Vandalismo en El Estor: Gobierno asegura que la PDH malinforma y pone en riesgo la vida de comunitarios
El gobierno se pronunció por el vandalismo promovido por un grupo violento que opera en El Estor y que manipula a comunitarios. Estas personas cerraron el paso de una carretera y agredieron con armas, piedras y machetes a policías que buscan despejar la vía. El clima de zozobra que se vive en el municipio también es responsabilidad de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que “malinforma a la población”, según las autoridades.
Los ataques provienen de supuestos representantes de comunidades que buscan ser integrados al diálogo de la preconsulta indígena por la operación de la mina Fénix. Pero según el Ministerio de Energía y Minas no califican según lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC).
“Lamentamos el craso desconocimiento de la PDH en el marco de un proceso durante el cual, de acuerdo con la CC, deben participar como observadores. Pero ahora vemos reflejado con acciones y pronunciamientos que contribuyen a malinformar a la población. Poniendo en riesgo a quienes no comparten la opinión o ideología de personas y organizaciones que promueven la violencia entre la población de El Estor“, indica el Gobierno.
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Bloqueos y extorsión en El Estor, Izabal
En su comunicado, el Gobierno asegura que se encuentra preocupado por “la situación de hostilidad que se vive en estos momentos en El Estor.
“Un pequeño grupo de personas que se presume no residen en la zona”, hirieron con arma de fuego a cuatro elementos de la Policía Nacional Civil”. Asimismo, los agresores usan piedras, machetes, bombas artesanales y otras armas de fuego contra las autoridades.
“Están alterando el orden, bloquean el paso incluso a los pobladores de la zona y han llegado al extremo de requerirles pago para dejarlos pasar”, añade el Gobierno..
Además, las autoridades insisten en que el derecho minero de la mina Fénix está suspendido desde la notificación del fallo de la CC, del 17 de febrero de 2021. Sin embargo, otras actividades, como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona que funcionan desde hace varias décadas, no están relacionados con la resolución de la CC. “Su operación está vigente y se considera apegada a la ley”, se agrega.
Enfatiza el Gobierno que el proceso de preconsulta iniciado el 28 de septiembre está apegado a la sentencia del 18 de junio de 2020. El diálogo se realiza con representantes de comunidades de El Estor y Panzós.
“Contrario a lo que asegura la PDH, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) convocó para el desarrollo de la preconsulta a los sujetos e instituciones de acuerdo con las pautas del fallo de la CC. Este extremo fue ampliamente difundido en los medios de comunicación a nivel nacional”, se asegura
“Para el caso del Pueblo Indígena Maya Q’eqchi’, el MEM solicitó al representante de pueblos mayas del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural convocar a las instituciones respectivas”, agregan las autoridades.
Piden al PDH que cumpla mandato legal
“Se le hace un llamado al Procurador de los Derechos Humanos a que cumpla su mandato legal. Que gire instrucciones a la delegación departamental que corresponde para que atienda el llamado de las fuerza de seguridad y atienda las diligencias debidas. Como consta en actas notariales, se ha convocado a representantes de la PDH para que verifique lo que sucede en lugar habiendo desoido ese llamado”, dice el Gobierno.
“La situación descrita lesiona el diálogo y los esfuerzos para alcanzar la paz social. Incluso el viernes 22 de octubre, durante la segunda reunión de preconsulta, los representantes del Pueblo Maya Q’eqchi’ solicitaron a la PDH que cesara de malinformar a los medios de comunicación ya que pone en riesgo sus vidas y la integridad de sus familias”.
“Para finalizar hacemos un llamado a la concordia. A no dejarse llevar en información errónea y malintencionada y sumarse a los esfuerzos emprendidos por el Gobierno para procurar el bienestar de toda la población”.
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Además, las autoridades insisten en que el derecho minero de la mina Fénix está suspendido desde la notificación del fallo de la CC, del 17 de febrero de 2021. Sin embargo, otras actividades, como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona que funcionan desde hace varias décadas, no están relacionados con la resolución de la CC. “Su operación está vigente y se considera apegada a la ley”, se agrega.
Enfatiza el Gobierno que el proceso de preconsulta iniciado el 28 de septiembre está apegado a la sentencia del 18 de junio de 2020. El diálogo se realiza con representantes de comunidades de El Estor y Panzós.
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