Alfredo Augusto Rabbé, Edgar Cristiani, Carlos Herrera y José Luis Mijangos, rinden su primera declaración en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, frente al juez Walter Villatoro, sindicados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por la posible participación en el caso de Plazas Fantasmas en el Congreso de la República.
Por iguales motivos y señalamientos, el MP y la CICIG solicitaron antejuicio contra diputados que formaron parte de la junta directiva del Congreso de 2015-2016, entre ellos los expresidentes Luis Rabbé y Arístides Crespo Villegas y los diputados Julio César López Villatoro, Selvin Boanerges Mejía, César Fajardo, Manuel Marcelino García Chutá y Carlos López Girón.
Durante la audiencia de primera declaración, el MP expuso que el exlegislador Alfredo Rabbé habría contratado a 21 personas entre 2013 y 2015, con sueldos entre Q5 mil a Q15 mil, sin cumplir con los requisitos para ocupar los cargos. Mientras, que el excongresista Carlos Herrera facilitó la contratación irregular de 20 personas.
Entre tanto Luis Mijangos es vinculado de haber dado trámite de 87 contrataciones a actuales legisladores y exdiputados. A Edgar Cristiani se le sindica de haber contratado 19 personas en el 2014.
Se declaran inocentes
Los exdiputados negaron haber participado en la creación de plazas fantasmas y contrataciones anómalas en el Parlamento, declarando ser inocentes de las imputaciones de los entes de investigación. Los imputados en el caso de Plazas Fantasmas son acusados de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción.
La investigación desarrollada por el MP y la CICIG establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015, realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales.
“Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia a trabajar de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio.”, indican las autoridades.
Alfredo Augusto Rabbé, Edgar Cristiani, Carlos Herrera y José Luis Mijangos, rinden su primera declaración en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, frente al juez Walter Villatoro, sindicados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por la posible participación en el caso de Plazas Fantasmas en el Congreso de la República.
Por iguales motivos y señalamientos, el MP y la CICIG solicitaron antejuicio contra diputados que formaron parte de la junta directiva del Congreso de 2015-2016, entre ellos los expresidentes Luis Rabbé y Arístides Crespo Villegas y los diputados Julio César López Villatoro, Selvin Boanerges Mejía, César Fajardo, Manuel Marcelino García Chutá y Carlos López Girón.
Durante la audiencia de primera declaración, el MP expuso que el exlegislador Alfredo Rabbé habría contratado a 21 personas entre 2013 y 2015, con sueldos entre Q5 mil a Q15 mil, sin cumplir con los requisitos para ocupar los cargos. Mientras, que el excongresista Carlos Herrera facilitó la contratación irregular de 20 personas.
Entre tanto Luis Mijangos es vinculado de haber dado trámite de 87 contrataciones a actuales legisladores y exdiputados. A Edgar Cristiani se le sindica de haber contratado 19 personas en el 2014.
Se declaran inocentes
Los exdiputados negaron haber participado en la creación de plazas fantasmas y contrataciones anómalas en el Parlamento, declarando ser inocentes de las imputaciones de los entes de investigación. Los imputados en el caso de Plazas Fantasmas son acusados de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción.
La investigación desarrollada por el MP y la CICIG establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015, realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales.
“Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia a trabajar de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio.”, indican las autoridades.