Dos exdiputados del Congreso buscaban un procedimiento abreviado luego de aceptar responsabilidad en el caso denominado Asalto al Ministerio de Salud Pública; sin embargo un Juzgado “D” de Mayor Riesgo rechazó la petición.
Los dos exparlamentarios, Aracelly Chavarría Cabrera de Recinos y Humberto Leonel Sosa Méndoza, durante una audiencia este martes aceptaron su responsabilidad por el delito de tráfico de influencias en el caso de corrupción Asalto al Ministerio de Salud Pública. Además pidieron ser condenados por la vía del procedimiento abreviado.
De acuerdo al Ministerio Público (MP) el caso se relaciona a una estructura de corrupción que se dedicaba al cobro de comisiones ilícitas por construcción y remozamiento de hospitales. Además cobros de comisiones ilícitas por adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas de manera irregular.
Señalados de tráfico de influencias
De acuerdo al MP este martes durante la audiencia los dos exdiputados reconocieron haber incurrido en tráfico de influencias durante su gestión en el Congreso de la República.
Luego los investigadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitaron dos años y seis meses de prisión contra los exparlamentararios
Sin embargo, Erika Aifán, titular del Juez “D” de Mayor Riesgo no acepta la petición del Ministerio Público por considerar que los hechos “son más amplios y podrían resolverse mejor por la vía del procedimiento común”. Además porque también en el la vía común podría derivar en una pena más alta que la solicitada por la Fiscalía.
En la audiencia el MP también solicitó que el mismo proceso para el exdiputado Ronald Arango, pero se negó a aceptar la culpabilidad y prefirió continuar con el proceso abreviado.
Detalles del caso
El MP informó que 2019 presentó una denuncia que implicó a 113 personas. Contra 29 emitió órdenes de captura y 84 fueron citadas a primera declaración.
En esa ocasión dijo que entre los involucrados figuran exfuncionarios y personas particulares. A todos se les señaló de un supuesto saqueo de Q53 millones por medio de sobornos a cambio de contrataciones y obras.
La supuesta estructura encontró la forma de saquear el Ministerio de Salud con el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
El cobro de comisiones por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas fantasma por favores políticos, fue otra de las formas de operar de los señalados.
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