Personas afectadas por las invasiones de sus propiedades reclaman acciones del Estado para recuperar sus terrenos. Mauricio Thomae y Rina Castañeda comentaron cómo fueron invadidos sus inmuebles que siguen en poder de grupos armados.

El miércoles 27 de abril se intentó un cuarto desalojo en la finca San Rafael de Purulhá, Alta Verapaz, pero las fuerzas de seguridad fueron recibidas a balazos por los invasores. El protocolo para estas acciones establece que los policías no pueden usar armas, por tanto solo portan protección y gas lacrimógeno.

La propiedad fue usurpada en 2015 y en la actualidad se calcula que hay unas 150 familias en el área, protegidas por hombres armados. Thomae comenta con decepción que la primera orden de desalojo fue resuelta hasta en 2019 y poco se puede hacer porque los invasores no permiten el ingreso de las autoridades.

Recuerda que su mamá estuvo secuestrada durante un año por los usurpadores y un juez que llegó al lugar fue amenazado. El miércoles el intento de desalojo fue infructuoso y ahora el afectado no sabe a dónde más acudir o qué hacer para recuperar su propiedad.

Sin consuelo

El otro testimonio lo dio la doctora Rina Castañeda, quien comentó cómo un grupo de personas armadas ingresó en su terreno y el de otras dos mujeres viudas. Les arrebataron su propiedad y no han encontrado apoyo en ninguna institución del Estado.

La invasión de los tres terrenos ocurrió el 26 de marzo de 2017 y fue hasta el 20 de abril de este año que se autorizó un desalojo que no pudo llevar a cabo. Como mujeres buscaron entidades que las protegen, pero su denuncia no fue atendida porque no fueron "golpeadas" ni "violadas".

"El sistema de justicia no protege la propiedad", asegura Carlos Torrebiarte

Tras escuchar los testimonios de Thomae y de Castañeda, Carlos Torrebiarte, quien también sufrió una invasión, subraya que "el sistema de justicia no protege la propiedad", lo que afecta la inversión, seguridad jurídica y empobrece más a Guatemala.

Torrebiarte recuerda que el artículo 39 de la Constitución de la República garantiza la propiedad privada, además el Código Penal establece las penas para el delito de usurpación agravada, pero no se aplica.

Enfatiza que por la forma de operar, cómo se financian y atacan a las autoridades, estos grupos de invasores deben ser declarados criminales y sujetos a la ley de delincuencia organizada.

"Las autoridades no protegen a los ciudadanos honrados", y las autoridades del Organismo Ejecutivo no accionan por temor a entidades y organismos internacionales, agrega Torrebiarte, presidente de Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro)

"En todos las invasiones hay organizaciones financiadas con recursos internacionales como el Comité de Unidad Campesina (CUC), Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)  y el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca)", apunta Torrebiarte. Todas estas organizaciones están vinculadas con la izquierda y conformada por exguerrilleros.

La ausencia del Estado en el Valle del Polochic, por ejemplo, es aprovechado por criminales que, con apoyo de estos grupos, fomentan el traslado de droga, tráfico de madera y otros delitos, asegura Torrebiarte.

Y a ello se suma el "desconocimiento total de las usurpaciones porque algunos jueces consideran que son casos civiles", pero se trata de acciones delictivas, enfatiza el presidente de Acdepro.