Invasiones en El Estor: "Es triste que puede llegar cualquiera a sacarlo de su propiedad"
La doctora Rina Castañeda cuenta con mucha tristeza e impotencia cómo un grupo armado la obligó a salir de su propiedad, inmueble adquirido tras 30 años de trabajo en El Estor, Izabal.
La siguiente historia es de tres propietarias dueñas de un pequeño patrimonio familiar de 36.5 manzanas, que de forma repentina fueron amenazadas en 2017 por un grupo de 300 invasores con armas semiautomáticas.
Las afectadas se vieron obligadas a salir de su propiedad y a partir de ese año ingresaron la denuncia, pero a la fecha no se ha efectuado ningún desalojo. Lo que sí ha sucedido es la ejecución de tres órdenes de captura.
El cabecilla de la invasión lotificó ilegalmente la tierra y vendió su puesto a Gilberto Choc Xux, alias Tecún. Al igual que otras invasiones en el Valle del Polochic, los líderes de la invasión se identificaron como del Comité de Unidad Campesina, sin embargo, en la sede del CUC negaron su participación en este hecho.
Una de las afectadas, la doctora Rina Castañeda, cuenta con mucha tristeza e impotencia cómo un grupo de armados las obligó a salir de su propiedad, inmueble adquirido tras muchos años de trabajo en ese municipio. Relata que ha tocado todas las puertas del sistema de justicia, pero no ha tenido respuesta.
Procesos legales no avanzan
Al analizar la información estadística del Ministerio Público, se evidencia una falta de eficiencia y de eficacia denunciada por los afectados.
De los municipios del Valle del Polochic, El Estor y Panzós son los dos municipios más afectados con denuncias por delitos contra la propiedad inmueble en los últimos cinco años, con un total para cada uno de 83 denuncias. El problema radica en que, a nivel del Valle del Polochic, en el año 2016 no se cerró ningún caso, en tanto que en 2017 y 2018 se cerraron siete procesos, mientras que en 2019 y 2020 solamente dos.
Al hacer una estimación, los datos estadísticos del Ministerio Público indican que en el 2016, por cada 100 denuncias en el Valle del Polochic por delitos contra la propiedad inmueble, no se cerró ninguna. En 2017, por cada 100 denuncias se cerraron nueve casos y en 2018, 12. Sin embargo, en 2019 y 2020 el número vuelve a caer, con tres y cuatro casos cerrados por cada 100 denuncias presentadas en el Valle del Polochic.
Estas cifras implican una clara inacción por parte del sistema de justicia integral que ha llevado a las personas violentadas a vivir en un estado de completa indefensión, pues la ausencia de Estado no les permite garantizar sus derechos humanos básicos.
Los asuntos pendientes
Luego de haber visitado y confirmado de primera mano la situación en El Estor, quedan más dudas que respuestas. Sería importante lograr determinar por qué en El Estor, siendo un municipio tan conflictivo, el Estado no ha priorizado una política de seguridad en el área.
Asimismo, si existe un problema de usurpaciones de tal escala en la región, es cuestionable la inexistencia de una política criminal efectiva que permita ejecutar los desalojos de manera efectiva y procesar a quienes cometen estos delitos.
La escalada de violaciones al derecho humano de propiedad no se detiene en El Estor por lo que identificar a los promotores de las usurpaciones y la proveniencia del financiamiento para estas actividades criminales deben ser una prioridad. Los motivos argüidos en la mayoría de los casos por los usurpadores consisten en reclamos de derechos ancestrales, sin embargo, sería importante determinar la legitimidad, fundamento y origen de estos reclamos.
Identificar a El Estor como un municipio conflictivo en el que el crimen organizado, el narcotráfico y algunas organizaciones locales han generado un estado de completa ingobernabilidad se ha convertido en la norma, pero la gran pregunta es: ¿Qué sería de El Estor si la conflictividad estuviera bajo control e imperara el respeto a las leyes y al derecho humano de propiedad?
