Según informó Andrés Dávila, portavoz de la Mina San Rafael, este viernes el juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Rosa envió a juicio a Carlos Roberto Morales, gerente general de la mina San Rafael, por el delito de contaminación ambiental.
Hoy se cumplía el plazo que había dado el juez para presentar las pruebas necesarias. El Ministerio Público (MP), que tiene el monopolio de las acciones legales de este caso, las presentó pero consideró que no eran suficientes para un juicio. Por eso solicitó un “criterio de oportunidad”, figura legal que contempla por lo menos la reparación para quienes hayan sido dañados con las acciones denunciadas.
Sin embargo, el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS), entidad que es querellante adhesivo, se opuso a dicha figura legal y solicitó el juicio a pesar de la falta de pruebas. “De esa cuenta, el juez en lugar de seguir la recomendación del MP, decidió enviar a juicio a Morales. Consideramos que esto no fue apegado a la ley, es más bien un fallo político. CALAS no tiene potestad legal y el criterio del MP no fue escuchado”, señaló Dávila.
Según la denuncia, interpuesta en 2012, la empresa minera supuestamente desechaba los residuos de sustancias líquidas que utilizaba en la exploración de minerales de la Mina San Rafael a la quebrada del río Los Esclavos, lo que presuntamente provocó la contaminación con sólidos en suspensión y alteración del color del agua.
En el mes de abril pasado, Morales había sido encarcelado por dichas acusaciones, pero la Sala de Apelaciones de Santa Rosa otorgó la libertad provisional a Morales por medio de una medida sustitutiva.
Según informó Andrés Dávila, portavoz de la Mina San Rafael, este viernes el juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Rosa envió a juicio a Carlos Roberto Morales, gerente general de la mina San Rafael, por el delito de contaminación ambiental.
Hoy se cumplía el plazo que había dado el juez para presentar las pruebas necesarias. El Ministerio Público (MP), que tiene el monopolio de las acciones legales de este caso, las presentó pero consideró que no eran suficientes para un juicio. Por eso solicitó un “criterio de oportunidad”, figura legal que contempla por lo menos la reparación para quienes hayan sido dañados con las acciones denunciadas.
Sin embargo, el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS), entidad que es querellante adhesivo, se opuso a dicha figura legal y solicitó el juicio a pesar de la falta de pruebas. “De esa cuenta, el juez en lugar de seguir la recomendación del MP, decidió enviar a juicio a Morales. Consideramos que esto no fue apegado a la ley, es más bien un fallo político. CALAS no tiene potestad legal y el criterio del MP no fue escuchado”, señaló Dávila.
Según la denuncia, interpuesta en 2012, la empresa minera supuestamente desechaba los residuos de sustancias líquidas que utilizaba en la exploración de minerales de la Mina San Rafael a la quebrada del río Los Esclavos, lo que presuntamente provocó la contaminación con sólidos en suspensión y alteración del color del agua.
En el mes de abril pasado, Morales había sido encarcelado por dichas acusaciones, pero la Sala de Apelaciones de Santa Rosa otorgó la libertad provisional a Morales por medio de una medida sustitutiva.