La elección a magistrados de la Corte de Constitucionalidad empieza a tomar forma por parte de las instituciones responsables de las designaciones. El proceso es importante pues es la máxima entidad constitucional donde todos los procesos jurídicos que se gestaron durante 2015, podrían resolverse.
Por lo anterior, se busca que los nuevos magistrados titulares y suplentes cumplan los requisitos indispensables y resuelvan con independencia para garantizar resoluciones apegadas al Estado de Derecho y no con sesgo político e ideológico, según fuentes consultadas.
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, indica que lo importante es conformar una Corte cuya principal tarea es “velar por el cumplimiento y resguardo de la Constitución en todo sentido, tratando con total independencia”.
“Aunque se entiende que los contextos son importantes y tendrán relación, siempre sus dictámenes y la forma de analizar cada uno de los casos debe hacerse a la luz de la Constitución”, dice Fuentes.
Según la entrevistada, “aunque no exista una herramienta jurídica a disposición de los guatemaltecos para evitar resoluciones con carácter político, después de todo lo manifestado el año anterior, puede ser que los guatemaltecos no permitan esta manera de decidir, en ese sentido, podrían haber más manifestaciones relacionadas con este tema”, comenta la representante de Guatemala Visible.
Por su lado, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, dice que “lamentablemente” la legislación del país, relacionadacon la elección de la Corte de Constitucionalidad, no obliga “taxativamente a más”, tiene principios generales como requisitos.
Por ello considera necesario acudir a otros artículos de la Constitución y normativas internas de más reciente creación para interpretar y demandar que las instituciones que designan magistrados utilicen esa legislación y también vean la necesidad de implementar otras, como por ejemplo, la Ley de Comisiones de Postulación.
“Esto no garantizará que los electos o designados vayan a tener un buen desempeño, pero es una oportunidad de lanzar alertas cuando se postule o se intente designar o elegir a alguien con trayectoria no idónea, pero lo principal es que el proceso se realice de una forma transparente con prácticas e instrumentos que permitan buscar los mejores perfiles”, dice Ibarra.
Agrega que para separar las resoluciones jurídicas de las políticas no hay nada escrito, y se debe esperar “la buena voluntad, seriedad y la responsabilidad que deben conducirse todos los que participan en la designación de magistrados.
“No hay un artículo que prohíba taxativamente ciertas conductas que podrían, en determinado momento, ser arbitrarias o discrecionales, no hay una fórmula mágica”, manifiesta la activista.
Una elección transparente
Arnulfo Rojas Zetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia, refiere que de momento ninguno de los magistrados del Organismo Judicial ha manifestado interés de ser parte de la Corte de Constitucionalidad, por lo cual esperarán los expedientes correspondientes, convocatoria que culmina el 5 de febrero.
Rojas añade que los magistrados que ocupen una magistratura en la CC, “deberán de cumplir con los requisitos indispensables que establece la Constitución Política de la República, para tener la certeza de que la persona electa lo hará en la defensa de los derechos individuales y colectivos”.
Además, asegura que se cumplirá con los procedimientos para la elección y ponderar, por medio de la tabla de gradación para valorar la excelencia, idoneidad y capacidad de quienes participen en el proceso.
Asimismo agrega que el proceso dentro de la CSJ contará con el apoyo de la organización Guatemala Visible y la Universidad del Valle de Guatemala, para transparentar la elección y la votación será a viva voz y de manera pública para evitar señalamientos.
Mientras tanto, el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, enfatiza que en el caso del Organismo Legislativo la elección es “eminentemente política y acostumbrada a acuerdos políticos, pero que esta vez será mediante una comisión de postulación”.
Taracena indica que por el momento no se tiene conocimiento de que algún diputado del Congreso se postule para ser magistrado de la Corte; sin embargo, se escuchan los nombres de los diputados Roberto Villate, secretario general del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) y de Oliverio García, electo por el Partido Patriota.
Sin presiones
Entre tanto, Marco Antonio Sagastume, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), apunta que pidió a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que acompañe el proceso en esa entidad, así como a dos organizaciones de la sociedad civil para garantizar la elección.
Sagastume indica que históricamente la Junta Directiva del CANG no apoya a ningún candidato, porque no se quiere ningún tipo de “presiones”, además asegura que “no es correcto reelegir a ningún magistrado, y se exige que nuestro candidato no haya utilizado los recursos del colegio para impulsar su candidatura”.
Asimismo, el presidente del CANG remarca que no es posible que el candidato de dicha institución sea electo con 3 mil votos, cuando son 24 mil abogados.
“Pedimos que una minoría no elija a un magistrado titular y un suplente de la Corte, nos debe interesar el tema de la justicia. Debemos colocar a magistrados correctos que emitan fallos jurídicos y no políticos”, manifiesta Sagastume.
Algunos nombres
Los candidatos que se mencionan para participar dentro del proceso en el CANG son: Marco Antonio Villeda Sandoval, Bonerje Mejía, Ricardo Alvarado, Héctor Pérez Aguilera y Oscar Cruz, quienes deben obtener mayoría absoluta.
Por aparte, Carlos Alvarado Cerezo, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dice que espera un proceso transparente en el cual participen profesionales honorables, con trayectoria, capacidad e idoneidad.
“La universidad está dispuesta a que se haga una elección transparente, consiente de la importancia que tiene la CC para las reformas que necesitamos en el país”, subraya.
Alvarado indica que la selección se hará de una forma abierta y pública y se someterán a los candidatos en un escrutinio de la sociedad civil organizada y la población, para luego tomar una decisión en el Consejo Superior Universitario.
Estuardo Gálvez, Francisco de Matta Vela, Juan Carlos Medina Salas, el actual magistrado, Mauro Chacón y René Villegas Lara, son algunos candidatos que podrían presentarse por medio de la USAC; sin embargo, no son datos oficiales, asegura el Rector.
Al ser consultado acerca del apoyo a Gálvez, por medio del Consejo Superior Universitario, explica que por el momento cree que no tiene probabilidades en este proceso, aunque otras fuentes sostienen que el exrector es el ungido de esa casa de estudios superiores.
Por último, el vocero de la presidencia, Hein Heiman, comenta que hasta el momento no se ha recibido ningún currículo de profesionales interesados en el proceso, pero se está anuente a recibir a los postulantes.
Heiman asevera que se evaluaran a quienes se postulen para ver que cumplan con requisitos de “honorabilidad e idoneidad”, que el cargo necesita. Agrega que no se cuenta con el acompañamiento de ninguna organización para que no se parcialice la elección y que serán los medios de comunicación los testigos de la transparencia del proceso.
Acompañar, no interferir
El anunciado acompañamiento de la CICIG está dentro del marco del mandato de la entidad internacional “ya que el combate a la impunidad tiene que ver con una justicia pronta, cumplida, independiente e imparcial. Creo que acompañar no debe significar interferir”, comentó en días recientes el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac.
Para el Colegio de Abogados, la participación de la CICIG es oportuna para darle “transparencia” a la elección de magistrados, según el titular de esa institución, Marco Antonio Sagastume.
La elección a magistrados de la Corte de Constitucionalidad empieza a tomar forma por parte de las instituciones responsables de las designaciones. El proceso es importante pues es la máxima entidad constitucional donde todos los procesos jurídicos que se gestaron durante 2015, podrían resolverse.
Por lo anterior, se busca que los nuevos magistrados titulares y suplentes cumplan los requisitos indispensables y resuelvan con independencia para garantizar resoluciones apegadas al Estado de Derecho y no con sesgo político e ideológico, según fuentes consultadas.
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, indica que lo importante es conformar una Corte cuya principal tarea es “velar por el cumplimiento y resguardo de la Constitución en todo sentido, tratando con total independencia”.
“Aunque se entiende que los contextos son importantes y tendrán relación, siempre sus dictámenes y la forma de analizar cada uno de los casos debe hacerse a la luz de la Constitución”, dice Fuentes.
Según la entrevistada, “aunque no exista una herramienta jurídica a disposición de los guatemaltecos para evitar resoluciones con carácter político, después de todo lo manifestado el año anterior, puede ser que los guatemaltecos no permitan esta manera de decidir, en ese sentido, podrían haber más manifestaciones relacionadas con este tema”, comenta la representante de Guatemala Visible.
Por su lado, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, dice que “lamentablemente” la legislación del país, relacionadacon la elección de la Corte de Constitucionalidad, no obliga “taxativamente a más”, tiene principios generales como requisitos.
Por ello considera necesario acudir a otros artículos de la Constitución y normativas internas de más reciente creación para interpretar y demandar que las instituciones que designan magistrados utilicen esa legislación y también vean la necesidad de implementar otras, como por ejemplo, la Ley de Comisiones de Postulación.
“Esto no garantizará que los electos o designados vayan a tener un buen desempeño, pero es una oportunidad de lanzar alertas cuando se postule o se intente designar o elegir a alguien con trayectoria no idónea, pero lo principal es que el proceso se realice de una forma transparente con prácticas e instrumentos que permitan buscar los mejores perfiles”, dice Ibarra.
Agrega que para separar las resoluciones jurídicas de las políticas no hay nada escrito, y se debe esperar “la buena voluntad, seriedad y la responsabilidad que deben conducirse todos los que participan en la designación de magistrados.
“No hay un artículo que prohíba taxativamente ciertas conductas que podrían, en determinado momento, ser arbitrarias o discrecionales, no hay una fórmula mágica”, manifiesta la activista.
Una elección transparente
Arnulfo Rojas Zetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia, refiere que de momento ninguno de los magistrados del Organismo Judicial ha manifestado interés de ser parte de la Corte de Constitucionalidad, por lo cual esperarán los expedientes correspondientes, convocatoria que culmina el 5 de febrero.
Rojas añade que los magistrados que ocupen una magistratura en la CC, “deberán de cumplir con los requisitos indispensables que establece la Constitución Política de la República, para tener la certeza de que la persona electa lo hará en la defensa de los derechos individuales y colectivos”.
Además, asegura que se cumplirá con los procedimientos para la elección y ponderar, por medio de la tabla de gradación para valorar la excelencia, idoneidad y capacidad de quienes participen en el proceso.
Asimismo agrega que el proceso dentro de la CSJ contará con el apoyo de la organización Guatemala Visible y la Universidad del Valle de Guatemala, para transparentar la elección y la votación será a viva voz y de manera pública para evitar señalamientos.
Mientras tanto, el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, enfatiza que en el caso del Organismo Legislativo la elección es “eminentemente política y acostumbrada a acuerdos políticos, pero que esta vez será mediante una comisión de postulación”.
Taracena indica que por el momento no se tiene conocimiento de que algún diputado del Congreso se postule para ser magistrado de la Corte; sin embargo, se escuchan los nombres de los diputados Roberto Villate, secretario general del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) y de Oliverio García, electo por el Partido Patriota.
Sin presiones
Entre tanto, Marco Antonio Sagastume, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), apunta que pidió a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que acompañe el proceso en esa entidad, así como a dos organizaciones de la sociedad civil para garantizar la elección.
Sagastume indica que históricamente la Junta Directiva del CANG no apoya a ningún candidato, porque no se quiere ningún tipo de “presiones”, además asegura que “no es correcto reelegir a ningún magistrado, y se exige que nuestro candidato no haya utilizado los recursos del colegio para impulsar su candidatura”.
Asimismo, el presidente del CANG remarca que no es posible que el candidato de dicha institución sea electo con 3 mil votos, cuando son 24 mil abogados.
“Pedimos que una minoría no elija a un magistrado titular y un suplente de la Corte, nos debe interesar el tema de la justicia. Debemos colocar a magistrados correctos que emitan fallos jurídicos y no políticos”, manifiesta Sagastume.
Algunos nombres
Los candidatos que se mencionan para participar dentro del proceso en el CANG son: Marco Antonio Villeda Sandoval, Bonerje Mejía, Ricardo Alvarado, Héctor Pérez Aguilera y Oscar Cruz, quienes deben obtener mayoría absoluta.
Por aparte, Carlos Alvarado Cerezo, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dice que espera un proceso transparente en el cual participen profesionales honorables, con trayectoria, capacidad e idoneidad.
“La universidad está dispuesta a que se haga una elección transparente, consiente de la importancia que tiene la CC para las reformas que necesitamos en el país”, subraya.
Alvarado indica que la selección se hará de una forma abierta y pública y se someterán a los candidatos en un escrutinio de la sociedad civil organizada y la población, para luego tomar una decisión en el Consejo Superior Universitario.
Estuardo Gálvez, Francisco de Matta Vela, Juan Carlos Medina Salas, el actual magistrado, Mauro Chacón y René Villegas Lara, son algunos candidatos que podrían presentarse por medio de la USAC; sin embargo, no son datos oficiales, asegura el Rector.
Al ser consultado acerca del apoyo a Gálvez, por medio del Consejo Superior Universitario, explica que por el momento cree que no tiene probabilidades en este proceso, aunque otras fuentes sostienen que el exrector es el ungido de esa casa de estudios superiores.
Por último, el vocero de la presidencia, Hein Heiman, comenta que hasta el momento no se ha recibido ningún currículo de profesionales interesados en el proceso, pero se está anuente a recibir a los postulantes.
Heiman asevera que se evaluaran a quienes se postulen para ver que cumplan con requisitos de “honorabilidad e idoneidad”, que el cargo necesita. Agrega que no se cuenta con el acompañamiento de ninguna organización para que no se parcialice la elección y que serán los medios de comunicación los testigos de la transparencia del proceso.
Acompañar, no interferir
El anunciado acompañamiento de la CICIG está dentro del marco del mandato de la entidad internacional “ya que el combate a la impunidad tiene que ver con una justicia pronta, cumplida, independiente e imparcial. Creo que acompañar no debe significar interferir”, comentó en días recientes el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac.
Para el Colegio de Abogados, la participación de la CICIG es oportuna para darle “transparencia” a la elección de magistrados, según el titular de esa institución, Marco Antonio Sagastume.