Durante el día 27 de la audiencia de primera declaración en el caso Cooptación del Estado, el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, decidió ligar a proceso penal a 53 de los 57 implicados en dicho proceso.
Posteriormente a la resolución del Juzgador, el Ministerio Público y los querellantes en el caso solicitaron prisión preventiva para 51 de los 53 ligados, y medidas sustitutivas para dos sindicados: Jack Irvin Cohen y Flavio Montenegro Castillo.
El juez consideró que existen suficientes medios de investigación para que los sindicados enfrenten la justicia por diversos delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.
En los cinco días de la argumentación previo a la resolución, el juez Gálvez analizó los indicios contra los sindicados, apoyándose en teorías del derecho, documentos y declaraciones en anticipo de prueba.
El jurista describió la manera en que supuestamente se crearon empresas de “cartón” para presuntamente recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor del expresidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías.
Entre las evidencias presentadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se encuentran: “declaraciones testimoniales, informes financieros, cuadros de control que detallan la manera en la cual se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias pagadas por los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero”, según estas entidades.
El MP solicitó a Gálvez dictar auto de prisión preventiva contra los ligados a proceso penal; sin embargo, hizo énfasis en los casos de Ivin Cohen y de Flavio Montenegro, con el objetivo de no violar su derecho a la salud, esto es lo que dice el Fiscal Julio Barrios Prado al respecto.
Los ahora procesados dijeron que respetan la resolución del juez, y que en el proceso mostrarán su inocencia, según el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla.
Durante el día 27 de la audiencia de primera declaración en el caso Cooptación del Estado, el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, decidió ligar a proceso penal a 53 de los 57 implicados en dicho proceso.
Posteriormente a la resolución del Juzgador, el Ministerio Público y los querellantes en el caso solicitaron prisión preventiva para 51 de los 53 ligados, y medidas sustitutivas para dos sindicados: Jack Irvin Cohen y Flavio Montenegro Castillo.
El juez consideró que existen suficientes medios de investigación para que los sindicados enfrenten la justicia por diversos delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.
En los cinco días de la argumentación previo a la resolución, el juez Gálvez analizó los indicios contra los sindicados, apoyándose en teorías del derecho, documentos y declaraciones en anticipo de prueba.
El jurista describió la manera en que supuestamente se crearon empresas de “cartón” para presuntamente recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor del expresidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías.
Entre las evidencias presentadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se encuentran: “declaraciones testimoniales, informes financieros, cuadros de control que detallan la manera en la cual se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias pagadas por los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero”, según estas entidades.
El MP solicitó a Gálvez dictar auto de prisión preventiva contra los ligados a proceso penal; sin embargo, hizo énfasis en los casos de Ivin Cohen y de Flavio Montenegro, con el objetivo de no violar su derecho a la salud, esto es lo que dice el Fiscal Julio Barrios Prado al respecto.
Los ahora procesados dijeron que respetan la resolución del juez, y que en el proceso mostrarán su inocencia, según el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla.