Tras la captura el 25 de marzo de los pseudolíderes comunitarios, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, pobladores de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia Huehuetenango, conversaron con Republica.gt, para hacer público cómo estas personas han afectado la vida de varios comunitarios en los ocho municipios del norte de dicho departamento.
Según los pobladores, Rigoberto Juárez es el incitador de la violencia y la anarquía que ocurre en el lugar, ya que a través de una radio comunitaria, amenaza, intimida y persigue a las personas que “no quieren apoyar el movimiento de un Gobierno Plurinacional en oposición a proyectos de desarrollo”. Aunque con la captura de los dos dirigentes se sienten más tranquilos aún temen por sus vidas, por lo que a su solicitud, resguardamos su identidad y damos a conocer su versión.
“No es posible que nosotros, personas trabajadoras, gente pobre que únicamente quiere ganar el sustento de su familia, seamos perseguidos por eshtas personas”, dice con pesar y tristeza el huehueteco.
Indica que ha tenido que salir huyendo de su comunidad, en Columju, por las amenazas e instigación que han hecho estos pseudolíderes en su contra. “Tuve que abandonar a mis padres, hermanos, familiares y llegar a vivir a Huehuetenango por temor de que cumplan con la amenaza de matarme. Ahora que están capturados suplico a las autoridades que nos tomen en cuenta a todos, pues hemos sido instigados por estas personas”.
Según esté comunitario, el único delito que ha cometido es ser administrador de una finca cercana al proyecto hidroeléctrico de Santa Cruz Barillas, y no prestarse al movimiento liderado por Juárez en oposición de los proyectos de desarrollo para las comunidades. “Aunque me encuentro tranquilo por la captura de estos dos individuos, también vivo con temor que el día que me encuentren cumpla con sus amenazas de muerte”, señala.
Por esto, ha solicitado a las autoridades que no velen únicamente por los delincuentes, sino que también volteen su mirada para las personas que son víctimas de líderes negativos, que provocan solamente zozobra y anarquía en las comunidades. De acuerdo con el comunitario, su familia y él han sido víctimas de un grupo reducido de personas, hasta el punto de haberlos querido linchar por no apoyar la oposición de los proyectos hidroeléctricos en la región.
“Se han autodenominado líderes comunitarios, y el que no se adapta a sus pensamientos y modo de actuar, es amenazado, perseguido e intimidado. Son actos atroces en contra de las comunidades, porque como personas individuales tenemos la libertad de hacer y decir lo que queramos, sin que nadie intervenga en nuestras decisiones”, dice con firmeza el campesino.
Por otro lado, un presidente de microrregión de Santa Eulalia, Huehuetenango indica que en ese poblado “ya se siente la alegría, que se nota en el rostro del pueblo, porque ya las autoridades se encuentran aplicando la justicia”; esto en relación a la captura de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar.
Relata que Rigoberto Juárez y sus ocho compañeros han promovido una anarquía en el municipio desde hace unos cuatro años, se han autonombrado como gobierno plurinacional, persiguiendo y amenazando a las personas que no los quieren apoyar.
El año anterior, ante el gobernador departamental se constituyó el nombramiento de 39 líderes de microrregiones, algo que no fue del agrado de Rigoberto Juárez, por lo que a través de una radio comunitaria amenazó con quemar las casas con todo y las familias de quienes habían sido nombrados, algo que fue denunciado a las autoridades sin que existan resultados al respecto, señala el entrevistado.
Según los pobladores de Santa Eulalia, existe una anarquía producto de la imposición que ha hecho este grupo reducido de personas a toda la población, y claro ejemplo fue lo ocurrido el 20 de enero, cuando a la fuerza sacaron de un hotel de la localidad al Juez de Primera Instancia Penal y a su secretaria a la 1 am. Hecho ocurrido por la captura de dos supuestos líderes, que tras la presión ejercida por estas personas al juzgador, los dejó en libertad. Con estos antecedentes y luego de varios meses de emitidas las órdenes de captura, las autoridades aprovecharon la presencia de Juárez y Baltazar en la ciudad capital para capturarlos, incluso el Juez de Santa Eulalia se traslado para escuchar su primera declaración.
Además desmienten que los ocho municipios del área norte de Huehuetenango estén en contra de los proyectos hidroeléctricos. Como autoridades, han solicitado en favor de las comunidades proyectos de desarrollo. “Algo que se perdió durante el conflicto armado en las áreas rurales del país”, dice.
Solicitan aplicar la Ley
Así como los pobladores de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, personeros de proyectos hidroeléctricos que han sufrido actos vandálicos en contra de sus instalaciones, solicitan a las autoridades aplicar la ley y llevar el debido proceso en contra de los autodenominados líderes Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar.
