Pumay: Sí, hay una debilidad. Considero que por momentos no hablamos el mismo idioma, aunque Policía y Ministerio Público sí estamos en sintonía, pero como la justicia es un sistema me parece que hay trabas en el Organismo Judicial. Lo digo claro, he litigado y he podido ver que en el tema de extorsión, por ejemplo, el 95% se da a través de depósitos bancarios, entonces no puede ser que el baucher de depósito el juez no le dé un valor probatorio. Así se ve una gran cantidad de personas detenidas y sometidas a persecución penal pero pronto salen. Hay que preguntarse ¿quién está fallando?. Si queremos reducir la extorsión deben estar coordinados MP, PNC y OJ. No estamos hablando de influir o de intromisión a la independencia judicial, sino que a esta prueba se le dé el valor que se merece, por supuesto hay criterios judiciales y talvez puede ser que haya contubernio con la defensa de los extorsionistas, algo que puede pasar también y por lo cual están las personas capturadas fuera.
¿Existe un rezago de la Ley para combatir las extorsiones?
Bozos: Sí, por ejemplo, hubo la primera aproximación de una extorsión en la Ley que data de 1973 y las reformas se dieron hasta el 2006 y 2009, respectivamente. Entonces no puede ser que el acto del delincuente vaya delante de los tipos penales. No puede ser que hayamos tenido un rezago de más de 40 años y ahorita las normas, tanto la Ley contra la Delincuencia Organizada como el Código Penal, les urgen cambios en reformas porque el delincuente ha mutado desde el 2007 increíblemente. Las reformas tienen que venir a beneficio de las personas que resultan afectadas y no dejarse llevar por lo mediático de que las personas detenidas estén afuera, porque no se conocen los criterios que se consideran para dejarlos en libertad, pero ese es el vacío legal. Si se habla de que a la extorsión hay que ponerle atención, esperamos que hagan las reformas.
Pumay: Además, el delito de extorsión está mal rankiado en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Está delitos contra la vida, violación, pero me parece que el delito de extorsión está en un orden hasta el quinto puesto. Si se ve, es un delito transversal y pluriofensivo porque ofende a muchos bienes jurídicos tutelados, y de allí de ranquiarlo mejor en el ordenamiento jurídico y darle la importancia que se merece.
¿Es funcional la fuerza de tarea contra las extorsiones?
Bozos: Como asesores nos encomendaron estar al frente de esta fuerza de tarea, pero no es más que un trabajo de coordinación interinstitucional bajo un esquema y una metodología de análisis de la información, entonces la naturaleza de la fuerza de tarea es que ha sido funcional en estos tres años. Pero le estamos apostando a que esta funcionalidad y mesas de trabajo nos han ayudado a entender grandemente el fenómeno. Entonces se puede decir que sí ha sido funcional y estamos optimistas que el escenario que viene es para fortalecer precisamente el sistema policial y la coordinación eficiente con el MP, que es uno de los objetivos.
Pumay: Como resultados hay 1,785 personas capturadas en los tres años desde el 2012-2014. En el 2012 se capturaron 450 personas., en 2013 se capturaron a 655 personas y en el 2014 fueron 680 los capturados, y la desarticulación que hemos hecho de las bandas criminales.
¿Es el delito de las extorsiones controlable o no para las autoridades?
¿Existen negocios producto de las extorsiones?
Bozos: Hemos identificado unos casos que prácticamente son estructuras que se consolidaron unos años atrás y se posicionaron económicamente en poder lavar ese dinero, porque no se le había puesto el asunto al tema de las extorsiones y lo hemos compartido con los diferentes sectores. Es vital la articulación con la sociedad para informar y minimizar la incidencia que ha tenido este fenómeno.
¿Han funcionado los bloqueadores de señal en las cárceles?
Pumay: El Sistema Penitenciario ha hecho su monitoreo y el bloqueo es parcial, tenemos una red de víctimas a nivel nacional que es otra arista que estamos analizando, quienes nos dicen, nos siguen llamando. La otra es la unidad especial del Ministerio Público, que según información que tenemos siguen llamando.