"Ya quiero salir" dice Luis, lleva 18 años "detenido" en el Hospital Federico Mora
Luis es una de las 64 personas que la justicia resolvió no procesar por padecimientos mentales, pero algunos de ellos, como este caso, aseguran que están preparados para abandonar el Hospital de Salud Mental Federico Mora.
Luis* tiene la esperanza de salir del Hospital de Salud Mental Federico Mora. Lleva recluido más de 18 años luego que un juzgado de Guatemala ordenó la "institucionalización", es decir, internarlo para recibir atención por un trastorno mental.
Todos los días pregunta a los enfermeros y al personal del Instituto de la Defensa Pública (IDPP), cuando llegan a supervisar, “¿Cuándo saldré del hospital? ¿Ya varios que tenían la misma enfermedad que tengo se fueron? ¿Quiero salir, por favor ayúdeme?
Hasta hace unas semanas el mayor deseo de Luis estaba por quedar en el olvido; sin embargo, una hermana llegó de visita al hospital y prometió hacerse responsable de cuidar y supervisar el tratamiento para la esquizofrenia que padece. Ahora solo esperar la autorización del juzgado para salir del lugar.
Qué pasó con Luis
Edgar Meléndez, subdirector de la División de Coordinaciones Técnicas Profesionales del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), explicó que Luis vivía en una comunidad de la región nororiente de Guatemala. A sus 18 años nadie había confirmado que tenía una enfermedad que afectaba y causaba los cambios de comportamiento repentino.
Pero un día tuvo una crisis y salió de su casa y golpeó a una vecina. Denunciaron el incidente y fue capturado por agentes de la Policía Nacional (PNC). Durante la audiencia de primera declaración se solicitó una evaluación para determinar si tenía alguna enfermedad mental.
Aseguró que los resultados fueron contundentes, Luis padece de esquizofrenia, y el juzgado ordenó internarlo en el Hospital de Salud Mental Federico Mora para recibir tratamiento. Varios meses después personal de la Coordinación de Derechos Humanos del IDPP solicitó revisar el expediente para corroborar el estado de salud y el avance que había tenido y con ello gestionar la salida.
Durante varias semanas el personal de la Defensa Pública buscó a un familiar que se hiciera responsable de Luis, pero no tuvieron éxito. Desde ese momento el sueño de Luis, de volver a su casa, se desvaneció Hasta hace algunas semanas la ilusión volvió, una hermana de Luis llegó al hospital y aseguró que se haría responsable.
Se recuperan
Jaime Rabanales, jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Roosevelt, explicó que la esquizofrenia se caracteriza por la deficiencia en la percepción y por cambios de comportamiento repentinos. Salen de la realidad y actúan por alucinaciones e impulso. “Pero algunos pacientes pudieron haber tenido síntomas negativos, es decir aislamiento, comportamiento apático y descuido personal”, explicó.
Señaló que los pacientes con el primer síntoma se recuperan con un tratamiento adecuado, “es decir la probabilidad es alta”; sin embargo, un descuido familiar o personal puede dejar secuelas. Agregó que "entre más brotes psicóticos presente la funcionalidad del paciente se deteriora".
Rabanales explicó que después que un juzgado ordenó la "institucionalización" del paciente, el hospital inició con el tratamiento que en el caso de la esquizofrenia puede ser de 12 días hasta tres meses, pero no años.
“Después que termina el tratamiento se tiene que buscar a un familiar que responda por el paciente, pero muchos casos no se logra y el problema que persiste es que no hay programas de trabajo protegido o con supervisión para que el paciente deje de esta aislado, que conviva y trate de llevar una vida normal, pero el Estado no ha tomado cartas en el asunto”, comentó.
Agregó que un paciente que permanece en el hospital, como Luis, corre el riesgo de padecer depresión y que su acercamiento a la sociedad sea más lento. “Lo ideal es que el paciente regrese a su entorno familiar, y poco a poco se integre”, concluyó.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que existen diversas opciones terapéuticas eficaces, entre las que se cuentan la medicación, la psicoeducación, las intervenciones familiares y la rehabilitación psicosocial.
Más casos
De acuerdo con Meléndez, hasta julio de este año 64 personas se encuentran "institucionalizados" para recibir tratamiento en el hospital por orden judicial. “No todos tienen la misma enfermedad y tampoco llevan el mismo tiempo, pero la mayoría sí supera los 18 años de haber ingresado en el hospital”, aclaró.
Aseguró que 26 personas se encuentran pendientes que un juez resuelva su situación legal. Esperan exámenes médicos forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para determinar si padecen alguna enfermedad mental.
Las 26 personas que están pendientes son señaladas por delitos de violencia contra la mujer, robo, hurto, maltrato contra menores de edad.
“Todos se encuentran en el hospital de Salud Mental Federico Mora y la Unidad de Discapacidad de la Coordinación de Derechos Humanos del Instituto de la Defensa Pública Penal les da seguimiento”, puntualizó.
El representante de la entidad añadió que su trabajo también es acompañar a la persona luego que el juez resuelva su situación jurídica y decrete el estado de imputabilidad, ya que se vuelven grupo vulnerable por la discapacidad mental.
“Se verifica la medida de seguridad, es decir el internamiento en el hospital de Salud Mental Federico Mora”.
Seguimiento
Meléndez refirió que seis meses después de la hospitalización obligatoria, el Juzgado de Ejecución debe programar audiencia para verificar el tratamiento y si existe un pariente responsable. Durante ese periodo también se debe realizar un estudio socioeconómico de la persona o tutor como parte del proceso para autorizar su salida.
“El mayor problema que enfrentamos en la actualidad es no localizar a un familiar para que se supervise el tratamiento ambulatorio de una persona que llevó un proceso penal y que se le otorgaron medidas de seguridad. El reflejo de ello son los 64 casos que en la actualidad se tienen”, aseguró.
Otra de las dificultades es que el Estado no cuenta con instituciones que brinden apoyo a este grupo vulnerable.
Realizar una entrevista de la persona previó a la audiencia de primera declaración, buscar a un familiar para verificar si padecen alguna enfermedad mental o expediente clínico y pedir al juez las evaluaciones, son algunas de las atribuciones de la defensa pública penal.
* Nombre ficticio para resguardar la identidad
"Ya quiero salir" dice Luis, lleva 18 años "detenido" en el Hospital Federico Mora
Luis es una de las 64 personas que la justicia resolvió no procesar por padecimientos mentales, pero algunos de ellos, como este caso, aseguran que están preparados para abandonar el Hospital de Salud Mental Federico Mora.
Luis* tiene la esperanza de salir del Hospital de Salud Mental Federico Mora. Lleva recluido más de 18 años luego que un juzgado de Guatemala ordenó la "institucionalización", es decir, internarlo para recibir atención por un trastorno mental.
Todos los días pregunta a los enfermeros y al personal del Instituto de la Defensa Pública (IDPP), cuando llegan a supervisar, “¿Cuándo saldré del hospital? ¿Ya varios que tenían la misma enfermedad que tengo se fueron? ¿Quiero salir, por favor ayúdeme?
Hasta hace unas semanas el mayor deseo de Luis estaba por quedar en el olvido; sin embargo, una hermana llegó de visita al hospital y prometió hacerse responsable de cuidar y supervisar el tratamiento para la esquizofrenia que padece. Ahora solo esperar la autorización del juzgado para salir del lugar.
Qué pasó con Luis
Edgar Meléndez, subdirector de la División de Coordinaciones Técnicas Profesionales del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), explicó que Luis vivía en una comunidad de la región nororiente de Guatemala. A sus 18 años nadie había confirmado que tenía una enfermedad que afectaba y causaba los cambios de comportamiento repentino.
Pero un día tuvo una crisis y salió de su casa y golpeó a una vecina. Denunciaron el incidente y fue capturado por agentes de la Policía Nacional (PNC). Durante la audiencia de primera declaración se solicitó una evaluación para determinar si tenía alguna enfermedad mental.
Aseguró que los resultados fueron contundentes, Luis padece de esquizofrenia, y el juzgado ordenó internarlo en el Hospital de Salud Mental Federico Mora para recibir tratamiento. Varios meses después personal de la Coordinación de Derechos Humanos del IDPP solicitó revisar el expediente para corroborar el estado de salud y el avance que había tenido y con ello gestionar la salida.
Durante varias semanas el personal de la Defensa Pública buscó a un familiar que se hiciera responsable de Luis, pero no tuvieron éxito. Desde ese momento el sueño de Luis, de volver a su casa, se desvaneció Hasta hace algunas semanas la ilusión volvió, una hermana de Luis llegó al hospital y aseguró que se haría responsable.
Se recuperan
Jaime Rabanales, jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Roosevelt, explicó que la esquizofrenia se caracteriza por la deficiencia en la percepción y por cambios de comportamiento repentinos. Salen de la realidad y actúan por alucinaciones e impulso. “Pero algunos pacientes pudieron haber tenido síntomas negativos, es decir aislamiento, comportamiento apático y descuido personal”, explicó.
Señaló que los pacientes con el primer síntoma se recuperan con un tratamiento adecuado, “es decir la probabilidad es alta”; sin embargo, un descuido familiar o personal puede dejar secuelas. Agregó que "entre más brotes psicóticos presente la funcionalidad del paciente se deteriora".
Rabanales explicó que después que un juzgado ordenó la "institucionalización" del paciente, el hospital inició con el tratamiento que en el caso de la esquizofrenia puede ser de 12 días hasta tres meses, pero no años.
“Después que termina el tratamiento se tiene que buscar a un familiar que responda por el paciente, pero muchos casos no se logra y el problema que persiste es que no hay programas de trabajo protegido o con supervisión para que el paciente deje de esta aislado, que conviva y trate de llevar una vida normal, pero el Estado no ha tomado cartas en el asunto”, comentó.
Agregó que un paciente que permanece en el hospital, como Luis, corre el riesgo de padecer depresión y que su acercamiento a la sociedad sea más lento. “Lo ideal es que el paciente regrese a su entorno familiar, y poco a poco se integre”, concluyó.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que existen diversas opciones terapéuticas eficaces, entre las que se cuentan la medicación, la psicoeducación, las intervenciones familiares y la rehabilitación psicosocial.
Más casos
De acuerdo con Meléndez, hasta julio de este año 64 personas se encuentran "institucionalizados" para recibir tratamiento en el hospital por orden judicial. “No todos tienen la misma enfermedad y tampoco llevan el mismo tiempo, pero la mayoría sí supera los 18 años de haber ingresado en el hospital”, aclaró.
Aseguró que 26 personas se encuentran pendientes que un juez resuelva su situación legal. Esperan exámenes médicos forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para determinar si padecen alguna enfermedad mental.
Las 26 personas que están pendientes son señaladas por delitos de violencia contra la mujer, robo, hurto, maltrato contra menores de edad.
“Todos se encuentran en el hospital de Salud Mental Federico Mora y la Unidad de Discapacidad de la Coordinación de Derechos Humanos del Instituto de la Defensa Pública Penal les da seguimiento”, puntualizó.
El representante de la entidad añadió que su trabajo también es acompañar a la persona luego que el juez resuelva su situación jurídica y decrete el estado de imputabilidad, ya que se vuelven grupo vulnerable por la discapacidad mental.
“Se verifica la medida de seguridad, es decir el internamiento en el hospital de Salud Mental Federico Mora”.
Seguimiento
Meléndez refirió que seis meses después de la hospitalización obligatoria, el Juzgado de Ejecución debe programar audiencia para verificar el tratamiento y si existe un pariente responsable. Durante ese periodo también se debe realizar un estudio socioeconómico de la persona o tutor como parte del proceso para autorizar su salida.
“El mayor problema que enfrentamos en la actualidad es no localizar a un familiar para que se supervise el tratamiento ambulatorio de una persona que llevó un proceso penal y que se le otorgaron medidas de seguridad. El reflejo de ello son los 64 casos que en la actualidad se tienen”, aseguró.
Otra de las dificultades es que el Estado no cuenta con instituciones que brinden apoyo a este grupo vulnerable.
Realizar una entrevista de la persona previó a la audiencia de primera declaración, buscar a un familiar para verificar si padecen alguna enfermedad mental o expediente clínico y pedir al juez las evaluaciones, son algunas de las atribuciones de la defensa pública penal.
* Nombre ficticio para resguardar la identidad