Se terminaron los días de fuga del exinterventor de la Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, quien será deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, según Diego Álvarez, portavoz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Por el momento se desconocen detalles del traslado y dónde fue detenido por Migración estadounidense, nada más que al llegar a suelo guatemalteco, será apresado por las autoridades, agregó la fuente.
El exfuncionario está vinculado al caso conocido como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el cual también figuran los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como otros exfuncionarios, sindicalistas, empresarios y personas particulares.
De acuerdo con la versión del exsecretario privado de Baldetti, las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, los señalados habrían montado un esquema ilegal para entregar la operación portuaria a cambio de millonarios sobornos.
- También puedes leer: MP solicita extradición de Allan Marroquín por caso TCQ
El caso, según el MP y la CICIG
La Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares.
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TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.
[/quote_box_center]A partir de enero de 2012 y hasta al menos abril de 2015 supuestamente se concertó un grupo criminal con roles definidos, el cual estaba integrado por: Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elias (cabecillas de la estructura), Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón Rojas, Angel Pérez-Maura, Juan José Suarez Messeguer, Mauricio José Garin y Jhonatan Harry Chevez.
Ellos presuntamente se aliaron para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito.
Otto Fernando Pérez Molina designó en 2012 como “operador” de Puerto Quetzal -y enlace suyo- al empresario y piloto de aviación Guillermo Lozano Bauer, persona allegada a él, ya que voló helicópteros en los desplazamientos realizados como candidato a la Presidencia de la República, en época de campaña.
En los primeros días del gobierno del Partido Patriota, Pérez Molina atendió la recomendación que le hiciera su operador, Guillermo Lozano Bauer, de designar como interventor de la Empresa Portuaria Quetzal al abogado Allan Herbert Marroquín Castillo, nombramiento que efectuó el 24 de enero de 2012.
Asimismo, por recomendación de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, el 9 de marzo de 2012, se nombró a Julio Rolando Sandoval Cano como subinterventor y representante legal de la Empresa Portuaria Quetzal. Lozano Bauer incluyó como parte de su equipo a William Schwank López.
Las anteriores personas conformaron el círculo político de confianza en el manejo de la Empresa Portuaria Quetzal.
El contrato paralelo
Se ofreció pagar una parte de la comisión en dinero y otra por medio de un paquete accionario de TCQ, S.A.
Por instrucción del expresidente, Juan Carlos Monzón se reunió con los representantes de TCQ, Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez, donde expresó su desacuerdo con la fórmula de pago mediante un paquete accionario de TCQ, y exigió que la comisión les fuera cancelada en efectivo, a lo que accedieron los directivos.
En reuniones siguientes Juan carlos Monzón dio a conocer al grupo de negociadores, de origen español, la intención del Presidente y de la Vicepresidenta de que los pagos no se extendieran más allá de sus mandatos, y exigiendo como fecha límite para cumplir lo pactado el mes de octubre de 2015.
El grupo de españoles le entregó a Juan Carlos Monzón un cuadro con los detalles de pagos, en el que se indicaba la distribución de lo pactado de la siguiente manera:
Juan Carlos Monzón es colaborador eficaz en este y otros procesos penales contra sus antiguos jefes.
- $24.5 millones para “socio local”
- $5 millones para “argentinos”
- $0.5 millones para gastos.
En cumplimiento de ese pacto ilegal, el 26 de marzo de 2013, Monzón le hizo saber a Pérez Molina que, en reunión sostenida por él, en Cancún (México), había llegado a un acuerdo con Juan José Suárez y Mauricio Garin de la forma y cronograma de pagos de los US$24 millones, de forma tal que se cumplía con las exigencias de los exgobernantes.
La “comisión” se distribuiría en proporción del 60% para Pérez Molina y Baldetti, y el 40% para Juan Carlos Monzón.
Pérez Molina utilizó la calidad de su cargo como Presidente de la República para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio financiero directo, en detrimento de los intereses de la Nación.
El mandatario ntervino de manera decisiva en la entrega de los terrenos a TCQ; promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó para demostrar que el proyecto contaba con respaldo gubernamental y lograr de esa forma que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación.
Antejuicio magistrado CSJ
TCQ interpuso un amparo contra el alcalde municipal del Puerto de San José, Jorge Rizzo, debido a que éste quería obligar a TCQ a pagar licencia de construcción en la municipalidad. El monto que reclamaba la municipalidad ascendía a Q24 millones (219-2013 del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Escuintla). La empresa TCQ y miembros de la Portuaria se oponían al pago millonario.
Douglas Charchal renunció a su cargo como magistrado de la CSJ, tras ser ligado al proceso de TCQ.
Para resolver el problema con el alcalde Rizzo, Juan Carlos Monzón se reunió con el juez en ese entonces, Douglas Charchal Ramos, y con su asistente Mario Ruano San José y acuerdan gestionar una resolución favorable en el juzgado.
