La defensa de los 14 militares retirados acusados por el Ministerio Público de cometer 88 casos vinculados a masacres ocurridas entre 1981 y 1988, durante el conflicto armado interno, refiere que no se hizo cadena de custodia y nadie puede asegurar que las osamentas no fueron cambiadas, por lo que no existe caso en contra de los ahora detenidos.
Según el abogado defensor Moisés Galindo, el caso en contra de los militares no ha tenido un debido proceso y no se ha actuado bajo el principio de legalidad, esto debido a que el MP presentó la acusación sin haber investigado la historia.
Por lo que la defensa solicitó a la jueza primero que todo que el MP entregue la cadena de custodia de las osamentas encontradas en la zona militar 21, fundamentado que se presentó un mapa del Instituto Geográfico Militar que en 1968 existía en el lugar un cementerio, algo que el MP debió de investigar de primero dice Galindo.
“Es una mala fe de meter a niños, jóvenes, mujeres; porque si existía un cementerio es posible que se encontraran osamentas de todo tipo”, por lo que se le pide la cadena de custodia de las osamentas encontradas, y como resultado la Fiscal a cargo dice solo tener una lista que entrego la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) de las restos.
FAFG no fue discernida como perito y nunca fueron nombrados por el juez en el proceso y según Galindo el perito es enemigo de los militares además refiere que ningún peritaje va a poder utilizarse en juicio ya que el “perito adelanto opinión en una conferencia internacional en 2014 y eso es causal de recusación por adelantar criterio antes que lo conociera un juez”.
Por tal sentido no existe una cadena de custodia que pueda garantizar que las osamentas encontradas en la zona militar 21 pertenecen a personas que fueron víctimas del Conflicto Armado Interno, por tal razón no existe un caso en contra de los 14 militares retirados, afirma el abogado defensor.
Consultado sobre el tema, el abogado constitucionalista Gabriel Orellana indica que las aseveraciones de la defensa son correctas en términos generales, ya que si no se guarda la cadena de custodia la prueba se pueda contaminar o eventualmente la puedan falsificar, “lo que la defensa está diciendo me suena razonable, pero hay que ver con que fundamentos ellos sostienen esa tesis”.
Orellana indica que por un lado la defensa tiene sus argumentos y el MP los suyos pero falta ver como lo probaran las dos partes.
Por su parte, la Fiscalía afirma que existen argumentos suficientes para ligar a proceso penal a los 14 sindicados, debido a que se presentaron los elementos de prueba en contra de los presuntos responsables de los hechos cometidos en la Zona Militar Número 21, de Cobán Alta Verapaz.
El MP sindica a Manuel Benedicto Lucas, Edgar Rolando Hernández Méndez, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, Carlos Humberto Rodríguez López, César Augusto Cabrera Mejía, Luis Alberto Paredes Nájera y Byron Humberto Barrientos Díaz de cometer los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad. Los militares retirados, eran en los 80´s parte de los mandos dentro de la institución armada.
La defensa de los 14 militares retirados acusados por el Ministerio Público de cometer 88 casos vinculados a masacres ocurridas entre 1981 y 1988, durante el conflicto armado interno, refiere que no se hizo cadena de custodia y nadie puede asegurar que las osamentas no fueron cambiadas, por lo que no existe caso en contra de los ahora detenidos.
Según el abogado defensor Moisés Galindo, el caso en contra de los militares no ha tenido un debido proceso y no se ha actuado bajo el principio de legalidad, esto debido a que el MP presentó la acusación sin haber investigado la historia.
Por lo que la defensa solicitó a la jueza primero que todo que el MP entregue la cadena de custodia de las osamentas encontradas en la zona militar 21, fundamentado que se presentó un mapa del Instituto Geográfico Militar que en 1968 existía en el lugar un cementerio, algo que el MP debió de investigar de primero dice Galindo.
“Es una mala fe de meter a niños, jóvenes, mujeres; porque si existía un cementerio es posible que se encontraran osamentas de todo tipo”, por lo que se le pide la cadena de custodia de las osamentas encontradas, y como resultado la Fiscal a cargo dice solo tener una lista que entrego la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) de las restos.
FAFG no fue discernida como perito y nunca fueron nombrados por el juez en el proceso y según Galindo el perito es enemigo de los militares además refiere que ningún peritaje va a poder utilizarse en juicio ya que el “perito adelanto opinión en una conferencia internacional en 2014 y eso es causal de recusación por adelantar criterio antes que lo conociera un juez”.
Por tal sentido no existe una cadena de custodia que pueda garantizar que las osamentas encontradas en la zona militar 21 pertenecen a personas que fueron víctimas del Conflicto Armado Interno, por tal razón no existe un caso en contra de los 14 militares retirados, afirma el abogado defensor.
Consultado sobre el tema, el abogado constitucionalista Gabriel Orellana indica que las aseveraciones de la defensa son correctas en términos generales, ya que si no se guarda la cadena de custodia la prueba se pueda contaminar o eventualmente la puedan falsificar, “lo que la defensa está diciendo me suena razonable, pero hay que ver con que fundamentos ellos sostienen esa tesis”.
Orellana indica que por un lado la defensa tiene sus argumentos y el MP los suyos pero falta ver como lo probaran las dos partes.
Por su parte, la Fiscalía afirma que existen argumentos suficientes para ligar a proceso penal a los 14 sindicados, debido a que se presentaron los elementos de prueba en contra de los presuntos responsables de los hechos cometidos en la Zona Militar Número 21, de Cobán Alta Verapaz.
El MP sindica a Manuel Benedicto Lucas, Edgar Rolando Hernández Méndez, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, Carlos Humberto Rodríguez López, César Augusto Cabrera Mejía, Luis Alberto Paredes Nájera y Byron Humberto Barrientos Díaz de cometer los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad. Los militares retirados, eran en los 80´s parte de los mandos dentro de la institución armada.