El financiamiento para el activismo político y el aborto no crearán empleos para la región
Cuando los países desarrollados apoyan la igualdad ante la ley y los derechos de propiedad en los países pobres, la izquierda los etiqueta como imperialistas. Pero si usa los recursos de los contribuyentes estadounidenses para promover la interrupción de la vida en países pobres, los progresistas lo llaman gasto en “salud“.
Se aplica un juego de lenguaje similar cuando los socialistas internacionales organizan facciones políticas bajo la bandera de la “democracia” para consolidar el poder.
El aborto y el socialismo democrático son dos causas que la administración Biden planea defender en el Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador.
La soberanía, el respeto por las normas culturales locales y las aspiraciones económicas de millones de pobres nunca han sido grandes ideales en Washington. Pero, ahora se reabastecen los ideólogos condescendientes, es probable que el problema empeore.
Los latinoamericanos tienen motivos para desconfiar del presidente Biden, quien tuvo una responsabilidad especial en la región durante la administración Obama.
Un desastre notable en ese momento fue la rendición de Colombia al grupo narcotraficante FARC. El acuerdo se preparó en La Habana con ayuda de Estados Unidos. Los colombianos lo rechazaron en un referéndum, pero el entonces presidente Juan Manuel Santos lo impulsó de todos modos, con el respaldo del Equipo Obama.
En Centroamérica, los responsables de la política exterior de la administración Biden quieren reproducir una versión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de las Naciones Unidas (también conocida como CIGIG) que abarcaría los tres países del Triángulo Norte.
Ayudar a los países a desarrollar instituciones independientes, transparentes y responsables es un valioso objetivo de política exterior. Pero la CICIG no fue nada de eso.
La comisión procesó a algunos criminales, pero sin controles. El comisionado Iván Velásquez ganó el poder absoluto y lo utilizó para desatar un reino de terror contra la sociedad guatemalteca.
Lo que se anunció como una forma de ayudar al país a combatir el crimen organizado y construir un sistema judicial creíble fue armado por la izquierda. El FBI de James Comey persiguiendo a los partidarios de Trump no tenía nada sobre Velásquez. Los empresarios y políticos más corruptos salieron de la cárcel vitoreando sus fechorías.
Los abusos de la CICIG llamaron la atención internacional, cuando los abogados de la familia migrante rusa de Igor Bitkov, quienes fueron sus víctimas, testificaron en una audiencia de la Comisión de Helsinki en Washington en 2018. Allí, hablaron del flagrante maltrato contra la familia, supuestamente a instancias de Vladimir Putin.
Biden, quien afirmó ser un experto en la CICIG, nunca condenó el colapso del debido proceso ni la crueldad que utilizó la comisión para forzar confesiones. Ni siquiera habló por los Bitkovs, cuyo hijo de 3 años fue arrojado a un orfanato cuando fueron encarcelados.
Los guatemaltecos merecen una rendición de cuentas. En cambio, los taquígrafos de Biden en los medios están ocupados saneando su papel en la historia de la CICIG. La familia Bitkov, aún atrapada en el corrupto sistema legal guatemalteco, sigue siendo un símbolo de la escasez de empatía dentro de Beltway.
Pero, Biden se preocupa profundamente por la región, o eso nos dicen. Lo demostrará ahora inyectando US$4 mil millones en una variedad de organizaciones políticas sociales y activistas del Triángulo Norte. Sin embargo, no generará empleos más allá de la industria de la ayuda.
Un tema de la agenda, igualmente importante para Biden, es la exportación del aborto al mundo en desarrollo. Con ese fin, en su octavo día en el cargo, firmó un decreto ejecutivo para permitir que los dólares de los contribuyentes estadounidenses financien proveedores de servicios de aborto que operan en el extranjero. Este es el tipo de políticas que prometen dignidad a las naciones pobres.
Muchos estadounidenses se oponen. En una encuesta marista de enero, el 77% de los consultados dijeron que se oponen al financiamiento de Estados Unidos para “apoyar el aborto en otros países”, muy por encima del 53% quienes se declararon provida.
Algunos de estos estadounidenses pueden tener un sentido innato de respeto por otras culturas. En el mundo en desarrollo existe una fuerte creencia de que el aborto no solo quita una vida, sino que elimina los derechos de los no nacidos y socava los fundamentos éticos de la sociedad.
Este credo se captura en un video reciente de “Cultura de la vida en África”. El cortometraje de 16 minutos presenta a personas de todo el continente suplicándole a Biden que no lleve el aborto a sus costas.
Honduras aprobó recientemente una enmienda constitucional (que requiere la aprobación de cuatro quintos en dos sesiones legislativas diferentes) que prohíbe el aborto.
En Honduras y muchos otros países pobres donde el aborto sigue siendo ilegal, organizaciones como International Planned Parenthood (Paternidad Planificada Internacional) ahora pueden usar fondos del gobierno de los Estados Unidos para promover su industria.
Biden, no necesita compartir las convicciones morales de las naciones pro-vida, pero su desprecio por sus opiniones es preocupante.
Escriba a O’Grady@wsj.com.
