Como ya estaba programado, este 1 de febrero inició el juicio contra dos exmilitares señalados de someter a esclavitud sexual a 11 mujeres indígenas durante el conflicto armado interno.
No fue extraño ver en la sala de audiencia al embajador de los Estados Unidos Tobb Robinson, esta vez acompañado del también diplomático representante de Alemania Matthias Sonn. Para analistas, la presencia de los embajadores es hacer presión en asuntos internos del país.
Sobre la actitud del embajador Robinson, el secretario de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales Asies, Luis Linares, indica que el diplomático se “luce un poquito” y hay países mas influenciados debido a posiciones ideológicas o política internacional.
Según Linares no es la primera vez que Robinson aparece en los tribunales porque ya lo hizo en el juicio de Efraín Ríos Montt. El analista reflexiona que es una actitud que en países como México y Brasil no se ve, pero en Guatemala tienen capacidad de presión, se tolera y se da la bienvenida a ese tipo de situaciones.
Sobre la injerencia de los Estados Unidos en el país, Gustavo Porras opina que siempre ha existido, pero que hay un cambio cualitativo en la esfera de influencia y ha pasado del “tutelaje a la conducción directa”. Según Porras, definitivamente “estamos intervenidos”.
El caso donde los diplomáticos realizan presión mediática, es el desarrollo del juicio en el que 11 mujeres de la etnia maya-q’eqchíes buscan demostrar que fueron víctimas de agresiones sexuales y esclavitud doméstica en el destacamento militar de Sepur Zarco, El Estor, Izabal, entre los años 1982 y 1986.
Por este caso están acusados por el Ministerio Público, el coronel retirado Esteelmer Reyes, de 59 años, y el excomisionado militar Heriberto Valdez, de 74, que comparecen ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Yassmin Barrios.
El abogado de los exmilitares, Moisés Galindo, intenta detener el proceso alegando que existe una solicitud de amparo por considerar que los jueces del tribunal no son imparciales. Por tal motivo los procesados de rehusan a declarar.
Este es el primer caso que se juzga por delitos sexuales, “previo a que las mujeres fueran esclavizadas sexualmente y domésticamente, sus esposos fueron desaparecidos, eran viudas, tenían niños pequeños, eran madres de familia”, indicó Hilda Pineda, fiscal de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno.
Como ya estaba programado, este 1 de febrero inició el juicio contra dos exmilitares señalados de someter a esclavitud sexual a 11 mujeres indígenas durante el conflicto armado interno.
No fue extraño ver en la sala de audiencia al embajador de los Estados Unidos Tobb Robinson, esta vez acompañado del también diplomático representante de Alemania Matthias Sonn. Para analistas, la presencia de los embajadores es hacer presión en asuntos internos del país.
Sobre la actitud del embajador Robinson, el secretario de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales Asies, Luis Linares, indica que el diplomático se “luce un poquito” y hay países mas influenciados debido a posiciones ideológicas o política internacional.
Según Linares no es la primera vez que Robinson aparece en los tribunales porque ya lo hizo en el juicio de Efraín Ríos Montt. El analista reflexiona que es una actitud que en países como México y Brasil no se ve, pero en Guatemala tienen capacidad de presión, se tolera y se da la bienvenida a ese tipo de situaciones.
Sobre la injerencia de los Estados Unidos en el país, Gustavo Porras opina que siempre ha existido, pero que hay un cambio cualitativo en la esfera de influencia y ha pasado del “tutelaje a la conducción directa”. Según Porras, definitivamente “estamos intervenidos”.
El caso donde los diplomáticos realizan presión mediática, es el desarrollo del juicio en el que 11 mujeres de la etnia maya-q’eqchíes buscan demostrar que fueron víctimas de agresiones sexuales y esclavitud doméstica en el destacamento militar de Sepur Zarco, El Estor, Izabal, entre los años 1982 y 1986.
Por este caso están acusados por el Ministerio Público, el coronel retirado Esteelmer Reyes, de 59 años, y el excomisionado militar Heriberto Valdez, de 74, que comparecen ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Yassmin Barrios.
El abogado de los exmilitares, Moisés Galindo, intenta detener el proceso alegando que existe una solicitud de amparo por considerar que los jueces del tribunal no son imparciales. Por tal motivo los procesados de rehusan a declarar.
Este es el primer caso que se juzga por delitos sexuales, “previo a que las mujeres fueran esclavizadas sexualmente y domésticamente, sus esposos fueron desaparecidos, eran viudas, tenían niños pequeños, eran madres de familia”, indicó Hilda Pineda, fiscal de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno.