MP investiga amenazas contra Irma Palencia presidenta del TSE
La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó la denuncia al Ministerio Público (MP).
Irma Palencia, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), declaró que desde junio ha recibido amenazas a través de mensajes de texto en su teléfono celular y que ya presentó la denuncia al Ministerio Público (MP). Las intimidaciones son similares a las que presentaron los magistrados Blanca Alfaro y Gabriel Aguilera.
“La primera amenaza fue en junio, me di cuenta al momento que limpiaba el celular, no mencioné nada, pero si presente la denuncia en el Ministerio Público, porque no quise causar inconvenientes a los ciudadanos (...) yo he privilegiado el interés de la mayoría, para que los ciudadanos sientan tranquilidad”, manifestó la magistrada presidenta en una entrevistas en el programa de radio A primer Hora.
El Ministerio Público (MP) confirmó que la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia investiga la denuncia desde el jueves 17 de agosto y también solicitaron medidas de seguridad para la magistrada.
Agregó que la misma fiscalía investiga las amenazas contra la magistrada Blanco Alfaro. “Derivado de la denuncia pública que realizó la magistrada Alfaro la fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia investiga el caso”, detalló el MP.
El domingo el presidente Alejandro Giammattei aseveró haber comenzado con la investigación de la amenazas contra la magistrada Alfaro y adelantó haber detectado donde se efectuó la compra del teléfono desde el cual fueron enviados los mensajes de amenaza en su contra.
“Nos enteramos de las amenazas. Ella hizo público los números de teléfono, los cuales empezaron a ser trabajados el día de ayer. Tenemos ya información valiosa con respeto a lo que está sucediendo con esos números, no los podemos revelar porque estamos por entregárselo al MP (Ministerio Público)”, dijo.
Sin embargo, adelantó que se ubicó el lugar donde fue comprado el teléfono. Además, mencionó que si la magistrada presenta su renuncia, será el Congreso de la República el que decida si la acepta o no.