En la investigación de la red que se dedicaba a la defraudación aduanera participaron la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, (FECI), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio de Gobernación (Mingob).
El planteamiento que le hicieron los fiscales a la judicatura, con base a las pruebas presentadas, es que sean ligados a proceso los 22 implicados que fueron detenidos entre el jueves y viernes de la semana pasada. También que por la peligrosidad de fuga sean enviados a prisión preventiva.
Durante el seguimiento que realizaron los investigadores de la CICIG y del Ministerio Público (MP), así como los elementos del Mingob, se estableció que la organización falseaba los datos de la mercadería que ingresaba al país para reducir el pago de impuestos.
De esa manera se quedaban con un porcentaje de los productos de importación que pasaban por las aduanas del país.
Tabla paralela de cobro
Los fiscales le explicaron a la jueza Marta Sierra que la agrupación trabajaba con una tabla de impuestos paralela que le dejaba por lo menos entre dos o tres millones de quetzales cada semana. La investigación de este caso fue realizada con métodos científicos, acompañados con seguimientos que permitieron establecer la participación de cada uno de los integrantes de esta agrupación, como lo fueron las escuchas telefónicas.
Los investigadores han informado que la jerarquía se estableció y se corroboró por medio de diez analistas del MP y la CICIG. Esta última le dio acompañamiento a la labor de los fiscales encargados de la investigación, fue así como se logró establecer que Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, dirigía la agrupación aprovechándose de su puesto como funcionario público.
Los seguimientos que continúa realizando el MP lograrán determinar la participación de otras personas, sin embargo es necesario investigar y aportar medios probatorios contundentes para someter a una persona a la justicia en respeto a la Constitución y las leyes del país.
En la investigación de la red que se dedicaba a la defraudación aduanera participaron la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, (FECI), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio de Gobernación (Mingob).
El planteamiento que le hicieron los fiscales a la judicatura, con base a las pruebas presentadas, es que sean ligados a proceso los 22 implicados que fueron detenidos entre el jueves y viernes de la semana pasada. También que por la peligrosidad de fuga sean enviados a prisión preventiva.
Durante el seguimiento que realizaron los investigadores de la CICIG y del Ministerio Público (MP), así como los elementos del Mingob, se estableció que la organización falseaba los datos de la mercadería que ingresaba al país para reducir el pago de impuestos.
De esa manera se quedaban con un porcentaje de los productos de importación que pasaban por las aduanas del país.
Tabla paralela de cobro
Los fiscales le explicaron a la jueza Marta Sierra que la agrupación trabajaba con una tabla de impuestos paralela que le dejaba por lo menos entre dos o tres millones de quetzales cada semana. La investigación de este caso fue realizada con métodos científicos, acompañados con seguimientos que permitieron establecer la participación de cada uno de los integrantes de esta agrupación, como lo fueron las escuchas telefónicas.
Los investigadores han informado que la jerarquía se estableció y se corroboró por medio de diez analistas del MP y la CICIG. Esta última le dio acompañamiento a la labor de los fiscales encargados de la investigación, fue así como se logró establecer que Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, dirigía la agrupación aprovechándose de su puesto como funcionario público.
Los seguimientos que continúa realizando el MP lograrán determinar la participación de otras personas, sin embargo es necesario investigar y aportar medios probatorios contundentes para someter a una persona a la justicia en respeto a la Constitución y las leyes del país.