Exdirectiva del Congreso se libra de proceso en caso Plazas Fantasma
El proceso contra Alfredo Rabbé y otros exdiputados del Congreso, por el caso Plazas Fantasma, quedó cerrado por inconsistencias.
Por inconsistencias en la acusación del Ministerio Público (MP), la jueza de Mayor Riesgo "A", Claudette Domínguez, benefició a exdiputados vinculados en el caso Plazas Fantasma, en el Congreso de la República.
La resolución a favor favorece a 11 exlegisladores que integraron la Junta Directiva entre 2014-2015 y consideró que no era prudente enviarlos a juicio, y por lo tanto, ordenó el sobreseimiento por la sustracción de fondos de ese organismo de Estado, a través de presuntas contrataciones irregulares.
Los beneficiados son: César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.
La decisión también favorecería a los exdiputados prófugos, Carlos Enrique López Girón, electo por la UNE y el secretario Quinto entre 2015 y 2016 y Pedro Gálvez Hernández, exidputado del extinto PRI, secretario Quinto entre 2014 y 2015.
Hasta las 21:30 horas, la juzgadora seguía resolviendo la situación de extrabajadores. En total eran 58 vinculados en el caso y 10 más eran aceptaron cargos.
Entre los empleados del Congreso figura José Luis Mijangos, quien fue director general del Legislativo y a quien se le señaló de contratar 87 asistentes, asignados a distintas dependencias de la Junta Directiva. Además fue diputado durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
Antecedentes del caso
La investigación determinó eran dos modalidades de contratación irregular que se realizaban en el Legislativo: la primera, a través de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario sin reunir requisitos y cumplir con el perfil del puesto.
También que los integrantes de las juntas directivas pactaron distribuirse determinado número de plazas para contratar personal.
La investigación estableció que diputados que integraron la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 contrataron a personal bajo el renglón 022, con salarios entre Q15 mil y Q20 mil.
La segunda modalidad se realizó a través de la creación de plazas fantasma, en la cual se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los diputados.
Entre los cargos que aparentemente desempeñaban figuraban secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros.
Los exdiputados quedaron ligados en mayo de 2016, tras hallazgos de la Contraloría General de la Nación (CGN) e investigación que dirigió el exfiscal Juan Francisco Sandoval.
Exdirectiva del Congreso se libra de proceso en caso Plazas Fantasma
El proceso contra Alfredo Rabbé y otros exdiputados del Congreso, por el caso Plazas Fantasma, quedó cerrado por inconsistencias.
Por inconsistencias en la acusación del Ministerio Público (MP), la jueza de Mayor Riesgo "A", Claudette Domínguez, benefició a exdiputados vinculados en el caso Plazas Fantasma, en el Congreso de la República.
La resolución a favor favorece a 11 exlegisladores que integraron la Junta Directiva entre 2014-2015 y consideró que no era prudente enviarlos a juicio, y por lo tanto, ordenó el sobreseimiento por la sustracción de fondos de ese organismo de Estado, a través de presuntas contrataciones irregulares.
Los beneficiados son: César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.
La decisión también favorecería a los exdiputados prófugos, Carlos Enrique López Girón, electo por la UNE y el secretario Quinto entre 2015 y 2016 y Pedro Gálvez Hernández, exidputado del extinto PRI, secretario Quinto entre 2014 y 2015.
Hasta las 21:30 horas, la juzgadora seguía resolviendo la situación de extrabajadores. En total eran 58 vinculados en el caso y 10 más eran aceptaron cargos.
Entre los empleados del Congreso figura José Luis Mijangos, quien fue director general del Legislativo y a quien se le señaló de contratar 87 asistentes, asignados a distintas dependencias de la Junta Directiva. Además fue diputado durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
Antecedentes del caso
La investigación determinó eran dos modalidades de contratación irregular que se realizaban en el Legislativo: la primera, a través de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario sin reunir requisitos y cumplir con el perfil del puesto.
También que los integrantes de las juntas directivas pactaron distribuirse determinado número de plazas para contratar personal.
La investigación estableció que diputados que integraron la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 contrataron a personal bajo el renglón 022, con salarios entre Q15 mil y Q20 mil.
La segunda modalidad se realizó a través de la creación de plazas fantasma, en la cual se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los diputados.
Entre los cargos que aparentemente desempeñaban figuraban secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros.
Los exdiputados quedaron ligados en mayo de 2016, tras hallazgos de la Contraloría General de la Nación (CGN) e investigación que dirigió el exfiscal Juan Francisco Sandoval.