Jueces, fiscales y magistrados han sido víctimas de intimidaciones y amenazas por personas involucradas en casos judiciales, por lo cual han sido presentadas 62 denuncias.
Este martes Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, denunció ante el Ministerio Público (MP) un caso de intromisión a su trabajo.
El juez Xitumul explicó que Carlos Solórzano, miembro del Mecanismo de Prevención contra la Tortura, presentó el 16 de agosto un documento donde “sugería” dejar en libertad a dos señaladas en un caso de corrupción en la Municipalidad de Chinautla.
“El oficio especificaba que las dos mujeres -ambas de apellido Osorio– debían estar en libertad porque tenían que compartir con sus hijos y que una de ellas necesitaba atención médica. Lo raro del caso es que ni ellas, ni sus abogados, habían presentado la petición al Tribunal”, explicó el juez.
“Nadie puede interferir”
Xitumul citó que la Ley especifica que nadie puede entrometerse en las decisiones de un juez. “El artículo 60 de la Ley del Organismo Judicial dice que nadie, ningún funcionario público o persona particular, puede hacer inquietar a los jueces y magistrados en la toma de sus decisiones”, aseveró.
Explicó que el lunes citó a Solórzano para que devolviera los documentos, pero debido a que el representante del Mecanismo de Prevención contra la Tortura no se presentó, optó por plantear la denuncia ante el MP.
Denuncias y amenazas
Así como este caso, la Fiscalía de De Derechos Humanos del MP, informó que de enero a julio, ingresaron 62 denuncias más de jueces, fiscales y magistrados, víctimas de intimidaciones, amenazas, coacción o intromisión.
Del total de denuncias, el 70 por ciento (44), fueron presentadas por amenazas contra los jueces.
“Diez de esas denuncias han sido por amenazas o intimidaciones contra los operadores de justicia en las diferentes redes sociales”, detalló el MP.
Agregó que Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché, son los departamentos que tienen la mayoría de los casos.
Cifras 2017
La Fiscalía de Derechos Humanos del MP agregó que en 2017 recibieron 112 denuncias de operadores de justicia. De esa cantidad, 89 fueron reportadas en el departamento de Guatemala.
Alta Verapaz, Jutiapa y Sacatepéquez son el resto de departamentos que tiene el mayor número de denuncias.
Del total general, el 51 por ciento (58) fueron presentadas por amenazas contra los jueces, magistrados y abogados particulares.
Jueces, fiscales y magistrados han sido víctimas de intimidaciones y amenazas por personas involucradas en casos judiciales, por lo cual han sido presentadas 62 denuncias.
Este martes Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, denunció ante el Ministerio Público (MP) un caso de intromisión a su trabajo.
El juez Xitumul explicó que Carlos Solórzano, miembro del Mecanismo de Prevención contra la Tortura, presentó el 16 de agosto un documento donde “sugería” dejar en libertad a dos señaladas en un caso de corrupción en la Municipalidad de Chinautla.
“El oficio especificaba que las dos mujeres -ambas de apellido Osorio– debían estar en libertad porque tenían que compartir con sus hijos y que una de ellas necesitaba atención médica. Lo raro del caso es que ni ellas, ni sus abogados, habían presentado la petición al Tribunal”, explicó el juez.
“Nadie puede interferir”
Xitumul citó que la Ley especifica que nadie puede entrometerse en las decisiones de un juez. “El artículo 60 de la Ley del Organismo Judicial dice que nadie, ningún funcionario público o persona particular, puede hacer inquietar a los jueces y magistrados en la toma de sus decisiones”, aseveró.
Explicó que el lunes citó a Solórzano para que devolviera los documentos, pero debido a que el representante del Mecanismo de Prevención contra la Tortura no se presentó, optó por plantear la denuncia ante el MP.
Denuncias y amenazas
Así como este caso, la Fiscalía de De Derechos Humanos del MP, informó que de enero a julio, ingresaron 62 denuncias más de jueces, fiscales y magistrados, víctimas de intimidaciones, amenazas, coacción o intromisión.
Del total de denuncias, el 70 por ciento (44), fueron presentadas por amenazas contra los jueces.
“Diez de esas denuncias han sido por amenazas o intimidaciones contra los operadores de justicia en las diferentes redes sociales”, detalló el MP.
Agregó que Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché, son los departamentos que tienen la mayoría de los casos.
Cifras 2017
La Fiscalía de Derechos Humanos del MP agregó que en 2017 recibieron 112 denuncias de operadores de justicia. De esa cantidad, 89 fueron reportadas en el departamento de Guatemala.
Alta Verapaz, Jutiapa y Sacatepéquez son el resto de departamentos que tiene el mayor número de denuncias.
Del total general, el 51 por ciento (58) fueron presentadas por amenazas contra los jueces, magistrados y abogados particulares.