La audiencia se reanuda en el marco de una nueva ola de amenazas contra la Fiscal General, Thelma Aldana, quien con anterioridad denunció que las primeras amenazas provenían de esta supuesta estructura criminal. Esta vez se encuentra en “alerta máxima” pues la estructura que quiere atentar en su contra, “espera que se ejecute ya”.
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La Línea puso a Guatemala otra vez en los ojos del mundo porque involucró y causó la renuncia y captura de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como la detención de las más altas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria y personas particulares.
Preparados para el proceso
A año y medio del destape del acontecimiento que escandalizó a la clase política de Guatemala, se decidirá el futuro legal de 49 implicados. El abogado defensor del expresidente Pérez Molina, Cesar Calderón, dice que la defensa espera que no haya debate oral y público contra su cliente y que el caso se cierre.
Calderón asegura que se encuentran preparados para enfrentar la etapa intermedia, aunque desconoce la decisión que tomará el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se tiene previsto inicie la etapa intermedia, a las 10 horas del próximo 10 de octubre.
Por su lado, el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, subraya que el Ministerio Público espera que el Juez admita los hechos por los que fueron acusados y remita al Tribunal de Sentencia a los implicados para juzgarlos.
De acuerdo con Sandoval, en la acusación que el MP presentó, existen suficientes indicios para que los imputados enfrenten debate oral y público, porque presentaron informacion obtenida de las interceptaciones telefonicas y dispositivos analizados, así como documentación, tanto aduanera como en allanamientos, lo cual permite establecer, por lo menos para el MP, que existió una estructura criminal operando desde la Superintendencia de Administración Tributaria.
Además, “hubo menoscabo de los ingresos fiscales y aduaneros donde salieron beneficiados funcionarios por un monto de alrededor de Q39 millones”, de acuerdo con la FECI.
Entre los acusados por este caso se encuentran exempleados y exaltos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), algunos importadores que se beneficiaron de la estructura y tramitadores, entre otras personas.
Los involucrados:
Personal de la SAT:
Carlos Enrique Muñoz Roldán, exsuperintendente de la SAT.
Álvaro Omar Franco Chacón, exsuperintendente de la SAT.
Claudia Méndez Ascencio, exintendente de Aduanas de la SAT.
Sebastián Herrera Carrera, jefe de Recursos Humanos.
Anthony Segura Franco, secretario general del sindicato de la SAT.
Karla Mireya Herrera España, administradora de la Aduana Central.
Gustavo Morales Pinzón, jefe de división región sur.
José Rolando Gil Monterroso.
Melvin Gudiel Alvarado, administrador.
Red externa (todos sindicados por los delitos de asociación ilícita para el contrabando aduanero y caso especial de contrabando aduanero).
Adolfo Sebastián Batz.
Carlos Ixtuc Cuc.
Geovanni Marroquín Navas.
Julio César Aldana Sosa.
Mónica Patricia Jáuregui.
Salvador Estuardo González alias “Eco”
Osama Ezzat Aziz Aranki.
Byron Antonio Izquierdo.
Francisco Javier Ortiz Arriaga alias “Teniente Jerez”
Julio Estuardo González de León.
Herbert Francisco Cabrera.
Miguel Ángel Lemus Aldana.
Y los tres cabecillas, que presuntamente crearon la estructura criminal
Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala.
Roxana Baldetti Elías, exvicepresdienta de Guatemala.
Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario Privado de la Vicepresidencia.
La audiencia se reanuda en el marco de una nueva ola de amenazas contra la Fiscal General, Thelma Aldana, quien con anterioridad denunció que las primeras amenazas provenían de esta supuesta estructura criminal. Esta vez se encuentra en “alerta máxima” pues la estructura que quiere atentar en su contra, “espera que se ejecute ya”.
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La Línea puso a Guatemala otra vez en los ojos del mundo porque involucró y causó la renuncia y captura de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como la detención de las más altas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria y personas particulares.
Preparados para el proceso
A año y medio del destape del acontecimiento que escandalizó a la clase política de Guatemala, se decidirá el futuro legal de 49 implicados. El abogado defensor del expresidente Pérez Molina, Cesar Calderón, dice que la defensa espera que no haya debate oral y público contra su cliente y que el caso se cierre.
Calderón asegura que se encuentran preparados para enfrentar la etapa intermedia, aunque desconoce la decisión que tomará el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se tiene previsto inicie la etapa intermedia, a las 10 horas del próximo 10 de octubre.
Por su lado, el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, subraya que el Ministerio Público espera que el Juez admita los hechos por los que fueron acusados y remita al Tribunal de Sentencia a los implicados para juzgarlos.
De acuerdo con Sandoval, en la acusación que el MP presentó, existen suficientes indicios para que los imputados enfrenten debate oral y público, porque presentaron informacion obtenida de las interceptaciones telefonicas y dispositivos analizados, así como documentación, tanto aduanera como en allanamientos, lo cual permite establecer, por lo menos para el MP, que existió una estructura criminal operando desde la Superintendencia de Administración Tributaria.
Además, “hubo menoscabo de los ingresos fiscales y aduaneros donde salieron beneficiados funcionarios por un monto de alrededor de Q39 millones”, de acuerdo con la FECI.
Entre los acusados por este caso se encuentran exempleados y exaltos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), algunos importadores que se beneficiaron de la estructura y tramitadores, entre otras personas.
Los involucrados:
Personal de la SAT:
Carlos Enrique Muñoz Roldán, exsuperintendente de la SAT.
Álvaro Omar Franco Chacón, exsuperintendente de la SAT.
Claudia Méndez Ascencio, exintendente de Aduanas de la SAT.
Sebastián Herrera Carrera, jefe de Recursos Humanos.
Anthony Segura Franco, secretario general del sindicato de la SAT.
Karla Mireya Herrera España, administradora de la Aduana Central.
Gustavo Morales Pinzón, jefe de división región sur.
José Rolando Gil Monterroso.
Melvin Gudiel Alvarado, administrador.
Red externa (todos sindicados por los delitos de asociación ilícita para el contrabando aduanero y caso especial de contrabando aduanero).
Adolfo Sebastián Batz.
Carlos Ixtuc Cuc.
Geovanni Marroquín Navas.
Julio César Aldana Sosa.
Mónica Patricia Jáuregui.
Salvador Estuardo González alias “Eco”
Osama Ezzat Aziz Aranki.
Byron Antonio Izquierdo.
Francisco Javier Ortiz Arriaga alias “Teniente Jerez”
Julio Estuardo González de León.
Herbert Francisco Cabrera.
Miguel Ángel Lemus Aldana.
Y los tres cabecillas, que presuntamente crearon la estructura criminal
Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala.
Roxana Baldetti Elías, exvicepresdienta de Guatemala.
Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario Privado de la Vicepresidencia.