Usurpaciones flagrantes y violentas y falta de resguardo a los derechos constitucionales, parece ser la tónica de los últimos meses en acciones que contravienen la propiedad privada, mantenimiento del orden público, así como la garantía de resguardo a la vida, seguridad y paz de la población.
Mil 500 conflictos agrarios heredó el presente gobierno, lo que se traduce en 1 millón 394 mil hectáreas del territorio nacional (más de 13 mil kilómetros cuadrados) y se estima que la cantidad de litigios incrementó hasta los mil 800, según los últimos reportes.
Alta Verapaz e Izabal son los dos departamentos que concentran conflictividad y varios grupos actúan al margen de la ley. Otros lugares, como San Marcos, son muestra del poderío de estos grupos paralelos en donde el temor acecha, incluso, a las autoridades, para muestra, el 25 de agosto una de las empresas ubicadas en El Estor, fue atacada por una turba y esto despertó de nuevo las alarmas acerca de la impunidad con que actúan estos grupos.
- Puede consultar: Video muestra cómo ocurrió el secuestro en finca El Pataxte
La Cámara del Agro (Camagro) interpuso un amparo contra el Presidente de la República, Ministro de Gobernación y Director de la Policía Nacional Civil, en aras de garantizar la protección a las personas y entidades en las dos regiones mencionadas al inicio, y para que se cumpla en las fechas resueltas por Juez competente con el rescate de lugares ocupados.
El artículo 590 del Código Civil reza que los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación y los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación y el 39 de la Constitución garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona.
También indica que solo en caso de guerra, calamidad pública o perturbación de la paz, puede ocuparse, intervenirse o expropiarse la tierra sin previa indemnización, aunque este último punto debe ser efectivo al terminar la emergencia.
Hacia 1979, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó la existencia de 531 mil 623 fincas rurales en el país, de estas, 480 mil tenían cultivos anuales y 136 mil 638 con cultivos permanentes. Petén era en ese momento el que menos cantidad presentaba de fincas en propiedad o arrendadas, aunque mantuvo la mayor cantidad de reservas nacionales.
- Vea también: Camagro: incrementan invasiones en el Polochic
Anarquía se palpó en Río Dulce-Polochic
Este año, fueron invadidas 25 propiedades de productores en el lugar y esto impactó 12 mil empleos directos e indirectos. En pérdidas se reportan unos Q56 millones, informó Humberto Preti, expresidente de la Cámara del Agro.
“Un ingenio compró fincas en Panzós y mucha gente en las vecindades sembró caña para venderles, pero los dueños empezaron a tener problemas porque organizaciones como el CUC bloqueaban el ingreso y salida de camiones Vendieron entonces a unos empresarios nicaragüenses y lo mismo. Cerraron el ingenio por la provocación de estos grupos”, describió.
Las denuncias fueron presentadas al Ministerio Público por tratarse de usurpación agravada, según el artículo 257 del Código Penal, y también consideran que hubo robo agravado, sancionado en el artículo 252 de esta normativa.
Los agraviados afirman que las invasiones no son pacíficas pues toman a la fuerza la propiedad armados de machetes, palos y armas de fuego. También intimidan a los empleados, robándoles lo que sea transportable y lo que no, se los destruyen.
- Recomendado: http://HISTORIA DEL COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA “CUC”. (Brazo campesino del Ejército Guerrillero de los Pobres) EGP.
Reubican familias
En la fotografía, al centro, Daniel Pascual, dirigente del CUC y uno de los incitadores, según los afectados.
La Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) reportó el jueves último que un total de 108 familias del Valle del Polochic, en Alta Verapaz, fueron reubicadas temporalmente por el Gobierno, en atención a medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Según los acuerdos suscritos entre la institucionalidad del Estado guatemalteco, el ingenio azucarero Chabil Utzaj y los pobladores del lugar, la reubicación temporal de las familias que mantenían ocupadas las fincas Tinajas, Paraná y Miralvalle se hizo en las fincas Mercedes y Sauce del Sur”, reportaron.
Se agregó que las familias fueron trasladadas, mientras personal técnico del Fondo de Tierras (Fontierras) efectúa estudios técnicos, administrativos y registrales-catastrales para iniciar la adjudicación de terrenos.
Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS) manifestó en una columna de opinión, que los derechos de la población empobrecida “sirven de bandera para lograr intereses espurios”, es decir millones de quetzales que reciben de la cooperación internacional que están atrás de estas acciones.
En el caso de las familias reubicadas, aseveró que ve como positivo que el gobierno esté actuando y refirió que le toca al Gobierno resolver porque se han presentado recursos para ello:
Usurpaciones flagrantes y violentas y falta de resguardo a los derechos constitucionales, parece ser la tónica de los últimos meses en acciones que contravienen la propiedad privada, mantenimiento del orden público, así como la garantía de resguardo a la vida, seguridad y paz de la población.
Mil 500 conflictos agrarios heredó el presente gobierno, lo que se traduce en 1 millón 394 mil hectáreas del territorio nacional (más de 13 mil kilómetros cuadrados) y se estima que la cantidad de litigios incrementó hasta los mil 800, según los últimos reportes.
Alta Verapaz e Izabal son los dos departamentos que concentran conflictividad y varios grupos actúan al margen de la ley. Otros lugares, como San Marcos, son muestra del poderío de estos grupos paralelos en donde el temor acecha, incluso, a las autoridades, para muestra, el 25 de agosto una de las empresas ubicadas en El Estor, fue atacada por una turba y esto despertó de nuevo las alarmas acerca de la impunidad con que actúan estos grupos.
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La Cámara del Agro (Camagro) interpuso un amparo contra el Presidente de la República, Ministro de Gobernación y Director de la Policía Nacional Civil, en aras de garantizar la protección a las personas y entidades en las dos regiones mencionadas al inicio, y para que se cumpla en las fechas resueltas por Juez competente con el rescate de lugares ocupados.
El artículo 590 del Código Civil reza que los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación y los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación y el 39 de la Constitución garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona.
También indica que solo en caso de guerra, calamidad pública o perturbación de la paz, puede ocuparse, intervenirse o expropiarse la tierra sin previa indemnización, aunque este último punto debe ser efectivo al terminar la emergencia.
Hacia 1979, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó la existencia de 531 mil 623 fincas rurales en el país, de estas, 480 mil tenían cultivos anuales y 136 mil 638 con cultivos permanentes. Petén era en ese momento el que menos cantidad presentaba de fincas en propiedad o arrendadas, aunque mantuvo la mayor cantidad de reservas nacionales.
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Anarquía se palpó en Río Dulce-Polochic
Este año, fueron invadidas 25 propiedades de productores en el lugar y esto impactó 12 mil empleos directos e indirectos. En pérdidas se reportan unos Q56 millones, informó Humberto Preti, expresidente de la Cámara del Agro.
“Un ingenio compró fincas en Panzós y mucha gente en las vecindades sembró caña para venderles, pero los dueños empezaron a tener problemas porque organizaciones como el CUC bloqueaban el ingreso y salida de camiones Vendieron entonces a unos empresarios nicaragüenses y lo mismo. Cerraron el ingenio por la provocación de estos grupos”, describió.
Las denuncias fueron presentadas al Ministerio Público por tratarse de usurpación agravada, según el artículo 257 del Código Penal, y también consideran que hubo robo agravado, sancionado en el artículo 252 de esta normativa.
Los agraviados afirman que las invasiones no son pacíficas pues toman a la fuerza la propiedad armados de machetes, palos y armas de fuego. También intimidan a los empleados, robándoles lo que sea transportable y lo que no, se los destruyen.
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Reubican familias
En la fotografía, al centro, Daniel Pascual, dirigente del CUC y uno de los incitadores, según los afectados.
La Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) reportó el jueves último que un total de 108 familias del Valle del Polochic, en Alta Verapaz, fueron reubicadas temporalmente por el Gobierno, en atención a medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Según los acuerdos suscritos entre la institucionalidad del Estado guatemalteco, el ingenio azucarero Chabil Utzaj y los pobladores del lugar, la reubicación temporal de las familias que mantenían ocupadas las fincas Tinajas, Paraná y Miralvalle se hizo en las fincas Mercedes y Sauce del Sur”, reportaron.
Se agregó que las familias fueron trasladadas, mientras personal técnico del Fondo de Tierras (Fontierras) efectúa estudios técnicos, administrativos y registrales-catastrales para iniciar la adjudicación de terrenos.
Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS) manifestó en una columna de opinión, que los derechos de la población empobrecida “sirven de bandera para lograr intereses espurios”, es decir millones de quetzales que reciben de la cooperación internacional que están atrás de estas acciones.
En el caso de las familias reubicadas, aseveró que ve como positivo que el gobierno esté actuando y refirió que le toca al Gobierno resolver porque se han presentado recursos para ello: