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Ligan a proceso a 15 sindicados por caso Aceros de Guatemala

Eder Juarez
02 de marzo, 2016

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso este martes a 15 sindicados, entre exfuncionarios y auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y personas relacionadas a la empresa Aceros de Guatemala, vinculados con el caso “impunidad y defraudación” con el fin de defraudar al Estado.

Luego de 11 días de la audiencia de primera declaración, el juez Gálvez estimó que existen suficientes evidencias contra dichas personas. Además, señaló que tienen sustento las interceptaciones telefónicas y la prueba documental que presentó el Ministerio Público y la CICIG en la diligencia. Ordenó emplazar a la Contraloría General de Cuentas para efectuar una auditoría a la empresa Aceros de Guatemala en relación con el tema del crédito fiscal.

Previo a su resolución, el juez detalló la participación de cada una de las personas vinculadas en este caso. Luego resolvió ligarlos por los siguientes delitos:

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-Álvaro Omar Franco, exsuperintendente de la SAT. En prisión preventiva por el caso “La Línea” por los delitos de cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “La Línea”.

-Elder Hermelindo Fuentes García; exintendente interino de la SAT por los delitos de asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.

-Geovanni Marroquín Navas, quien figura como enlace de la estructura y en prisión preventiva por el caso “La Línea”, cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “La Línea”.

-Ariel de Jesús Guerra Castillo, exintendente de Verificación, fue ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.

-José Antonio Mangandi Ortiz exgerente de contribuyentes especiales, por los delitos de asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.

-Alfonzo Romeo Castillo Castro, exdirector de la Intendencia jurídica, asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos.

-Evelin Yulisa Natareno Gómez, exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones, asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.

Alicia López Paiz, mandataria de la Intendencia de Asuntos Jurídicos por el delito de obstaculización de la acción penal.

-Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, auditor de la SAT, por obstaculización de la acción penal.

-Giovani Estefan Reyes Pérez, auditor de la SAT, por obstaculización de la acción penal.

-Nidia Verónica Espina Batres, auditor de la SAT por obstaculización de la acción penal.

-Julio Ernesto Román García, auditor de la SAT por obstaculización de la acción penal.

-Pedro José Raúl Paiz Valdez, representante legal de Aceros de Guatemala, cohecho activo.

-Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, representante legal de Tres Puertos, asociación ilícita y cohecho activo.

-Rigoberto Chacaj Soc, auditor de Tres Puertos, asociación ilícita y cohecho pasivo.

-Frank Manuel Trujillo Aldana, abogado de Aceros de Guatemala, ligado a proceso penal. Se le dictó falta de mérito condicional, y ordenó su arraigo y firmar cada mes el libro de asistencia en el Ministerio Público.

María Eugenia Valdez Gómez, se encuentra hospitalizada. Está pendiente de su primera declaración. Es representante legal de Aceros de Guatemala, sindicada por asociación ilícita y cohecho activo.

Aplaza diligencia

El juez Gálvez aplazó la diligencia para mañana jueves, en la que dará a conocer si dicta prisión preventiva o medidas sustitutivas a los sindicados en este proceso penal.

Antecedentes

La empresa Aceros de Guatemala, a través de Tres Puertos, utilizó la red de corrupción liderada por los sindicados Omar Franco Chacón, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Geovani Marroquín Navas ambos vinculados en el caso de defraudación aduanera “La Línea” para obtener la desestimación de tres querellas contra Aceros de Guatemala por Q255.612.266,82.

El fin de la estructura era no sólo librar a Aceros de Guatemala del proceso penal, sino también limpiarle el récord ante la SAT para que dicha empresa pudiera hacer efectivos los cobros de devolución del crédito fiscal.

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