Con anterioridad, Rudolf Jacobs, representante de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), institución agremiada a la Cámara de la Industria (CIG), lamentó los ataques a las instalaciones de hidroeléctricas en Huehuetenango y calificó los hechos como actos terroristas. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para fiscalizar los fondos que puedan estar destinados para financiar a quienes pertenecen a grupos criminales.
Los personeros coinciden en solicitar a las autoridades el cumplimiento estricto de la ley y el debido proceso, ya que los delitos cometidos por estas personas han sido tan graves que no tienen medidas sustitutiva, por lo que es necesario cumplir con la ley.
Ingobernabilidad
Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indica que aunque la oposición sea justa e injusta en contra de los órganos públicos, estas tienen que ser en el marco de la Ley, ya que al no hacerlo se cae en delitos como los que han ocurrido con las retenciones, secuestros, daños a propiedad privada.
Por tal razón, las autoridades deben de realizar la persecución penal correspondientes para saber si hay o no un delito. Estas acciones de ingobernabilidad y protesta que se dan en acciones legales contra los dirigentes comunitarios se deben a la ausencia del Estado en esas comunidades. Este debe buscar una respuesta o solución inmediata, “sin dar tácticas dilatorias para enfrentar los problemas en esas comunidades, porque de lo contrario hay una ingobernabilidad que se traduce en acciones de hecho”, dice Linares.
Hace ver que esas coacción que ejercen unos comunitarios sobre otros se debe a la falta de presencia del Estado para que garantice la libre expresión de los demás comunitarios. Entonces se da abuso de unos sobre otros.
Por su parte, María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dice que el Estado debe recuperar la autoridad en esas comunidades y delegar a las autoridades electas como alcaldes la responsabilidad de hacer presencia de la policía y de las instituciones de seguridad, así como de los servicios públicos.
El desafío es crear un mecanismo de representación de todos los líderes electos por el pueblo para que no existan conflictos entre los mismos pobladores. Otro reto para Guatemala es aplicar los convenios internacionales, como la consulta comunitaria pero informándole a la población que esta no es vinculante para que no se sientan engañados, dice Aceña. Agrega que lo se tienen que hacer en estos casos contar con la presencia del Estado para ejercer la autoridad y que las comunidades denuncien, para que se realicen las investigaciones
Tras la captura el 25 de marzo de los pseudolíderes comunitarios, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, pobladores de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia Huehuetenango, conversaron con Republica.gt, para hacer público cómo estas personas han afectado la vida de varios comunitarios en los ocho municipios del norte de dicho departamento.
Según los pobladores, Rigoberto Juárez es el incitador de la violencia y la anarquía que ocurre en el lugar, ya que a través de una radio comunitaria, amenaza, intimida y persigue a las personas que “no quieren apoyar el movimiento de un Gobierno Plurinacional en oposición a proyectos de desarrollo”. Aunque con la captura de los dos dirigentes se sienten más tranquilos aún temen por sus vidas, por lo que a su solicitud, resguardamos su identidad y damos a conocer su versión.
“No es posible que nosotros, personas trabajadoras, gente pobre que únicamente quiere ganar el sustento de su familia, seamos perseguidos por eshtas personas”, dice con pesar y tristeza el huehueteco.
Indica que ha tenido que salir huyendo de su comunidad, en Columju, por las amenazas e instigación que han hecho estos pseudolíderes en su contra. “Tuve que abandonar a mis padres, hermanos, familiares y llegar a vivir a Huehuetenango por temor de que cumplan con la amenaza de matarme. Ahora que están capturados suplico a las autoridades que nos tomen en cuenta a todos, pues hemos sido instigados por estas personas”.
Según esté comunitario, el único delito que ha cometido es ser administrador de una finca cercana al proyecto hidroeléctrico de Santa Cruz Barillas, y no prestarse al movimiento liderado por Juárez en oposición de los proyectos de desarrollo para las comunidades. “Aunque me encuentro tranquilo por la captura de estos dos individuos, también vivo con temor que el día que me encuentren cumpla con sus amenazas de muerte”, señala.
Por esto, ha solicitado a las autoridades que no velen únicamente por los delincuentes, sino que también volteen su mirada para las personas que son víctimas de líderes negativos, que provocan solamente zozobra y anarquía en las comunidades. De acuerdo con el comunitario, su familia y él han sido víctimas de un grupo reducido de personas, hasta el punto de haberlos querido linchar por no apoyar la oposición de los proyectos hidroeléctricos en la región.
“Se han autodenominado líderes comunitarios, y el que no se adapta a sus pensamientos y modo de actuar, es amenazado, perseguido e intimidado. Son actos atroces en contra de las comunidades, porque como personas individuales tenemos la libertad de hacer y decir lo que queramos, sin que nadie intervenga en nuestras decisiones”, dice con firmeza el campesino.
Por otro lado, un presidente de microrregión de Santa Eulalia, Huehuetenango indica que en ese poblado “ya se siente la alegría, que se nota en el rostro del pueblo, porque ya las autoridades se encuentran aplicando la justicia”; esto en relación a la captura de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar.
Relata que Rigoberto Juárez y sus ocho compañeros han promovido una anarquía en el municipio desde hace unos cuatro años, se han autonombrado como gobierno plurinacional, persiguiendo y amenazando a las personas que no los quieren apoyar.
El año anterior, ante el gobernador departamental se constituyó el nombramiento de 39 líderes de microrregiones, algo que no fue del agrado de Rigoberto Juárez, por lo que a través de una radio comunitaria amenazó con quemar las casas con todo y las familias de quienes habían sido nombrados, algo que fue denunciado a las autoridades sin que existan resultados al respecto, señala el entrevistado.
Según los pobladores de Santa Eulalia, existe una anarquía producto de la imposición que ha hecho este grupo reducido de personas a toda la población, y claro ejemplo fue lo ocurrido el 20 de enero, cuando a la fuerza sacaron de un hotel de la localidad al Juez de Primera Instancia Penal y a su secretaria a la 1 am. Hecho ocurrido por la captura de dos supuestos líderes, que tras la presión ejercida por estas personas al juzgador, los dejó en libertad. Con estos antecedentes y luego de varios meses de emitidas las órdenes de captura, las autoridades aprovecharon la presencia de Juárez y Baltazar en la ciudad capital para capturarlos, incluso el Juez de Santa Eulalia se traslado para escuchar su primera declaración.
Además desmienten que los ocho municipios del área norte de Huehuetenango estén en contra de los proyectos hidroeléctricos. Como autoridades, han solicitado en favor de las comunidades proyectos de desarrollo. “Algo que se perdió durante el conflicto armado en las áreas rurales del país”, dice.
Solicitan aplicar la Ley
Así como los pobladores de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, personeros de proyectos hidroeléctricos que han sufrido actos vandálicos en contra de sus instalaciones, solicitan a las autoridades aplicar la ley y llevar el debido proceso en contra de los autodenominados líderes Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar.
Con anterioridad, Rudolf Jacobs, representante de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), institución agremiada a la Cámara de la Industria (CIG), lamentó los ataques a las instalaciones de hidroeléctricas en Huehuetenango y calificó los hechos como actos terroristas. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para fiscalizar los fondos que puedan estar destinados para financiar a quienes pertenecen a grupos criminales.
Los personeros coinciden en solicitar a las autoridades el cumplimiento estricto de la ley y el debido proceso, ya que los delitos cometidos por estas personas han sido tan graves que no tienen medidas sustitutiva, por lo que es necesario cumplir con la ley.
Ingobernabilidad
Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indica que aunque la oposición sea justa e injusta en contra de los órganos públicos, estas tienen que ser en el marco de la Ley, ya que al no hacerlo se cae en delitos como los que han ocurrido con las retenciones, secuestros, daños a propiedad privada.
Por tal razón, las autoridades deben de realizar la persecución penal correspondientes para saber si hay o no un delito. Estas acciones de ingobernabilidad y protesta que se dan en acciones legales contra los dirigentes comunitarios se deben a la ausencia del Estado en esas comunidades. Este debe buscar una respuesta o solución inmediata, “sin dar tácticas dilatorias para enfrentar los problemas en esas comunidades, porque de lo contrario hay una ingobernabilidad que se traduce en acciones de hecho”, dice Linares.
Hace ver que esas coacción que ejercen unos comunitarios sobre otros se debe a la falta de presencia del Estado para que garantice la libre expresión de los demás comunitarios. Entonces se da abuso de unos sobre otros.
Por su parte, María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dice que el Estado debe recuperar la autoridad en esas comunidades y delegar a las autoridades electas como alcaldes la responsabilidad de hacer presencia de la policía y de las instituciones de seguridad, así como de los servicios públicos.
El desafío es crear un mecanismo de representación de todos los líderes electos por el pueblo para que no existan conflictos entre los mismos pobladores. Otro reto para Guatemala es aplicar los convenios internacionales, como la consulta comunitaria pero informándole a la población que esta no es vinculante para que no se sientan engañados, dice Aceña. Agrega que lo se tienen que hacer en estos casos contar con la presencia del Estado para ejercer la autoridad y que las comunidades denuncien, para que se realicen las investigaciones