25° GUATEMALA
19/05/2022
Política
Política
Economía
Economía
Finanzas
Finanzas
Emprendimiento
Emprendimiento
Premium
Premium
Vive
Vive
Guatemala
Guatemala
Migrantes Chapines
Migrantes Chapines
Inmobiliaria
Inmobiliaria

Las invasiones en El Estor arrebatan el patrimonio y la esperanza de una familia

Marco Vinicio Chiquín cuenta cómo su familia adquirió una millonaria deuda para sembrar arroz en una propiedad que fue invadida y destruida en El Estor, Izabal.

Redacción República
13 de mayo, 2022
A finales de enero el equipo coordinador del Observatorio de Derechos de Propiedad y periodistas de República. viajaron al municipio de El Estor, Izabal, con la intención de documentar de primera mano la situación actual que se vive en el llamado Valle del Polochic. El presente informe consiste en una síntesis de las historias, anécdotas y vivencias relatadas por un grupo de guatemaltecos afectados por violaciones a su derecho humano de propiedad, entre otra serie de derechos que día a día se siguen vulnerando.

“El sistema funciona tan mal que es como estar espantando moscas de un pastel”, comenta Marco Vinicio Chiquín, con rostro de frustración y derrota

Con la intención de invertir en el negocio de la siembra del arroz, los hermanos Chiquín y su padre adquirieron seis pequeñas fincas (en conjunto son más de 200 manzanas) y las inscribieron en el Registro General de la Propiedad.

Además, nivelaron los terrenos con tecnología láser. Su inversión fue de unos Q14 millones financiados con un crédito bancario, con colateral las propiedades que habían adquirido.

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER

La primera invasión que sufrieron fue en un área de 18 manzanas que tenían a disposición para beneficio de sus colaboradores. Según explicaron, los usurpadores fueron los comunitarios de la aldea Cahaboncito y utilizaron la tierra que les despojaron para sembrar maíz.

El problema más grande fue en 2018, en su finca “Tierra Nueva”. Un grupo de 43 personas violentas llegó a tomar posesión de la tierra. En esta ocasión, llegaron con banderas del Comité de Unidad Campesina (CUC). Sus colaboradores, al darse cuenta de que se quedarían sin trabajo, terminaron por unirse a los usurpadores.

A la fecha, cinco de las seis propiedades de la familia Chiquín siguen bajo el control de los usurpadores, pues, aunque indican que quienes invadieron no se mantienen en los inmuebles, en las ocasiones en las que ellos han intentado recuperar la posesión de la tierra que legítimamente les pertenece, pronto aparece un grupo de entre 10 y 15 usurpadores fuertemente armados.

Usurpadores y grupos que los apoyan

La familia Chiquín denunció el caso en el Ministerio Público, se acercó al gobernador departamental, buscó ayuda con la que fuese la Secretaría de Asuntos Agrarios, y ninguna de estas instituciones ha sido capaz de darle una salida. Los afectados continúan amortizando el crédito que adquirieron, aun sin tener la capacidad de producir para pagarlo, derivado de que perdieron su inversión a raíz de la invasión.

La familia Chiquín y otras víctimas de estas violaciones aseguran que existe una gran estructura criminal detrás de los constantes delitos contra la propiedad inmueble. Indican que grupos como el CUC y la Defensoría Q'eqchi', lideran la invasión de propiedades y se aprovechan del desconocimiento de personas que viven en condiciones de pobreza, vendiéndoles parcelas de tierra invadida.

Posteriormente, algunos de de estos grupos coordinan la habilitación de pistas clandestinas para el aterrizaje de drogas, y también operan de acuerdo con otros grupos para bloquear los caminos y permitir circulación de los cargamentos sin mayor problema.

La situación es compleja. Los afectados saben que las organizaciones que lideran las usurpaciones reciben financiamiento, aunque no se encuentra claramente identificado de dónde provienen los recursos.

Asimismo, comentan que el sacerdote católico Daniel Joseph Vogt, quien desde hace décadas tiene su misión evangelizadora en el departamento de Izabal, triangula mecanismos de apoyo para los usurpadores.

Tanto en el caso del apoyo internacional como del sacerdote, todo se realiza bajo el presunto argumento de que los usurpadores son defensores de derechos humanos, cuando realmente se trata de estructuras de crimen organizado cuyos objetivos van más allá de los de una mera usurpación.

Procesos legales no avanzan

Al analizar la información estadística del Ministerio Público, se evidencia una falta de eficiencia y de eficacia denunciada por los afectados.

De los municipios del Valle del Polochic, El Estor y Panzós son los dos municipios más afectados con denuncias por delitos contra la propiedad inmueble en los últimos cinco años, con un total para cada uno de 83 denuncias. El problema radica en que, a nivel del Valle del Polochic, en el año 2016 no se cerró ningún caso, en tanto que en 2017 y 2018 se cerraron siete procesos, mientras que en 2019 y 2020 solamente dos.

Al hacer una estimación, los datos estadísticos del Ministerio Público indican que en el 2016, por cada 100 denuncias en el Valle del Polochic por delitos contra la propiedad inmueble, no se cerró ninguna. En 2017, por cada 100 denuncias se cerraron nueve casos y en 2018, 12. Sin embargo, en 2019 y 2020 el número vuelve a caer, con tres y cuatro casos cerrados por cada 100 denuncias presentadas en el Valle del Polochic.

Estas cifras implican una clara inacción por parte del sistema de justicia integral que ha llevado a las personas violentadas a vivir en un estado de completa indefensión, pues la ausencia de Estado no les permite garantizar sus derechos humanos básicos.

Los asuntos pendientes

Luego de haber visitado y confirmado de primera mano la situación en El Estor, quedan más dudas que respuestas. Sería importante lograr determinar por qué en El Estor, siendo un municipio tan conflictivo, el Estado no ha priorizado una política de seguridad en el área.

Asimismo, si existe un problema de usurpaciones de tal escala en la región, es cuestionable la inexistencia de una política criminal efectiva que permita ejecutar los desalojos de manera efectiva y procesar a quienes cometen estos delitos.

La escalada de violaciones al derecho humano de propiedad no se detiene en El Estor por lo que identificar a los promotores de las usurpaciones y la proveniencia del financiamiento para estas actividades criminales deben ser una prioridad. Los motivos argüidos en la mayoría de los casos por los usurpadores consisten en reclamos de derechos ancestrales, sin embargo, sería importante determinar la legitimidad, fundamento y origen de estos reclamos.

Identificar a El Estor como un municipio conflictivo en el que el crimen organizado, el narcotráfico y algunas organizaciones locales han generado un estado de completa ingobernabilidad se ha convertido en la norma, pero la gran pregunta es: ¿Qué sería de El Estor si la conflictividad estuviera bajo control e imperara el respeto a las leyes y al derecho humano de propiedad?

SÍGUENOS EN
SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER