Tras el rechazo de la solicitud de antejuicio contra el juez Miguel Ángel Gálvez en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fundación Contra el Terrorismo acudirá este lunes a la Corte de Constitucionalidad para interponer un amparo y de esta manera lograr que se tome en cuenta su petición.
Según Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la citada entidad, las imágenes del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, en reunión con personas afines a casos judiciales en los cuales él ha tenido relación, ameritan se inicie una investigación.
La CSJ rechazó el planteamiento, pero Méndez Ruiz asegura que de confirmarse la cita entre el juez y las personas, ello podrían derivar en delitos como tráfico de influencias, prevaricato, obstaculización a la acción penal, retardo de la justicia, denegación de justicia, conspiración y asociación ilícita.
Gálvez no quiso comentar acerca de este asunto y el denunciante asegura: “nuestra intención no es obstruir la lucha contra la corrupción, el objetivo es que se respete el debido proceso. Una cosa es una reunión oficial, mediante cita previa y en su oficina, y otra muy distinta, una cita en restaurante u otro lugar”.
Tras el rechazo de la solicitud de antejuicio contra el juez Miguel Ángel Gálvez en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fundación Contra el Terrorismo acudirá este lunes a la Corte de Constitucionalidad para interponer un amparo y de esta manera lograr que se tome en cuenta su petición.
Según Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la citada entidad, las imágenes del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, en reunión con personas afines a casos judiciales en los cuales él ha tenido relación, ameritan se inicie una investigación.
La CSJ rechazó el planteamiento, pero Méndez Ruiz asegura que de confirmarse la cita entre el juez y las personas, ello podrían derivar en delitos como tráfico de influencias, prevaricato, obstaculización a la acción penal, retardo de la justicia, denegación de justicia, conspiración y asociación ilícita.
Gálvez no quiso comentar acerca de este asunto y el denunciante asegura: “nuestra intención no es obstruir la lucha contra la corrupción, el objetivo es que se respete el debido proceso. Una cosa es una reunión oficial, mediante cita previa y en su oficina, y otra muy distinta, una cita en restaurante u otro lugar”.