El Tribunal de Mayor Riesgo B inició este miércoles a petición de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), el juicio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por la muerte de mil 771 personas del área Ixil en el departamento del Quiché de 1982 a 1983 durante el conflicto armado interno.
El MP sindica a ambos de los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. El debate es a puerta cerrada y solo permanecen dentro de la sala los querellantes adhesivos y sobrevivientes. La jueza María Eugenia Castellanos, explicó que el objetivo es que los afectados no sufran una revictimización.
Entre las pruebas que serán presentadas se encuentran: declaraciones testimoniales entre 141 testigos; peritajes históricos, militares, y psicosociales; así como 66 peritajes antropológicos forenses de exhumaciones, planes militares, evidencias balísticas y certificados de defunción, entre otros.
La Corte de Constitucionalidad decidió retrotraer el proceso en mayo 2013 hasta el debate, luego de la sentencia de 80 años de prisión para los militares retirados, misma que fue anulada por el alto tribunal constitucional.
Ríos Montt no se encuentra presente en la audiencia, ya que en julio de 2015 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), lo declaró mentalmente incapaz para ello.
El Tribunal de Mayor Riesgo B inició este miércoles a petición de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), el juicio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por la muerte de mil 771 personas del área Ixil en el departamento del Quiché de 1982 a 1983 durante el conflicto armado interno.
El MP sindica a ambos de los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. El debate es a puerta cerrada y solo permanecen dentro de la sala los querellantes adhesivos y sobrevivientes. La jueza María Eugenia Castellanos, explicó que el objetivo es que los afectados no sufran una revictimización.
Entre las pruebas que serán presentadas se encuentran: declaraciones testimoniales entre 141 testigos; peritajes históricos, militares, y psicosociales; así como 66 peritajes antropológicos forenses de exhumaciones, planes militares, evidencias balísticas y certificados de defunción, entre otros.
La Corte de Constitucionalidad decidió retrotraer el proceso en mayo 2013 hasta el debate, luego de la sentencia de 80 años de prisión para los militares retirados, misma que fue anulada por el alto tribunal constitucional.
Ríos Montt no se encuentra presente en la audiencia, ya que en julio de 2015 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), lo declaró mentalmente incapaz para ello.