Las Reformas Constitucionales al Sector Justicia presentadas por los tres presidentes de los Organismos del Estado, están en manos del Congreso de la República, y por ello abogados, así como diversos sectores, llaman a los diputados a promover un análisis profundo y escuchar todas las opiniones para evitar consecuencias negativas para el Estado de Derecho, pues en la iniciativa hay algunos temas que despiertan preocupación.
Uno de los puntos en discusión es la creación del Consejo Nacional de Justicia, que a criterio de expertos y centros de análsis, significa establecer un “súper órgano” dentro de la Corte Suprema de Justicia, aunque consideran que la idea principal es importante, pues se busca separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales.
Una de las voces que llama a discutir con profundidad el tema de las reformas, es el exmagistrado y expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, por las consecuencias si no se meditan con seriedad.
Además, según Molina, la iniciativa presentada en el Legislativo no refleja lo anaizado en las mesas de diálogo que se llevaron a cabo para discutir la propuesta, por ello sugiere no tomar a la ligera los pretendidos cambios a la Constitución.
Mientras tanto, Mario Fuentes Destarac, del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), considera que con la creación de ese Consejo, nace una entidad que “prácticamente es un órgano adicional a la CSJ, que adicionalmente tiene funciones de designaciones de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo cual extralimita el marco del Poder Judicial”.
Añade que lo ideal es mantener la unidad del poder judicial, por ello anticipa que serán temas de necesario debate para lograr un modelo de justicia para el país.
Escuche las declaraciones del Fuentes Destarac:
En opinión de Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), este tema es uno de los más importantes de la Reforma Constitucional, pues se platea como el sustituto de las Comisiones de Postulación.
“Lo que va a provocar es el aumento del poder, algo que antes no podían hacer, ahora lo tendrán” con la creación del Consejo, subraya.
Quezada refiere que esta decisión no fue meditada, porque la figura que hoy opera, “ha sido sumamente cuestionada por arbitrariedades, nombramientos ilegales y evaluaciones simbólicas a los jueces, lo cual quiere decir que a nivel interno, no ha funcionado”.
Además, señala que esta medida será “un fracaso anunciado”.
Escuche las declaraciones del investigador del CIEN:
Acerca de estas opiniones, se buscó declaraciones del Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque y del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rafael Rojas, que son parte de la mesa técnica que realizó las propuestas de Reforma Constitucional; sin embargo, no contestaron a las constantes llamadas a sus celulares.
Entre tanto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), comenta que se debe apostar por un sistema de carrera judicial “que privilegie la meritocracia, la ética y la honorabilidad de los jueces al momento de definir ascensos y sanciones”.
Asimismo, considera necesario que el Consejo no controle muchas funciones de acuerdo con el planteamiento hecho en la Reformas Constitucionales.
Por lo anterior, el abogado Roberto Molina insiste en debatir la propuesta, pues considera necesario los cambios, pero sin hacerlos “a la ligera”.
En qué consiste la reforma
De acuerdo con la propuesta de Reforma Constitucional, el Consejo Nacional de Justicia es necesario para atender la necesidad de resolver la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), asegurando que la Corte se dedique con “absoluta exclusividad a impartir justicia y desarrollar la jurisprudencia, evitando además conflictos de interés o interferencia en la independencia judicial”.
Aquí el esquema de cómo se conformaría y las atribuciones del Consejo Nacional de Justicia:
Este órgano, sin romper con la unidad propia del Organismo Judicial como poder del Estado, asume las funciones de formulación, aprobación y ejecución de la política administrativa, financiera y de modernización y fortalecimiento judicial. Este Consejo, cuyos integrantes durarían seis años en sus cargos, estaría dividido en dos Direcciones:
a) Dirección de la Carrera Judicial y
b) la Dirección Administrativa.
La integración de la Dirección de la Carrera Judicial es de carácter mixto, con representación de todos los estratos de jueces y magistrados, seleccionados mediante procedimientos públicos y transparentes que aseguran la despolitización de dicha elección; y de tres profesionales externos al Organismo Judicial electos con base en méritos. Esta Dirección asumiría la rectoría en todos los procesos relativos a la carrera judicial.
La Dirección Administrativa se integra con tres profesionales electos mediante procedimientos transparentes, públicos y basados en méritos, uno por la CSJ, uno por el Congreso de la República y uno por la Presidencia de la República en Consejo de Ministros. A esta Dirección compete la selección del personal auxiliar y las políticas administrativas y financieras. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, conserva la representación del Organismo Judicial.
Las Reformas Constitucionales al Sector Justicia presentadas por los tres presidentes de los Organismos del Estado, están en manos del Congreso de la República, y por ello abogados, así como diversos sectores, llaman a los diputados a promover un análisis profundo y escuchar todas las opiniones para evitar consecuencias negativas para el Estado de Derecho, pues en la iniciativa hay algunos temas que despiertan preocupación.
Uno de los puntos en discusión es la creación del Consejo Nacional de Justicia, que a criterio de expertos y centros de análsis, significa establecer un “súper órgano” dentro de la Corte Suprema de Justicia, aunque consideran que la idea principal es importante, pues se busca separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales.
Una de las voces que llama a discutir con profundidad el tema de las reformas, es el exmagistrado y expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, por las consecuencias si no se meditan con seriedad.
Además, según Molina, la iniciativa presentada en el Legislativo no refleja lo anaizado en las mesas de diálogo que se llevaron a cabo para discutir la propuesta, por ello sugiere no tomar a la ligera los pretendidos cambios a la Constitución.
Mientras tanto, Mario Fuentes Destarac, del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), considera que con la creación de ese Consejo, nace una entidad que “prácticamente es un órgano adicional a la CSJ, que adicionalmente tiene funciones de designaciones de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo cual extralimita el marco del Poder Judicial”.
Añade que lo ideal es mantener la unidad del poder judicial, por ello anticipa que serán temas de necesario debate para lograr un modelo de justicia para el país.
Escuche las declaraciones del Fuentes Destarac:
En opinión de Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), este tema es uno de los más importantes de la Reforma Constitucional, pues se platea como el sustituto de las Comisiones de Postulación.
“Lo que va a provocar es el aumento del poder, algo que antes no podían hacer, ahora lo tendrán” con la creación del Consejo, subraya.
Quezada refiere que esta decisión no fue meditada, porque la figura que hoy opera, “ha sido sumamente cuestionada por arbitrariedades, nombramientos ilegales y evaluaciones simbólicas a los jueces, lo cual quiere decir que a nivel interno, no ha funcionado”.
Además, señala que esta medida será “un fracaso anunciado”.
Escuche las declaraciones del investigador del CIEN:
Acerca de estas opiniones, se buscó declaraciones del Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque y del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rafael Rojas, que son parte de la mesa técnica que realizó las propuestas de Reforma Constitucional; sin embargo, no contestaron a las constantes llamadas a sus celulares.
Entre tanto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), comenta que se debe apostar por un sistema de carrera judicial “que privilegie la meritocracia, la ética y la honorabilidad de los jueces al momento de definir ascensos y sanciones”.
Asimismo, considera necesario que el Consejo no controle muchas funciones de acuerdo con el planteamiento hecho en la Reformas Constitucionales.
Por lo anterior, el abogado Roberto Molina insiste en debatir la propuesta, pues considera necesario los cambios, pero sin hacerlos “a la ligera”.
En qué consiste la reforma
De acuerdo con la propuesta de Reforma Constitucional, el Consejo Nacional de Justicia es necesario para atender la necesidad de resolver la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), asegurando que la Corte se dedique con “absoluta exclusividad a impartir justicia y desarrollar la jurisprudencia, evitando además conflictos de interés o interferencia en la independencia judicial”.
Aquí el esquema de cómo se conformaría y las atribuciones del Consejo Nacional de Justicia:
Este órgano, sin romper con la unidad propia del Organismo Judicial como poder del Estado, asume las funciones de formulación, aprobación y ejecución de la política administrativa, financiera y de modernización y fortalecimiento judicial. Este Consejo, cuyos integrantes durarían seis años en sus cargos, estaría dividido en dos Direcciones:
a) Dirección de la Carrera Judicial y
b) la Dirección Administrativa.
La integración de la Dirección de la Carrera Judicial es de carácter mixto, con representación de todos los estratos de jueces y magistrados, seleccionados mediante procedimientos públicos y transparentes que aseguran la despolitización de dicha elección; y de tres profesionales externos al Organismo Judicial electos con base en méritos. Esta Dirección asumiría la rectoría en todos los procesos relativos a la carrera judicial.
La Dirección Administrativa se integra con tres profesionales electos mediante procedimientos transparentes, públicos y basados en méritos, uno por la CSJ, uno por el Congreso de la República y uno por la Presidencia de la República en Consejo de Ministros. A esta Dirección compete la selección del personal auxiliar y las políticas administrativas y financieras. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, conserva la representación del Organismo Judicial.