Invasiones en El Estor: "Es triste que puede llegar cualquiera a sacarlo de su propiedad"
La doctora Rina Castañeda cuenta con mucha tristeza e impotencia cómo un grupo armado la obligó a salir de su propiedad, inmueble adquirido tras 30 años de trabajo en El Estor, Izabal.
La siguiente historia es de tres propietarias dueñas de un pequeño patrimonio familiar de 36.5 manzanas, que de forma repentina fueron amenazadas en 2017 por un grupo de 300 invasores con armas semiautomáticas.
Las afectadas se vieron obligadas a salir de su propiedad y a partir de ese año ingresaron la denuncia, pero a la fecha no se ha efectuado ningún desalojo. Lo que sí ha sucedido es la ejecución de tres órdenes de captura.
El cabecilla de la invasión lotificó ilegalmente la tierra y vendió su puesto a Gilberto Choc Xux, alias Tecún. Al igual que otras invasiones en el Valle del Polochic, los líderes de la invasión se identificaron como del Comité de Unidad Campesina, sin embargo, en la sede del CUC negaron su participación en este hecho.
Una de las afectadas, la doctora Rina Castañeda, cuenta con mucha tristeza e impotencia cómo un grupo de armados las obligó a salir de su propiedad, inmueble adquirido tras muchos años de trabajo en ese municipio. Relata que ha tocado todas las puertas del sistema de justicia, pero no ha tenido respuesta.
Procesos legales no avanzan
Al analizar la información estadística del Ministerio Público, se evidencia una falta de eficiencia y de eficacia denunciada por los afectados.
De los municipios del Valle del Polochic, El Estor y Panzós son los dos municipios más afectados con denuncias por delitos contra la propiedad inmueble en los últimos cinco años, con un total para cada uno de 83 denuncias. El problema radica en que, a nivel del Valle del Polochic, en el año 2016 no se cerró ningún caso, en tanto que en 2017 y 2018 se cerraron siete procesos, mientras que en 2019 y 2020 solamente dos.
Al hacer una estimación, los datos estadísticos del Ministerio Público indican que en el 2016, por cada 100 denuncias en el Valle del Polochic por delitos contra la propiedad inmueble, no se cerró ninguna. En 2017, por cada 100 denuncias se cerraron nueve casos y en 2018, 12. Sin embargo, en 2019 y 2020 el número vuelve a caer, con tres y cuatro casos cerrados por cada 100 denuncias presentadas en el Valle del Polochic.
Estas cifras implican una clara inacción por parte del sistema de justicia integral que ha llevado a las personas violentadas a vivir en un estado de completa indefensión, pues la ausencia de Estado no les permite garantizar sus derechos humanos básicos.
Los asuntos pendientes
Luego de haber visitado y confirmado de primera mano la situación en El Estor, quedan más dudas que respuestas. Sería importante lograr determinar por qué en El Estor, siendo un municipio tan conflictivo, el Estado no ha priorizado una política de seguridad en el área.
Asimismo, si existe un problema de usurpaciones de tal escala en la región, es cuestionable la inexistencia de una política criminal efectiva que permita ejecutar los desalojos de manera efectiva y procesar a quienes cometen estos delitos.
La escalada de violaciones al derecho humano de propiedad no se detiene en El Estor por lo que identificar a los promotores de las usurpaciones y la proveniencia del financiamiento para estas actividades criminales deben ser una prioridad. Los motivos argüidos en la mayoría de los casos por los usurpadores consisten en reclamos de derechos ancestrales, sin embargo, sería importante determinar la legitimidad, fundamento y origen de estos reclamos.
Identificar a El Estor como un municipio conflictivo en el que el crimen organizado, el narcotráfico y algunas organizaciones locales han generado un estado de completa ingobernabilidad se ha convertido en la norma, pero la gran pregunta es: ¿Qué sería de El Estor si la conflictividad estuviera bajo control e imperara el respeto a las leyes y al derecho humano de propiedad?