Por el anterior hecho, el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio por tráfico de influencias contra Charchal Ramos, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
- También te puede interesar: CSJ dio trámite a antejuicio contra magistrado Douglas Charchal
Se terminaron los días de fuga del exinterventor de la Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, quien será deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, según Diego Álvarez, portavoz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Por el momento se desconocen detalles del traslado y dónde fue detenido por Migración estadounidense, nada más que al llegar a suelo guatemalteco, será apresado por las autoridades, agregó la fuente.
El exfuncionario está vinculado al caso conocido como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el cual también figuran los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como otros exfuncionarios, sindicalistas, empresarios y personas particulares.
De acuerdo con la versión del exsecretario privado de Baldetti, las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, los señalados habrían montado un esquema ilegal para entregar la operación portuaria a cambio de millonarios sobornos.
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El caso, según el MP y la CICIG
La Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares.
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TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.
[/quote_box_center]A partir de enero de 2012 y hasta al menos abril de 2015 supuestamente se concertó un grupo criminal con roles definidos, el cual estaba integrado por: Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elias (cabecillas de la estructura), Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón Rojas, Angel Pérez-Maura, Juan José Suarez Messeguer, Mauricio José Garin y Jhonatan Harry Chevez.
Ellos presuntamente se aliaron para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito.
Otto Fernando Pérez Molina designó en 2012 como “operador” de Puerto Quetzal -y enlace suyo- al empresario y piloto de aviación Guillermo Lozano Bauer, persona allegada a él, ya que voló helicópteros en los desplazamientos realizados como candidato a la Presidencia de la República, en época de campaña.
En los primeros días del gobierno del Partido Patriota, Pérez Molina atendió la recomendación que le hiciera su operador, Guillermo Lozano Bauer, de designar como interventor de la Empresa Portuaria Quetzal al abogado Allan Herbert Marroquín Castillo, nombramiento que efectuó el 24 de enero de 2012.
Asimismo, por recomendación de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, el 9 de marzo de 2012, se nombró a Julio Rolando Sandoval Cano como subinterventor y representante legal de la Empresa Portuaria Quetzal. Lozano Bauer incluyó como parte de su equipo a William Schwank López.
Las anteriores personas conformaron el círculo político de confianza en el manejo de la Empresa Portuaria Quetzal.
El contrato paralelo
Se ofreció pagar una parte de la comisión en dinero y otra por medio de un paquete accionario de TCQ, S.A.
Por instrucción del expresidente, Juan Carlos Monzón se reunió con los representantes de TCQ, Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez, donde expresó su desacuerdo con la fórmula de pago mediante un paquete accionario de TCQ, y exigió que la comisión les fuera cancelada en efectivo, a lo que accedieron los directivos.
En reuniones siguientes Juan carlos Monzón dio a conocer al grupo de negociadores, de origen español, la intención del Presidente y de la Vicepresidenta de que los pagos no se extendieran más allá de sus mandatos, y exigiendo como fecha límite para cumplir lo pactado el mes de octubre de 2015.
El grupo de españoles le entregó a Juan Carlos Monzón un cuadro con los detalles de pagos, en el que se indicaba la distribución de lo pactado de la siguiente manera:
Juan Carlos Monzón es colaborador eficaz en este y otros procesos penales contra sus antiguos jefes.
- $24.5 millones para “socio local”
- $5 millones para “argentinos”
- $0.5 millones para gastos.
En cumplimiento de ese pacto ilegal, el 26 de marzo de 2013, Monzón le hizo saber a Pérez Molina que, en reunión sostenida por él, en Cancún (México), había llegado a un acuerdo con Juan José Suárez y Mauricio Garin de la forma y cronograma de pagos de los US$24 millones, de forma tal que se cumplía con las exigencias de los exgobernantes.
La “comisión” se distribuiría en proporción del 60% para Pérez Molina y Baldetti, y el 40% para Juan Carlos Monzón.
Pérez Molina utilizó la calidad de su cargo como Presidente de la República para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio financiero directo, en detrimento de los intereses de la Nación.
El mandatario ntervino de manera decisiva en la entrega de los terrenos a TCQ; promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó para demostrar que el proyecto contaba con respaldo gubernamental y lograr de esa forma que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación.
Antejuicio magistrado CSJ
TCQ interpuso un amparo contra el alcalde municipal del Puerto de San José, Jorge Rizzo, debido a que éste quería obligar a TCQ a pagar licencia de construcción en la municipalidad. El monto que reclamaba la municipalidad ascendía a Q24 millones (219-2013 del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Escuintla). La empresa TCQ y miembros de la Portuaria se oponían al pago millonario.
Douglas Charchal renunció a su cargo como magistrado de la CSJ, tras ser ligado al proceso de TCQ.
Para resolver el problema con el alcalde Rizzo, Juan Carlos Monzón se reunió con el juez en ese entonces, Douglas Charchal Ramos, y con su asistente Mario Ruano San José y acuerdan gestionar una resolución favorable en el juzgado.
Por el anterior hecho, el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio por tráfico de influencias contra Charchal Ramos, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
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