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Otto Pérez Molina no pagará fianza de Q13 millones por caso La Línea

El abogado César Calderón indicó que no pagarán ese monto porque es "injusto", "absurdo" y demuestra un "trato desigual" contra el expresidente de Guatemala.

Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala.
Luis Gonzalez
09 de julio, 2022

Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, no pagará la fianza de Q13 millones impuesta por el Tribunal de Mayor Riesgo "B", como condición para dejar de la cárcel por el caso La Línea. Los abogados del exmandatario plantearon una acción legal en la Corte de Constitucionalidad (CC), para reducir el monto, pero esa entidad habría confirmado lo resuelto por el tribunal.

Sin ser notificados aún, pero con conocimiento del fallo por parte de los medios de comunicación, el abogado César Calderón indicó que no pagarán ese monto porque es "injusto", "absurdo" y demuestra un "trato desigual" del sistema de justicia de Guatemala.

En tono enérgico, el defensor de Pérez Molina subrayó que otorgar la medida sustitutiva, pero establecer una fianza de Q13 millones es como resolver lo contrario. Agregó que en el proceso están implicadas 40 personas que no pagaron "un solo centavo" para seguir el juicio libre de la prisión.

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"Es una condena anticipada porque el monto lo impusieron al calcular un supuesto monto defraudado cuando el expresidente no ha sido condenado", resaltó Calderón. "Se desnaturaliza la libertad y solo demuestra lo absurdo de la justicia", enfatizó.

El caso La Línea

El caso La Línea es un proceso judicial revelado por el Ministerio Público con apoyo de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En su momento se indicó de una supuesta estructura de defraudación aduanera que establecía contacto con importadores. Mediante una red de presunta corrupción se facilitaba el pago de menos impuestos a cambio de una comisión ilegal.

En la estructura fueron acusadas y procesadas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria. Las piezas clave para este proceso fueron los colaboradores eficaces Salvador González. También Juan Carlos Monzón, quien fue secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La investigación se desarrolló en ocho meses. Incluyó seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura y 66 mil sesiones de interceptación telefónica. Asimismo, seis mil comunicaciones electrónicas y cotejo y análisis de documentos por expertos financieros, de acuerdo con las autoridades.

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