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El Salvador y los demócratas que conforman la Corte

Redacción República
10 de mayo, 2021

¿Tiene la Casa Blanca la credibilidad para detener la toma de poder de la Corte del presidente Nayib Bukele?

Por Mary Anastasia O´Grady  The Wall Street Journal

Si los demócratas abarrotan la Corte Suprema de Estados Unidos, causarán un daño irreparable a la institución. Pero el daño no terminaría ahí, la comisión del presidente Biden para estudiar la idea ya está socavando la autoridad moral de Estados Unidos sobre el estado de derecho y la separación de poderes en América Latina.

El ejemplo A es El Salvador, donde la semana pasada una mayoría en el Congreso recién electa que respaldaba al presidente Nayib Bukele suspendió ilegalmente a la Corte Constitucional de cinco miembros. El congreso pro-Bukele nombró de inmediato su propio tribunal, elegido a dedo, en violación del proceso legal para elegir nuevos magistrados. El Congreso también despidió al fiscal general sin causa ese mismo día.

El representante James McGovern (D., Mass.), quien nunca conoció a un dictador latino de izquierda que no le encantaba, expresó su indignación en Twitter: “Seamos claros: esto no es democracia, esto es la destrucción de un poder judicial independiente y estado de derecho”.

Bukele no se inmutó. Respondió al congresista publicando un emoji desconcertado que acariciaba la barbilla encima de una noticia sobre la nueva comisión de Biden. El mensaje no tan sutil es: ¿por qué no hacer lo que hace Estados Unidos en lugar de lo que dice?

Bukele y su poder absoluto

En un discurso en la Facultad de Derecho de Harvard el mes pasado, el juez Stephen Breyer advirtió contra el empaquetamiento de la corte. “Si el público ve a los jueces como ‘políticos con túnicas’, su confianza en los tribunales y en el estado de derecho en sí solo puede disminuir. Disminuir el poder de la corte, incluido su poder para actuar como un ‘control’ en las otras ramas”.

Durante décadas, los tiranos populares que intentan consolidar el poder en América Latina se han apoderado del poder judicial y lo han calificado de “legal“. Los demócratas rara vez se han opuesto mientras el tirano en jefe sea aprobado por los progresistas. Bukele, no lo es.

Fue elegido alcalde de San Salvador en 2015 como miembro del grupo exguerrillero comunista conocido como FMLN. Pero para 2017, sus ambiciones personales crecieron, el FMLN lo echó del partido.

Esto difícilmente lo convierte en “derecha”, como lo describen algunos periodistas extranjeros. Está en guerra con el partido Arena de centro derecha y con la comunidad empresarial pro-mercado de El Salvador.

Se postuló a la presidencia bajo la bandera del partido escindido Gana. Pero su apoyo en el Congreso proviene de miembros del partido populista Nuevas Ideas, que él mismo fundó. Su única ideología es el poder absoluto.

Algunos salvadoreños han manifestado su apoyo a Bukele en Estados Unidos.

La extrema izquierda

Bukele parece haber aprendido mucho de la extrema izquierda de Guatemala. Alrededor de 2014 ganó el control, con la ayuda de demócratas progresistas en Washington, de la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU en Guatemala, conocida como CICIG.

Bukele tiene una estrategia similar. Los jueces del tribunal superior fueron destituidos a principios de este mes mediante la intimidación del gobierno. Sin embargo, la comunidad empresarial no se ha echado atrás hasta ahora. Algunos que dependen de concesiones o cuotas gubernamentales han respaldado su agenda o se han quedado callados. La mayoría se mantiene firme, a pesar de los ataques públicos y los insultos diseñados para fomentar el odio y el acoso del gobierno en forma de múltiples investigaciones financieras.

Entre las personas de más alto perfil que azotan a Bukele, se encuentra la Asociación Nacional de Empresas Privadas, o ANEP. Con 15.000 miembros, el 93% de los cuales son pequeñas empresas, la declaración de misión de ANEP publicada en su sitio web es “promover y proteger” el espíritu empresarial. Para ello, dice ANEP, “la democracia, el estado de derecho y las instituciones” son cruciales.

Hace un año, la ANEP, junto con otras cuatro organizaciones de la sociedad civil, retiró a su representante de un comité de supervisión público-privado creado para monitorear el presupuesto de emergencia para una pandemia.

Sector privado se aleja del Presidente

ANEP dijo que no podía participar en el proceso arbitrario y no transparente. Bukele los acusó de intentar “sabotear” al gobierno. Un mes después ordenó a su gabinete que se negara a reunirse con ANEP. Desde entonces, su presidente ha sido un objetivo de Bukele en Twitter.

El grupo de expertos conocido como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, o Fusades, también ha sido señalado por el mandatario por no marchar a la par con él.

La semana pasada, Bukele transmitió por televisión nacional un video de las acusaciones de fraude fiscal que hizo contra Fusades. Ello durante una reunión privada con miembros de la comunidad diplomática.

Fusades niega las acusaciones, pero la justicia puede ser difícil de conseguir con un sistema judicial cada vez más politizado.

Mientras tanto, es probable que se abandonen todas las investigaciones de corrupción en las que estaba trabajando el fiscal general despedido, cuyo mandato finalizó en seis meses.

Con Bukele, El Salvador puede ser el próximo dominó latino en caer en manos del autoritarismo. ¿Los demócratas que empacan la corte tienen la credibilidad para detenerlo?

Escriba a O’Grady@wsj.com.

Traducido del inglés por Noris Argotte.



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