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“¡Mataron a don Pablo!" El grito desesperado de víctimas de invasiones y crímenes

El asesinato que denuncia Acdepro se suma a todos los hechos violentos contra los propietarios de terrenos que no entienden cómo pueden perder su propiedad sin que el Estado garantice el derecho respaldado con documentos.

Luis Gonzalez
12 de mayo, 2022

El sábado 7 de mayo la comunidad Sayamch de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, atestiguó el crimen contra Pablo Secul, administrador de la finca Sexoy. La víctima fue atacada con machete por personas que intentaron invadir el terreno bajo su responsabilidad, según la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro).

"Mataron a don Pablo, él no hizo nada, este era su terreno, ahora qué piensa el Gobierno, los robatierras lo mataron, le dieron en su cabeza”, fue el grito desesperado de personas que lo conocían y vieron cómo se cometió un crimen con total impunidad.

El asesinato que denuncia Acdepro se suma a todos los hechos violentos contra los propietarios de terrenos que no entienden cómo pueden perder su propiedad sin que el Estado garantice el derecho respaldado con documentos.

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Del asesinato de Pablo Secul se responsabiliza a dirigentes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), grupo de izquierda encabezado por el exguerrillero y exdiputado Leocadio Juracán.

Invasiones con impunidad

Las invasiones de terrenos privados ocurren con impunidad porque los grupos violentos llegan armados y bajo amenazas desalojan a los propietarios. Después roban la cosecha de la finca, botan los árboles y destruyen todo lo que encuentran sin que las autoridades defiendan a los afectados, denuncia Carlos Torrebiarte, presidente de Acdepro.

Esta organización ha solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades actuar y agilizar las denuncias contra los grupos que consideran "criminales y terroristas". Torrebiarte comenta que tienen constantes reuniones con responsables del sistema de justicia, pero no ven avances, pese a que los delitos se cometen en flagrancia.

En la actualidad registran más de cien órdenes de desalojo pendientes de ejecutar por diversas razones, asegura Torrebiarte.

"Existen más de cien órdenes de desalojo que no pueden cumplirse porque los usurpadores, que cometen varios delitos en flagrancia como el de la usurpación y usurpación agravada, se resisten a devolver a sus dueños las propiedades y utilizan a niños, mujeres y ancianos como escudos humanos para evitar que las fuerzas de seguridad, mediante orden de desalojo, ingresen a recuperar las tierras para devolverlas a sus legítimos dueños. Colocan barricadas y reciben a balazos a las propias autoridades, hace una semana hirieron a un policía nacional civil. Ambientan escenas que envían fuera del país para victimizarse", informa Acdepro.

Exdiputado y exguerrillo Leocadio Juracán

Destruyen todo

Acdepro señala que estas organizaciones se escudan en el "derecho ancestral" para promover las invasiones, pero intentan engañar a sus financistas con falsos argumentos.

  • Los grupos “campesinos” ingresan por medio de la fuerza bruta destruyendo vehículos, casas y recuerdos de los propietarios, maquinaria, matando animales de granja, destruyendo bosques protegidos y quemando la producción agrícola.
  • Propietarios, sus familias y trabajadores sufren por parte de las usurpadoras amenazas de muerte, intimidación, extorsión, amenazas de secuestro, secuestro y algunas veces muerte, todos constitutivos de delitos penales.
  • Los líderes campesinos apoyados por la falsa narrativa de “persecución del Estado” se victimizan si los propietarios legítimos de las casas, terrenos, lotes y fincas usurpadas, denuncian ante las autoridades el robo de sus propiedades con el deseo de recuperar sus inversiones y bienes.
  • Este dinero, según los testimonios recolectados, son utilizados para campañas políticas con el fin de apoyar a diputados y alcaldes, además de financiar sus organizaciones no gubernamentales y pagar abogados y jueces del área afines a sus intereses criminales. Asimismo se quedan con parte del dinero para sus gastos personales.
  • Todos estos grupos poseen armas de fuego de alto calibre ilegales, otro delito más.
  • Estas asociaciones no defienden los intereses mayas ni campesinos, sino que su interés es criminal, y de beneficio económico para los líderes, y ahora, para provocar inestabilidad para iniciar una campaña electoral.

 

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