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Absuelven a dirigentes comunitarios acusados por el MP de tres delitos

Redacción República
23 de julio, 2016

La jueza Yassmin Barrios ordenó libertad para siete líderes comunitarios de Huehuetenango, acusados de instigar disturbios en las instalaciones de la finca San Luis, ubicada en Santa Eulalia, de ese departamento, hecho ocurrido en diciembre de 2013.

Se trata de Bernardo Ermitaño López Reyes, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltasar, Arturo Pablo Juan Sotero, Adalberto Villatoro Hernández, Francisco Juan Pedro y Maynor Manuel López Barrios. Juárez y Baltasar fueron detenidos el 24 de marzo de 2015, a solicitud de la Unidad de Delitos Contra Derechos Humanos del Ministerio Público (MP).

Los mencionados fueron absueltos por los delitos de detención ilegal, instigación a delinquir y amenazas, imputados por el MP. El Tribunal A de Mayor Riesgo ordenó su inmediata liberación.

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El suceso por el cual fueron detenidos y enjuiciados, fue el 9 de diciembre de 2013, cuando un grupo de personas ingresó en la referida finca y presuntamente quemó maquinaria y destruyó una vivienda en donde habitaban trabajadores dedicados a construir una hidroeléctrica.

Asimismo, los inconformes bloquearon el camino de ingreso a la propiedad para evitar el paso de las autoridades. Tras los incidentes, el MP investigó los hechos, pidió la captura de los mencionados y los acusó de los tres delitos mencionados.

De acuerdo con el sitio web albedrio.org, los acusados no destruyeron la maquinaria, pero sí reconocen que habían obstruido la vía de ingreso a la propiedad privada porque no estaban de acuerdo con la hidroeléctrica.

“Como medida para expresar una vez más que no quieren a las empresas en su territorio, la gente construyó dos muros en las entradas a la Finca San Luis para evitar que la empresa continúe realizando trabajos de construcción de la Hidroeléctrica y que siga ingresando maquinaria para este proyecto. Esta carretera es solamente ingreso exclusivo, pues conduce a la empresa. Los líderes comunitarios en entrevista nos explicaron que esta acción no afecta en nada la libre locomoción de nadie, que no daña las carreteras comunitarias y públicas que utilizan las comunidades cercanas”.  “La verdad no se sabe de dónde saca esas ideas, saca esas informaciones ya que dentro de la nacionalidad Q´anjob´al a nadie se llamó, el pueblo tomo la decisión de ir a cerrar el acceso, de ir a sacar las maquinarias y eso fue lo que sucedió“, relata otra parte de la publicación, en relación con la acusación de que cuando ocurrió la invasión, habían pobladores de Quiché.

También puedes leer: Piden aplicar la ley por quema de finca en Huehuetenango

En esa fecha, según publicaciones de diversos medios de comunicación, las autoridades intentaron dialogar con los inconformes de manera que desalojaran la finca, pero se negaron a platicar. Los propietarios del inmueble, contaron que en dos años de trabajos, ya sumaban cuatro las ocupaciones.

Según el general Rudy Ortiz, en ese entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa y ya fallecido, en la finca había vecinos de Nebaj, Quiché, quienes les informaron que fueron llamados a manifestar por Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, dos de los absueltos por la jueza Barrios.

Absuelven a dirigentes comunitarios acusados por el MP de tres delitos

Redacción República
23 de julio, 2016

La jueza Yassmin Barrios ordenó libertad para siete líderes comunitarios de Huehuetenango, acusados de instigar disturbios en las instalaciones de la finca San Luis, ubicada en Santa Eulalia, de ese departamento, hecho ocurrido en diciembre de 2013.

Se trata de Bernardo Ermitaño López Reyes, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltasar, Arturo Pablo Juan Sotero, Adalberto Villatoro Hernández, Francisco Juan Pedro y Maynor Manuel López Barrios. Juárez y Baltasar fueron detenidos el 24 de marzo de 2015, a solicitud de la Unidad de Delitos Contra Derechos Humanos del Ministerio Público (MP).

Los mencionados fueron absueltos por los delitos de detención ilegal, instigación a delinquir y amenazas, imputados por el MP. El Tribunal A de Mayor Riesgo ordenó su inmediata liberación.

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El suceso por el cual fueron detenidos y enjuiciados, fue el 9 de diciembre de 2013, cuando un grupo de personas ingresó en la referida finca y presuntamente quemó maquinaria y destruyó una vivienda en donde habitaban trabajadores dedicados a construir una hidroeléctrica.

Asimismo, los inconformes bloquearon el camino de ingreso a la propiedad para evitar el paso de las autoridades. Tras los incidentes, el MP investigó los hechos, pidió la captura de los mencionados y los acusó de los tres delitos mencionados.

De acuerdo con el sitio web albedrio.org, los acusados no destruyeron la maquinaria, pero sí reconocen que habían obstruido la vía de ingreso a la propiedad privada porque no estaban de acuerdo con la hidroeléctrica.

“Como medida para expresar una vez más que no quieren a las empresas en su territorio, la gente construyó dos muros en las entradas a la Finca San Luis para evitar que la empresa continúe realizando trabajos de construcción de la Hidroeléctrica y que siga ingresando maquinaria para este proyecto. Esta carretera es solamente ingreso exclusivo, pues conduce a la empresa. Los líderes comunitarios en entrevista nos explicaron que esta acción no afecta en nada la libre locomoción de nadie, que no daña las carreteras comunitarias y públicas que utilizan las comunidades cercanas”.  “La verdad no se sabe de dónde saca esas ideas, saca esas informaciones ya que dentro de la nacionalidad Q´anjob´al a nadie se llamó, el pueblo tomo la decisión de ir a cerrar el acceso, de ir a sacar las maquinarias y eso fue lo que sucedió“, relata otra parte de la publicación, en relación con la acusación de que cuando ocurrió la invasión, habían pobladores de Quiché.

También puedes leer: Piden aplicar la ley por quema de finca en Huehuetenango

En esa fecha, según publicaciones de diversos medios de comunicación, las autoridades intentaron dialogar con los inconformes de manera que desalojaran la finca, pero se negaron a platicar. Los propietarios del inmueble, contaron que en dos años de trabajos, ya sumaban cuatro las ocupaciones.

Según el general Rudy Ortiz, en ese entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa y ya fallecido, en la finca había vecinos de Nebaj, Quiché, quienes les informaron que fueron llamados a manifestar por Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, dos de los absueltos por la jueza Barrios.