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Condenan a 7 líderes de invasiones cometidas en dos fincas de Quetzaltenango

Los invasores destruyeron cercos, plantaciones nuevas y se "robaron la cosecha de café", además, mataron búfalos y también intimidaron a los empleados para que no cumplieran sus labores. 

Las invasiones se registraron en 2018.
Luis Gonzalez
22 de agosto, 2022

Siete personas que lideraron invasiones en dos fincas en los municipios de Colomba y Flores, Quetzaltenango, fueron condenadas por un tribunal de Coatepeque de ese departamento. Se estableció que los sentenciados fueron responsables del delito de usurpación agravada al promover el ingreso ilegal en las fincas San Francisco Miramar y Auyón, en julio y octubre de 2018.

En el caso de la finca Miramar, de Colomba, la invasión de tres mil familias se registró en julio de 2018 y fue desalojada en marzo de 2019, en tanto que la finca Auyón, de Flores, fue usurpada en octubre de 2018 y desalojada en marzo de 2019, informó Enrique Cruz, representante de ambas propiedades.

Los invasores destruyeron cercos, plantaciones nuevas y se "robaron la cosecha de café", además, mataron búfalos y también intimidaron a los empleados para que no cumplieran sus labores.

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Los abogados de los afectados indicaron que siguieron todos los procedimientos legales y tras cuatro años se logró condenar a los responsables, aunque todavía falta la captura de cinco señalados.

Condenados por invasión en finca San Francisco Miramar con 2 años y 8 meses de prisión 

  1. Félix Raymundo Gabriel
  2. Adolfo Isaías Santizo Solís
  3. Pedro Ribaí Herrera de León

Condenados por invasión en finca Auyón

  1. Hugo René Bravo López, 3 años de prisión
  2. Cristóbal Eduardo López Rodas, 3 años de prisión
  3. Adolfo Isaías Santizo Solís, 2 años de prisión
  4. Gustavo Adolfo Hernández Nimatuj, 3 años de prisión

Con el fallo judicial se busca "sentar un precedente" y devolver la confianza en el sistema judicial. Que los afectados denuncien las invasiones y a los invasores que realizan "grandes negocios", como se demostró en las fincas Miramar y Auyón, donde miles de familias fueron estafadas.

Los invasores hicieron un negocio con los estafados.

Acciones legales de invasores

Los procesados y sus abogados intentaron frenar los procesos legales mediante amparos y otros recursos jurídicos, pero no prosperaron. Algunos acusados fueron sentenciados en procedimientos abreviados y otros en juicio oral y público.

Los casos fueron de competencia de tribunales de Coatepeque, Quetzaltenango y se emitieron condenas de hasta tres años de cárcel.

Carla Caballeros, de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), destacó que con la sentencia se evidenció una estructura criminal que dañó a los propietarios de los inmuebles, las fincas y también a los empleados.

"Quedó evidenciado el robo y destrucción de cultivos y maquinaria". Aunque hubo violaciones a los derechos humanos y se buscó algún pronunciamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos en ese sentido, Caballeros indicó que no hubo respuesta.

Recordó que cada año el Ministerio Público (MP) recibe unas dos mil denuncias por usurpación y existe un acumulado de 11 mil denuncias por este delito, y solo un 28% terminan en condena.

En estas denuncias se trata de invasiones de lotes, viviendas y fincas. "Se viola el derecho humano de la propiedad" y no hay pronunciamiento a favor de los afectados", expresó Caballeros.

En el caso de Camagro, subrayó que tienen un registro de 25 propiedades invadidas de socios. En algunos procesos llevan hasta ocho años en desalojos no efectuados por falta de acción de las autoridades y por acciones violentas de los invasores contra las fuerzas de seguridad, pues cuentan con armas y les disparan.

Los invasores mataron a búfalos criados en las fincas.

Invasiones solo generan pobreza

Las invasiones afectan el desarrollo porque los inversionistas tienen temor de venir a Guatemala donde no se respeta la propiedad privada, apuntó Luis Alfonso Bosch, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

"Es un pésimo mensaje para quienes buscan invertir en el país", sobre todo en el área rural onde se necesita crear más fuentes de empleo y con ello evitar la migración, agregó Bosch. 

Añadió que la propiedad privada es un derecho garantizado en la Constitución, por ello son importantes las condenas emitidas por los tribunales porque las usurpaciones causan pérdidas millonarias, afectan la economía y los trabajos de los guatemaltecos, así como a los estafados.  

Bosch enfatizó que con la fiscalía buscan establecer un protocolo más ágil para proteger a los afectados y garantizar los derechos humanos de todas las personas porque hasta ahora este procedimiento es tardado

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