Jueza Coralia Carmina Contreras Flores es prófuga de la justicia
El Ministerio Público investigó a Coralia Carmina Contreras Flores por su presunta vinculación con el caso llamado Fugas, relacionado con la salida ilegal de reos relacionados con el narcotráfico.
La jueza Coralia Carmina Contreras Flores es prófuga de la justicia después de que no fue localizada en su vivienda por las autoridades que buscaban ejecutar una orden de captura en su contra. La abogada perdió su inmunidad y fue separada del cargo por los delitos de falsedad ideológica y cooperación para evasión.
El Ministerio Público la investigó por su presunta vinculación con el caso llamado Fugas, relacionado con la salida ilegal de reos relacionados con el narcotráfico.
El caso Fugas
El Ministerio Público inició la investigación de oficio, relacionada con la evasión del centro de detención de Ramón Antonio Yáñez Ochoa, quien en el mes de octubre de 2016 fue condenado por el Tribunal de Sentencia Penal para proceso de de mayor riesgo "C", a 24 años de prisión por los delitos de asociaciones delictivas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y lavado de dinero y otros activos.
Además, se le impuso una multa de US$158 mil. La condena la debía cumplir en el Centro Constitucional de Rehabilitación Pavoncito, Fraijanes, Guatemala. Pero de ese lugar se evadió el 20 de octubre de 2017, usando una orden de libertad falsa, la que científicamente se demostró no era real, no obstante, la boleta de libertad sí corresponde a las que emite el Organismo Judicial.
En seguimiento de la investigación se determinó que existían por lo menos seis personas más quienes se evadieron del centro de detención utilizando la misma modalidad.
Entre los fugados figuran Luis Alejandro Orozco Vargas, quien cumplía dos condenas, una de 12 años por comercio y almacenamiento del 5 de marzo de 2013 y la otra por 12 años por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, impuesta el 26 de septiembre de 2013. Ambas condenas estaba firmes. De acuerdo con el cómputo efectuado, a Orozco Vargas le correspondía recobrar su libertad el 17 de mayo de 2032.
La investigación estableció que el 6 de diciembre de 2017, Orozco Vargas se evadió de la cárcel Pavoncito, con la orden de libertad, la cual tiene plasmada la firma de la abogada Coralia Contreras Flores, juez de la Sala "G" del Juzgado Primero de Ejecución Penal del departamento de Guatemala.
A la referida orden de libertad se le insertaron datos falso, en virtud que se indicó que Orozco Vargas se encontraba sujeto a un proceso por los delitos de encubrimiento propio y encubrimiento real y que obtuvo su libertad por cumplir la pena de manera total corporal y pago de conmuta por los anteriores delitos, indicó la Fiscalía.
La juzgadora emitió oficio dirigido al Sistema Penitenciario informando que en resolución de la Corte Suprema de Justicia, se modificó la pena impuesta.
La orden de libertad y oficio dirigido al Sistema Penitenciario fueron objeto de peritaje grafotécnico, y se determinó que la firma atribuida a la abogada Contreras Flores, tienen correspondencia grafotécnica con las atribuidas a la juzgadora, y que ella misma aportó en forma voluntaria, apuntó el MP.
Se aprecia en la descripción de los hechos, la manera en que la elaboración de documentos con declaraciones falsas, fue el medio necesario para la evasión, existiendo una conexión íntima entre los delitos posiblemente cometidos, formando parte no solo de un mismo plan, sino existe una relación de necesidad, entendida en sentido real y concreto, concluyó la Fiscalía.
Jueza Coralia Carmina Contreras Flores es prófuga de la justicia
El Ministerio Público investigó a Coralia Carmina Contreras Flores por su presunta vinculación con el caso llamado Fugas, relacionado con la salida ilegal de reos relacionados con el narcotráfico.
La jueza Coralia Carmina Contreras Flores es prófuga de la justicia después de que no fue localizada en su vivienda por las autoridades que buscaban ejecutar una orden de captura en su contra. La abogada perdió su inmunidad y fue separada del cargo por los delitos de falsedad ideológica y cooperación para evasión.
El Ministerio Público la investigó por su presunta vinculación con el caso llamado Fugas, relacionado con la salida ilegal de reos relacionados con el narcotráfico.
El caso Fugas
El Ministerio Público inició la investigación de oficio, relacionada con la evasión del centro de detención de Ramón Antonio Yáñez Ochoa, quien en el mes de octubre de 2016 fue condenado por el Tribunal de Sentencia Penal para proceso de de mayor riesgo "C", a 24 años de prisión por los delitos de asociaciones delictivas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y lavado de dinero y otros activos.
Además, se le impuso una multa de US$158 mil. La condena la debía cumplir en el Centro Constitucional de Rehabilitación Pavoncito, Fraijanes, Guatemala. Pero de ese lugar se evadió el 20 de octubre de 2017, usando una orden de libertad falsa, la que científicamente se demostró no era real, no obstante, la boleta de libertad sí corresponde a las que emite el Organismo Judicial.
En seguimiento de la investigación se determinó que existían por lo menos seis personas más quienes se evadieron del centro de detención utilizando la misma modalidad.
Entre los fugados figuran Luis Alejandro Orozco Vargas, quien cumplía dos condenas, una de 12 años por comercio y almacenamiento del 5 de marzo de 2013 y la otra por 12 años por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, impuesta el 26 de septiembre de 2013. Ambas condenas estaba firmes. De acuerdo con el cómputo efectuado, a Orozco Vargas le correspondía recobrar su libertad el 17 de mayo de 2032.
La investigación estableció que el 6 de diciembre de 2017, Orozco Vargas se evadió de la cárcel Pavoncito, con la orden de libertad, la cual tiene plasmada la firma de la abogada Coralia Contreras Flores, juez de la Sala "G" del Juzgado Primero de Ejecución Penal del departamento de Guatemala.
A la referida orden de libertad se le insertaron datos falso, en virtud que se indicó que Orozco Vargas se encontraba sujeto a un proceso por los delitos de encubrimiento propio y encubrimiento real y que obtuvo su libertad por cumplir la pena de manera total corporal y pago de conmuta por los anteriores delitos, indicó la Fiscalía.
La juzgadora emitió oficio dirigido al Sistema Penitenciario informando que en resolución de la Corte Suprema de Justicia, se modificó la pena impuesta.
La orden de libertad y oficio dirigido al Sistema Penitenciario fueron objeto de peritaje grafotécnico, y se determinó que la firma atribuida a la abogada Contreras Flores, tienen correspondencia grafotécnica con las atribuidas a la juzgadora, y que ella misma aportó en forma voluntaria, apuntó el MP.
Se aprecia en la descripción de los hechos, la manera en que la elaboración de documentos con declaraciones falsas, fue el medio necesario para la evasión, existiendo una conexión íntima entre los delitos posiblemente cometidos, formando parte no solo de un mismo plan, sino existe una relación de necesidad, entendida en sentido real y concreto, concluyó la Fiscalía.