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Fiscales contra la Corrupción secuestran documentos de Transurbano

Redacción República
20 de agosto, 2016

Tras los allanamientos de ayer viernes en las instalaciones del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (Siga), Fiscales contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) secuestraron y embalaron documentos para analizarlos.

La revisión inició a las 14 horas y prosiguió durante la noche ante denuncias de posibles actos de corrupción, entre estas, aportes gubernamentales para implementar el sistema prepago en las unidades. Asimismo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) planteó tres denuncias penales en los últimos meses.

Uno de los aportes consistente en US$35 millones (Q270 millones) es considerado inconstitucional, porque no se debió autorizar recursos económicos a una empresa privada en un tema que compete exclusivamente a la municipalidad de Guatemala, alegó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

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Otras irregularidades fue adquirir bienes que no fueron utilizados, pagos en exceso por distribución de subsidio en combustible y pagos improcedentes.

En 2012 se detectó falta de procedimientos internos de control para confirmar la veracidad de la información de trabajo de las unidades de transporte recibidas de las empresas de transporte urbano agremiadas a la AEAU y se impuso una sanción de Q250 mil.

Fiscales contra la Corrupción secuestran documentos de Transurbano

Redacción República
20 de agosto, 2016

Tras los allanamientos de ayer viernes en las instalaciones del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (Siga), Fiscales contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) secuestraron y embalaron documentos para analizarlos.

La revisión inició a las 14 horas y prosiguió durante la noche ante denuncias de posibles actos de corrupción, entre estas, aportes gubernamentales para implementar el sistema prepago en las unidades. Asimismo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) planteó tres denuncias penales en los últimos meses.

Uno de los aportes consistente en US$35 millones (Q270 millones) es considerado inconstitucional, porque no se debió autorizar recursos económicos a una empresa privada en un tema que compete exclusivamente a la municipalidad de Guatemala, alegó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

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Otras irregularidades fue adquirir bienes que no fueron utilizados, pagos en exceso por distribución de subsidio en combustible y pagos improcedentes.

En 2012 se detectó falta de procedimientos internos de control para confirmar la veracidad de la información de trabajo de las unidades de transporte recibidas de las empresas de transporte urbano agremiadas a la AEAU y se impuso una sanción de Q250 mil.