Ante la preocupación de los comunitarios que viven alrededor del Río La Pasión en Sayaxché, Petén, derivado de la problemática que generó la contaminación del afluente que provocó la muerte de miles de peces, el Ministerio Público (MP) acordó este miércoles un “Convenio de Cooperación con el Grupo Pro Justicia” para coordinar esfuerzos en apoyo a las comunidades que están afectadas por el desastre ecológico.
Según se informó, el ente investigador se comprometió entre otros, a recibir la solicitud de Grupo Pro Justicia para constituirse como querellante adhesivo en el caso; instalar una mesa de coordinación y cooperación con los representantes de Grupo Pro Justicia, con el fin de que conozcan el desarrollo de la investigación; designar a un Fiscal Especial de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente para que dirija la investigación del presente caso de contaminación. Asimismo, con observancia del ordenamiento penal vigente, aceptar la solicitud de querellante adhesivo también a la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA), formalizada ante juez competente.
Al constituirse las dos organizaciones en querellantes en el caso, tendrán que nombrar a un representante para que asista, participe y tome las decisiones de coordinación que sean necesarias con el MP. Y para que exista más orden en la información a los comunitarios sobre el proceso, la persona nombrada será quien haga las consultas que considere necesarias sobre el expediente para evitar información inadecuada.
Según se estableció, son 17 las comunidades afectadas por la contaminación del río La Pasión y se calcula que por lo menos 23 especies, de las cuales el 22 % están en peligro de extinción, fueron afectadas. El secretario ejecutivo de Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Manuel Benedicto Lucas, ha declarado que lo ocurrido en el lugar es un “ecocidio”.
Según ecologistas la descontaminación del río podría tardar alrededor de tres años. Según trascendió, son tres las empresas las investigadas: la Reforestadora de Palma de Petén S.A. (REPSA), Entidad Nacional Agroforestal, S.A. (NAISA), y Tikindustrias.
Una de las primeras acciones realizadas por el MP fue cerrar por 15 días a la empresa REPSA para ser investigada y se realizó un allanamiento e inspección ordenado por juzgado de turno, a lo que personeros de la compañía dicen estar en la disposición de colaborar con el Ministerio Público, Ministerio de Ambiente y demás autoridades, para esclarecer el caso.
Ante la preocupación de los comunitarios que viven alrededor del Río La Pasión en Sayaxché, Petén, derivado de la problemática que generó la contaminación del afluente que provocó la muerte de miles de peces, el Ministerio Público (MP) acordó este miércoles un “Convenio de Cooperación con el Grupo Pro Justicia” para coordinar esfuerzos en apoyo a las comunidades que están afectadas por el desastre ecológico.
Según se informó, el ente investigador se comprometió entre otros, a recibir la solicitud de Grupo Pro Justicia para constituirse como querellante adhesivo en el caso; instalar una mesa de coordinación y cooperación con los representantes de Grupo Pro Justicia, con el fin de que conozcan el desarrollo de la investigación; designar a un Fiscal Especial de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente para que dirija la investigación del presente caso de contaminación. Asimismo, con observancia del ordenamiento penal vigente, aceptar la solicitud de querellante adhesivo también a la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA), formalizada ante juez competente.
Al constituirse las dos organizaciones en querellantes en el caso, tendrán que nombrar a un representante para que asista, participe y tome las decisiones de coordinación que sean necesarias con el MP. Y para que exista más orden en la información a los comunitarios sobre el proceso, la persona nombrada será quien haga las consultas que considere necesarias sobre el expediente para evitar información inadecuada.
Según se estableció, son 17 las comunidades afectadas por la contaminación del río La Pasión y se calcula que por lo menos 23 especies, de las cuales el 22 % están en peligro de extinción, fueron afectadas. El secretario ejecutivo de Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Manuel Benedicto Lucas, ha declarado que lo ocurrido en el lugar es un “ecocidio”.
Según ecologistas la descontaminación del río podría tardar alrededor de tres años. Según trascendió, son tres las empresas las investigadas: la Reforestadora de Palma de Petén S.A. (REPSA), Entidad Nacional Agroforestal, S.A. (NAISA), y Tikindustrias.
Una de las primeras acciones realizadas por el MP fue cerrar por 15 días a la empresa REPSA para ser investigada y se realizó un allanamiento e inspección ordenado por juzgado de turno, a lo que personeros de la compañía dicen estar en la disposición de colaborar con el Ministerio Público, Ministerio de Ambiente y demás autoridades, para esclarecer el caso.