El financiamiento para el activismo político y el aborto no crearán empleos para la región
Cuando los países desarrollados apoyan la igualdad ante la ley y los derechos de propiedad en los países pobres, la izquierda los etiqueta como imperialistas. Pero si usa los recursos de los contribuyentes estadounidenses para promover la interrupción de la vida en países pobres, los progresistas lo llaman gasto en “salud“.
Se aplica un juego de lenguaje similar cuando los socialistas internacionales organizan facciones políticas bajo la bandera de la “democracia” para consolidar el poder.
El aborto y el socialismo democrático son dos causas que la administración Biden planea defender en el Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador.
La soberanía, el respeto por las normas culturales locales y las aspiraciones económicas de millones de pobres nunca han sido grandes ideales en Washington. Pero, ahora se reabastecen los ideólogos condescendientes, es probable que el problema empeore.
Los latinoamericanos tienen motivos para desconfiar del presidente Biden, quien tuvo una responsabilidad especial en la región durante la administración Obama.
Un desastre notable en ese momento fue la rendición de Colombia al grupo narcotraficante FARC. El acuerdo se preparó en La Habana con ayuda de Estados Unidos. Los colombianos lo rechazaron en un referéndum, pero el entonces presidente Juan Manuel Santos lo impulsó de todos modos, con el respaldo del Equipo Obama.
En Centroamérica, los responsables de la política exterior de la administración Biden quieren reproducir una versión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de las Naciones Unidas (también conocida como CIGIG) que abarcaría los tres países del Triángulo Norte.
Ayudar a los países a desarrollar instituciones independientes, transparentes y responsables es un valioso objetivo de política exterior. Pero la CICIG no fue nada de eso.
La comisión procesó a algunos criminales, pero sin controles. El comisionado Iván Velásquez ganó el poder absoluto y lo utilizó para desatar un reino de terror contra la sociedad guatemalteca.
Lo que se anunció como una forma de ayudar al país a combatir el crimen organizado y construir un sistema judicial creíble fue armado por la izquierda. El FBI de James Comey persiguiendo a los partidarios de Trump no tenía nada sobre Velásquez. Los empresarios y políticos más corruptos salieron de la cárcel vitoreando sus fechorías.
Los abusos de la CICIG llamaron la atención internacional, cuando los abogados de la familia migrante rusa de Igor Bitkov, quienes fueron sus víctimas, testificaron en una audiencia de la Comisión de Helsinki en Washington en 2018. Allí, hablaron del flagrante maltrato contra la familia, supuestamente a instancias de Vladimir Putin.
Biden, quien afirmó ser un experto en la CICIG, nunca condenó el colapso del debido proceso ni la crueldad que utilizó la comisión para forzar confesiones. Ni siquiera habló por los Bitkovs, cuyo hijo de 3 años fue arrojado a un orfanato cuando fueron encarcelados.
Los guatemaltecos merecen una rendición de cuentas. En cambio, los taquígrafos de Biden en los medios están ocupados saneando su papel en la historia de la CICIG. La familia Bitkov, aún atrapada en el corrupto sistema legal guatemalteco, sigue siendo un símbolo de la escasez de empatía dentro de Beltway.
Pero, Biden se preocupa profundamente por la región, o eso nos dicen. Lo demostrará ahora inyectando US$4 mil millones en una variedad de organizaciones políticas sociales y activistas del Triángulo Norte. Sin embargo, no generará empleos más allá de la industria de la ayuda.
Un tema de la agenda, igualmente importante para Biden, es la exportación del aborto al mundo en desarrollo. Con ese fin, en su octavo día en el cargo, firmó un decreto ejecutivo para permitir que los dólares de los contribuyentes estadounidenses financien proveedores de servicios de aborto que operan en el extranjero. Este es el tipo de políticas que prometen dignidad a las naciones pobres.
Muchos estadounidenses se oponen. En una encuesta marista de enero, el 77% de los consultados dijeron que se oponen al financiamiento de Estados Unidos para “apoyar el aborto en otros países”, muy por encima del 53% quienes se declararon provida.
Algunos de estos estadounidenses pueden tener un sentido innato de respeto por otras culturas. En el mundo en desarrollo existe una fuerte creencia de que el aborto no solo quita una vida, sino que elimina los derechos de los no nacidos y socava los fundamentos éticos de la sociedad.
Este credo se captura en un video reciente de “Cultura de la vida en África”. El cortometraje de 16 minutos presenta a personas de todo el continente suplicándole a Biden que no lleve el aborto a sus costas.
Honduras aprobó recientemente una enmienda constitucional (que requiere la aprobación de cuatro quintos en dos sesiones legislativas diferentes) que prohíbe el aborto.
En Honduras y muchos otros países pobres donde el aborto sigue siendo ilegal, organizaciones como International Planned Parenthood (Paternidad Planificada Internacional) ahora pueden usar fondos del gobierno de los Estados Unidos para promover su industria.
Biden, no necesita compartir las convicciones morales de las naciones pro-vida, pero su desprecio por sus opiniones es preocupante.
Escriba a O’Grady@wsj.com.