Un día después que se realizó un allanamiento en la residencia de Leily Indira Santizo Rodas, exmandataria de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público la declaró prófuga de la justicia. 

La abogada es buscada por la Policía Nacional Civil (PNC) por la posible comisión del delito de obstrucción a la acción penal. El MP la vincula al Caso Cooptación y Corrupción Judicial, por este mismo caso fue girada un nueva orden de aprehensión contra Juan Francisco Sandoval, extitular de la FECI.

“Un familiar de la sindicada indicó que con varios días de anterioridad, la sindicada había advertido posibles allanamientos en su casa y una nueva orden de aprehensión en su contra,  por lo tanto abandonaría su casa y se iría a vivir a otro lugar, lo cual pone en manifiesto que la sindicada no tiene disposición de enfrentar el proceso penal (...)  dándose a la fuga para evadir la persecución penal”, detalla el comunicado del MP. 

Además aclaró varios señalamientos publicados por Claudia González Orellana y Wendy Geraldina López, abogadas defensoras de Santizo Rodas. Ellas aseguraron que "Santizo Rodas se ha presentado casi diariamente a la sede de la FECI y que incluso se había programado una reunión con el agente fiscal que lleva el expediente para el 21 de octubre". 

“Nuestra patrocinada siempre ha estado en la disposición de someterse al proceso, y un ejemplo de ello es que entregó voluntariamente su teléfono y ello ha tenido como consecuencia esta persecución”, detalla el comunicado. 

Esto dice el MP en el comunicado 

• Que el proceso instruido en contra de los sindicados Eva Sosa, Leily Santizo y Francisco Gallardo, se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juez Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, contralor de que se observen las garantías procesales y tutela judicial efectiva de los sujetos procesales, por lo que no es cierto lo afirmado por las abogadas a quienes se atribuye el comunicado, ya que en todo momento han tenido acceso al expediente y a la información relacionada al mismo.
• Con observancia del debido proceso y fundamentado en las constancias procesales, el Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación, estableció el peligro procesal de fuga respecto de los sindicados, y por tal motivo ordenó su aprehensión para asegurar su presencia en el mismo.
•  Lo anterior ante nuevos hechos delictivos que surgieron de la investigación y la existencia del peligro procesal mencionado, se evidenció y materializó porque al realizar allanamiento para dar cumplimiento a la orden judicial, en el inmueble que la sindicada Leily Indira Santizo Rodas había señalado como residencia, un familiar de la sindicada indicó que con varios días de anterioridad, ella había advertido que tenía conocimiento de la posibilidad de que se allanara nuevamente su casa y que se emitiera nueva orden de aprehensión en su contra y que por lo tanto abandonaría su casa y se iría a vivir a otro lugar.

Más detalles del MP

• Lo cual pone en manifiesto que la sindicada no tiene disposición de enfrentar el proceso penal, toda vez que es evidente que tenía conocimiento que en el teléfono que le fue secuestrado de conformidad con la ley, contenía indicios de las conductas ilícitas que ejecutó y que las mismas ameritaban que se le ligara a proceso por los delitos que cometió y que motivaron la nueva orden de aprehensión en su contra, dándose a la fuga para evadir la persecución penal. 
• Que una de las causas por las que el Juez tercero se excusó de conocer el caso, ha sido precisamente por recusaciones promovidas por los propios sindicados y sus abogados defensores, quienes de esa manera han provocado el reclamo que infundadamente hacen en su comunicado.
•  Que efectivamente, dentro del marco de sus atribuciones el expediente fue asignado a otra agencia fiscal, situación que se le expuso a la abogada, manifestándole que podría abocarse ante la nueva fiscalía a efecto de ejercer su defensa e imponerse de las actuaciones, circunstancia que no tiene relación con la nueva orden de aprehensión librada en su contra y que es del conocimiento de las abogadas defensoras, quienes para el ejercicio de la defensa técnica de los sindicados.