La Procuraduría General de la Nación (PGN), informó a Republica.gt que dentro del análisis realizado a los diferentes pactos colectivos, podrían plantear la inconstitucionalidad de los convenios firmados pues a su juicio socaban las finanzas del país.
De acuerdo con la titular de la PGN, María Eugenia Villagrán, analizan las acciones a emitir en los dictámenes de cada uno de los pactos y una de las opciones es plantear la inconstitucionalidad.
Sin embargo, Villagrán aclara que el mandato de la PGN es ser el órgano asesor y consultor del Estado y defender sus intereses. “He reiterado que el Estado de Guatemala atraviesa una crisis económica severa y por lo tanto, los ministros no debieron haber suscrito estos pactos sin tener una opinión previa del Ministerio de Finanzas”.
Por lo que serán los titulares de las propias instituciones los encargados de proceder, pero también le pueden solicitar a la PGN, como abogada del Estado, iniciar los procedimientos legales porque no se puede accionar si no se tienen las instrucciones, de conformidad a la Ley Orgánica de la Institución.
“Necesito la instrucción del Ministerio o del Presidente para iniciar las acciones, entonces emito dictámenes, doy recomendaciones y me tienen que venir las instrucciones para poder actuar”, añadió Villagrán.
Además, refirió que también revisan el pacto colectivo del Congreso de la República, pues verifican las cláusulas perjudiciales a los intereses económicos del Estado.
En el caso del convenio de condiciones de trabajo del Ministerio de Salud, la PGN emitió un dictamen en donde se estableció la responsabilidad de los Ministros de Salud y Trabajo del Gobierno pasado, pues no observaron normas constitucionales, presupuestarias y tampoco la Ley de Sindicalización.
“No se tomaron en cuenta las disposiciones presupuestarias, no hay dictámenes financieros, jurídicos y de la Oficina de Nacional de Servicio Civil (Onsec), que requiere la Constitución y la Ley para suscribirse el pacto”, subrayó la abogada del Estado.
“Al no observarse todos los requisitos que establecen las leyes, no se hubieran homologado los pactos. Es inaudito que cuando se están negociando los convenios no se le de participación al Ministerio de Finanzas para que establezca si hay recursos para cumplir con los compromisos a adquirir”, enfatizó la funcionaria.
Advierte que “la PGN reconoce el derecho de sindicalización y las negociaciones de los trabajadores para obtener mejoras salariales, pero también existen las Leyes que establecen cuales son los requisitos que se tienen que cumplir. La Constitución es clara al indicar que un funcionario puede hacer solo lo que la Ley expresamente le permite, basado en el principio de legalidad”.
Por este caso, al haber inobservado normas Constitucionales y otras leyes, los exfuncionarios Jorge Villavicencio, Luis Enrique Monterroso y el actual presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y exministro de Trabajo, Carlos Contreras, pudieron incurrir en acciones al margen de la ley, “por ello se presentaron las acciones legales”, reafirmó Villagrán.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, planteó una acción de inconstitucionalidad, el 6 de enero del 2016, contra el Pacto Colectivo suscrito entre el exministro Villavicencio, homologado por Contreras y modificado Monterroso.
Orellana dijo que planteó la acción porque con ese pacto por primera vez se contraponen derechos sociales. “¿Qué debe prevalecer? ¿Un pueblo sano o trabajadores bien pagados que dejan al pueblo sin acceso a salud?”, cuestionó.
El abogado también citó que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), la salud es el único derecho humano que no puede ser limitado y ese organismo basado en los parámetros de la Organización Internacional de la Salud (OMS), ha dicho que el Estado tiene la obligación de garantizar la salud “y que su nivel no puede ser reducido ni limitado”, concluyó.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), informó a Republica.gt que dentro del análisis realizado a los diferentes pactos colectivos, podrían plantear la inconstitucionalidad de los convenios firmados pues a su juicio socaban las finanzas del país.
De acuerdo con la titular de la PGN, María Eugenia Villagrán, analizan las acciones a emitir en los dictámenes de cada uno de los pactos y una de las opciones es plantear la inconstitucionalidad.
Sin embargo, Villagrán aclara que el mandato de la PGN es ser el órgano asesor y consultor del Estado y defender sus intereses. “He reiterado que el Estado de Guatemala atraviesa una crisis económica severa y por lo tanto, los ministros no debieron haber suscrito estos pactos sin tener una opinión previa del Ministerio de Finanzas”.
Por lo que serán los titulares de las propias instituciones los encargados de proceder, pero también le pueden solicitar a la PGN, como abogada del Estado, iniciar los procedimientos legales porque no se puede accionar si no se tienen las instrucciones, de conformidad a la Ley Orgánica de la Institución.
“Necesito la instrucción del Ministerio o del Presidente para iniciar las acciones, entonces emito dictámenes, doy recomendaciones y me tienen que venir las instrucciones para poder actuar”, añadió Villagrán.
Además, refirió que también revisan el pacto colectivo del Congreso de la República, pues verifican las cláusulas perjudiciales a los intereses económicos del Estado.
En el caso del convenio de condiciones de trabajo del Ministerio de Salud, la PGN emitió un dictamen en donde se estableció la responsabilidad de los Ministros de Salud y Trabajo del Gobierno pasado, pues no observaron normas constitucionales, presupuestarias y tampoco la Ley de Sindicalización.
“No se tomaron en cuenta las disposiciones presupuestarias, no hay dictámenes financieros, jurídicos y de la Oficina de Nacional de Servicio Civil (Onsec), que requiere la Constitución y la Ley para suscribirse el pacto”, subrayó la abogada del Estado.
“Al no observarse todos los requisitos que establecen las leyes, no se hubieran homologado los pactos. Es inaudito que cuando se están negociando los convenios no se le de participación al Ministerio de Finanzas para que establezca si hay recursos para cumplir con los compromisos a adquirir”, enfatizó la funcionaria.
Advierte que “la PGN reconoce el derecho de sindicalización y las negociaciones de los trabajadores para obtener mejoras salariales, pero también existen las Leyes que establecen cuales son los requisitos que se tienen que cumplir. La Constitución es clara al indicar que un funcionario puede hacer solo lo que la Ley expresamente le permite, basado en el principio de legalidad”.
Por este caso, al haber inobservado normas Constitucionales y otras leyes, los exfuncionarios Jorge Villavicencio, Luis Enrique Monterroso y el actual presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y exministro de Trabajo, Carlos Contreras, pudieron incurrir en acciones al margen de la ley, “por ello se presentaron las acciones legales”, reafirmó Villagrán.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, planteó una acción de inconstitucionalidad, el 6 de enero del 2016, contra el Pacto Colectivo suscrito entre el exministro Villavicencio, homologado por Contreras y modificado Monterroso.
Orellana dijo que planteó la acción porque con ese pacto por primera vez se contraponen derechos sociales. “¿Qué debe prevalecer? ¿Un pueblo sano o trabajadores bien pagados que dejan al pueblo sin acceso a salud?”, cuestionó.
El abogado también citó que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), la salud es el único derecho humano que no puede ser limitado y ese organismo basado en los parámetros de la Organización Internacional de la Salud (OMS), ha dicho que el Estado tiene la obligación de garantizar la salud “y que su nivel no puede ser reducido ni limitado”, concluyó.