La familia del médico Erwin Raúl Castañeda, podria demandar al Estado de Guatemala por su muerte, al haber violado su derecho a la salud, según Domingo Montejo, abogado defensor. El galeno falleció la tarde del miércoles en la entrada del Hospital Militar a donde había sido trasladado de la cárcel ubicada en la Brigada Mariscal Zavala, porque sufrió un desmayo.
El pasado 2 de septiembre la defensa había pedido al Tribunal Noveno Penal, que le otorgaran medidas sutitutivas y fuera ingresado en un centro asistencial por los padecimientos de salud que mantenía; sin embargo la petición fue negada.
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Castañeda Pineda, de 61 años, dijo al Tribunal que necesitaba atención medica por una cirugía a la cual había sido sometido, además de denunciar una supuesta negligencia por parte de un medico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que lo evaluó por “tres minutos”, escuche el audio que transmitió el canal TN23.
Castañeda fue encarcelado en mayo de 2015, luego de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo implicaran en el caso conocido como IGSS-Pisa, por la presunta sobrevaloración del contrato con dicha empresa encargada de atender a enfermos renales del Seguro Social.
De acuerdo con Montejo, ya se había advertido al Tribunal las condiciones de salud de su defendido, pese a ello fueron negadas las peticiones. Primero se solicitó una revisión de la medida de coerción ante la Jueza Silvia de León, quien dictó la medida, y pudo negar la solicitud por los antecedentes de haber sido sindicada por la CICIG en el informe “Los Jueces de la Impunidad”, “avalando una acción injusta e ilegal contra Castañeda”, dice su defensor.
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Posteriormente se le hizo la solicitud al Tribunal Noveno sin que se le haya otorgado las medidas solicitadas, violando los derechos fundamentales de salud y del debido proceso, pues se encontraba en prisión preventiva durante un año y cuatro meses, enfatiza su abogado. (Escuche las declaraciones)
Mientras tanto, el Director del Instituto Nacional de Ciencias Forense (Inacif), Jorge Nery cabrera, informó las causas del fallecimiento del representante del Colegio de Medicos, ante la Junta Directiva del Seguro Social, asegurando que el deceso fue originado por una Pancreatitis.
De acuerdo con Cabrera, dicha enfermedad le puede dar a cualquier persona sin importar sus condiciones medicas, inclusive puede ser viral o por estrés. (escuche las declaraciones del director del Inacif)
Antecedentes del caso IGSS-PISA
Estas son las consideraciones de la CICIG, publicadas en su comunicado de prensa:
- El 21 de julio del 2014, el IGSS inició el evento 3381625 para la contratación de los servicios de diálisis peritoneal continua ambulatoria para pacientes del IGSS, el cual fue asignado a la droguería PISA, S.A. el 2 de octubre de 2014.
- Otto Fernando Molina Stalling, quien fungía como asesor del IGSS, junto a Herbert Rodolfo García-Granados Reyes se comprometieron con directivos de la droguería PISA a lograr que la adjudicación del contrato se aprobara a su favor, el cual ascendía a la suma de Q116.227.035 millones.
- A través de interceptaciones telefónicas se determinó que presuntamente se cobró a PISA entre el 15% y el 16% de comisión por el otorgamiento de dicho contrato.
- La Junta Directiva del IGSS designó a la Junta de Licitación con cinco miembros que no reunían las exigencias legales que obliga nombrar personas con aptitud suficiente para abordar el examen de propuestas de un contrato de esa naturaleza.
- Los elementos de prueba que se han recogido permiten afirmar que Otto Fernando Molina Stalling, Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, Edgar René de la Peña Archila, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y Arturo Adolfo Castellanos Poou estuvieron vinculados en irregularidades en el contrato No. 3381625.
- Herbert Rodolfo García-Granados Reyes y Lorenzana realizaron actividades encaminadas a concursar y ganar de manera irregular otro proceso de licitación con No. 3616088 para la contratación de hemodiálisis para pacientes de consulta externa. Este proceso no fue adjudicado porque a través de las interceptaciones telefónicas se determinó que se le otorgó a otra empresa que dio un mayor soborno, la cual está bajo investigación.
- Existen indicios de que Carmen Yadira Gil Quiñonez, Delia Haydeé Castañon Guerra
Mayra Lissbeth Gómez Suárez, Doris Elubia González Salazar y Alba Maritza Maldonado Gamboa, integrantes de la Junta de Licitación, pudieron haber incurrido en irregularidades en el desempeño de sus funciones con la adjudicación de dicho contrato a PISA, que a su vez subcontrató a otra empresa para la prestación del tratamiento.
- Se encontró prueba documental de que los miembros de la junta directiva: Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, Julio Roberto Suárez Guerra, Jesús Arnulfo Oliva Leal, Erwin Raúl Castañeda Pineda, Max Erwin Quirín Schoder y Julia Amparo Lotán Garzona pudieron incurrir en el delito de fraude porque según consta en el acta de la sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2014, por unanimidad la junta directiva del IGSS avaló lo actuado por la Junta de Licitación, que adjudicó el contrato 3381625 a la droguería PISA.
La familia del médico Erwin Raúl Castañeda, podria demandar al Estado de Guatemala por su muerte, al haber violado su derecho a la salud, según Domingo Montejo, abogado defensor. El galeno falleció la tarde del miércoles en la entrada del Hospital Militar a donde había sido trasladado de la cárcel ubicada en la Brigada Mariscal Zavala, porque sufrió un desmayo.
El pasado 2 de septiembre la defensa había pedido al Tribunal Noveno Penal, que le otorgaran medidas sutitutivas y fuera ingresado en un centro asistencial por los padecimientos de salud que mantenía; sin embargo la petición fue negada.
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Castañeda Pineda, de 61 años, dijo al Tribunal que necesitaba atención medica por una cirugía a la cual había sido sometido, además de denunciar una supuesta negligencia por parte de un medico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que lo evaluó por “tres minutos”, escuche el audio que transmitió el canal TN23.
Castañeda fue encarcelado en mayo de 2015, luego de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo implicaran en el caso conocido como IGSS-Pisa, por la presunta sobrevaloración del contrato con dicha empresa encargada de atender a enfermos renales del Seguro Social.
De acuerdo con Montejo, ya se había advertido al Tribunal las condiciones de salud de su defendido, pese a ello fueron negadas las peticiones. Primero se solicitó una revisión de la medida de coerción ante la Jueza Silvia de León, quien dictó la medida, y pudo negar la solicitud por los antecedentes de haber sido sindicada por la CICIG en el informe “Los Jueces de la Impunidad”, “avalando una acción injusta e ilegal contra Castañeda”, dice su defensor.
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Posteriormente se le hizo la solicitud al Tribunal Noveno sin que se le haya otorgado las medidas solicitadas, violando los derechos fundamentales de salud y del debido proceso, pues se encontraba en prisión preventiva durante un año y cuatro meses, enfatiza su abogado. (Escuche las declaraciones)
Mientras tanto, el Director del Instituto Nacional de Ciencias Forense (Inacif), Jorge Nery cabrera, informó las causas del fallecimiento del representante del Colegio de Medicos, ante la Junta Directiva del Seguro Social, asegurando que el deceso fue originado por una Pancreatitis.
De acuerdo con Cabrera, dicha enfermedad le puede dar a cualquier persona sin importar sus condiciones medicas, inclusive puede ser viral o por estrés. (escuche las declaraciones del director del Inacif)
Antecedentes del caso IGSS-PISA
Estas son las consideraciones de la CICIG, publicadas en su comunicado de prensa:
- El 21 de julio del 2014, el IGSS inició el evento 3381625 para la contratación de los servicios de diálisis peritoneal continua ambulatoria para pacientes del IGSS, el cual fue asignado a la droguería PISA, S.A. el 2 de octubre de 2014.
- Otto Fernando Molina Stalling, quien fungía como asesor del IGSS, junto a Herbert Rodolfo García-Granados Reyes se comprometieron con directivos de la droguería PISA a lograr que la adjudicación del contrato se aprobara a su favor, el cual ascendía a la suma de Q116.227.035 millones.
- A través de interceptaciones telefónicas se determinó que presuntamente se cobró a PISA entre el 15% y el 16% de comisión por el otorgamiento de dicho contrato.
- La Junta Directiva del IGSS designó a la Junta de Licitación con cinco miembros que no reunían las exigencias legales que obliga nombrar personas con aptitud suficiente para abordar el examen de propuestas de un contrato de esa naturaleza.
- Los elementos de prueba que se han recogido permiten afirmar que Otto Fernando Molina Stalling, Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, Edgar René de la Peña Archila, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y Arturo Adolfo Castellanos Poou estuvieron vinculados en irregularidades en el contrato No. 3381625.
- Herbert Rodolfo García-Granados Reyes y Lorenzana realizaron actividades encaminadas a concursar y ganar de manera irregular otro proceso de licitación con No. 3616088 para la contratación de hemodiálisis para pacientes de consulta externa. Este proceso no fue adjudicado porque a través de las interceptaciones telefónicas se determinó que se le otorgó a otra empresa que dio un mayor soborno, la cual está bajo investigación.
- Existen indicios de que Carmen Yadira Gil Quiñonez, Delia Haydeé Castañon Guerra
Mayra Lissbeth Gómez Suárez, Doris Elubia González Salazar y Alba Maritza Maldonado Gamboa, integrantes de la Junta de Licitación, pudieron haber incurrido en irregularidades en el desempeño de sus funciones con la adjudicación de dicho contrato a PISA, que a su vez subcontrató a otra empresa para la prestación del tratamiento.
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