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Estados Unidos genera más problemas en Centroamérica

Redacción República
03 de agosto, 2021

El secretario de Estado Blinken se pone del lado de un fiscal despedido que pisoteó la ley

El Departamento de Estado vuelve a sembrar problemas en Guatemala. Si Foggy Bottom logra su deseo, es probable que aumente la inestabilidad política en Centroamérica y las presiones migratorias en la frontera sur de los Estados Unidos empeorarán.

Se trata del despido, con causa, de un fiscal guatemalteco. El secretario de Estado Antony Blinken condenó la decisión y suspendió la cooperación de Estados Unidos con la oficina del fiscal general como castigo.

Ningún secretario de Estado puede conocer el panorama político de todos los países. Blinken tiene que depender de su burocracia. Desafortunadamente, lo han engañado sobre este asunto. Apoya un comportamiento que es perjudicial para los intereses de Estados Unidos.

Guatemala está plagada de corrupción. El tráfico de drogas y de seres humanos, la extorsión, el soborno y el capitalismo de compinches son solo algunos de los desafíos que enfrenta.

La lucha contra la anarquía endémica requiere instituciones democráticas. Es un proyecto a largo plazo, pero comienza con un compromiso con la independencia judicial y la constitución. Sin transparencia y sin rendición de cuentas, la corrupción persistirá.

Cuando la procuradora general, María Consuelo Porras, se convirtió en la principal funcionaria policial del país en mayo de 2018, heredó un desastre. Su predecesora, Thelma Aldana, había erosionado la confianza del público al desobedecer el estado de derecho durante cuatro años. Porras se dispuso a restaurar la credibilidad judicial.

Juan Francisco Sandoval, quien dirigía la unidad anticorrupción dentro de su oficina, no estaba a bordo, según Porras. El 23 de julio lo destituyó de su cargo.

Porras ha dicho en entrevistas con los medios que dejó ir al señor Sandoval porque ejerció un sesgo político e ideológico, filtró información que se suponía era confidencial y se comportó, con apoyo nacional e internacional, como si estuviera por encima de la ley.

La izquierda guatemalteca tiene los vapores sobre la decisión de Porras. También lo hacen sus amigos del Departamento de Estado que asesoran a Blinken. El 25 de julio, tuiteó elogios a Sandoval y afirmó que su “despido socava el estado de derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad. Los guatemaltecos merecen algo mejor”. El historial de Sandoval dice lo contrario.

Es hora de atravesar la niebla de una guerra librada por la extrema izquierda y sus antiguos aliados guerrilleros.

Una década de gobierno no oficial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala, conocida como CICIG, fue costosa. Se suponía que ayudaría a erradicar “grupos de seguridad ilegales y organizaciones de seguridad clandestinas” y formular recomendaciones de política.

Pero la CICIG no informó a nadie. Su tercer comisionado, el colombiano Iván Velásquez, nombrado en el otoño de 2013, reconoció que su poder ilimitado podría usarse para fines políticos. El izquierdista Velásquez utilizó la comisión como arma y desató un reinado de terror judicial.

Como jefe de la unidad anticorrupción, Sandoval reportó a la CICIG y su abuso de poder está documentado. La junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estuvo entre sus víctimas. Fueron arrestados y mantenidos en una jaula en el estacionamiento de un tribunal durante una semana antes de ser acusados ​​de fraude.

 Estuvieron recluidos en la cárcel guatemalteca durante casi cuatro años y en repetidas ocasiones se les negó la libertad bajo fianza o el arresto domiciliario. Dos de los acusados, a quienes se les negó atención médica urgente, murieron bajo custodia, uno por suicidio después de haber sido diagnosticado con depresión severa.

Los cuatro que sobrevivieron fueron exonerados en septiembre de 2018 por un tribunal de apelaciones, que no encontró ningún delito.

El mandato de la CICIG expiró en 2019 y no fue renovado. Pero la reforma ha sido difícil porque los jueces y fiscales controlados por Velásquez adoptaron sus tácticas de estado policial. Como fiscales, Sandoval y Aldana se negaron a reconocer la presunción de inocencia que es estándar en todos los países civilizados. Sin embargo, ambos estaban protegidos porque encontraron el favor del personal del Departamento de Estado. Aldana se encuentra ahora en los Estados Unidos mientras es buscada en Guatemala por dos acusaciones separadas en casos de corrupción.

Un gran paso hacia el orden se produjo cuando Porras colocó la unidad anticorrupción bajo el paraguas de la oficina del fiscal general. También le otorgó una autonomía que no tenía cuando la CICIG estaba en el país y aumentó el apoyo técnico y de investigación para su trabajo.

Bajo el liderazgo de Porras, según las estadísticas oficiales, su oficina ha resuelto un porcentaje más alto de casos de narcotráfico que en cualquiera de los cinco años anteriores. La mayoría de ellos han resultado en extradición o condena. La unidad anticorrupción ha iniciado el doble de enjuiciamientos formales al año que los iniciados durante los años de la CICIG y ha desmantelado el doble de organizaciones criminales al año con el historial de condenas más exitoso.

Los críticos de Porras alegan que está protegiendo a los malos actores. Incluso si eso fuera cierto, no justificaría festejar a Sandoval, quien violó con entusiasmo las normas más fundamentales de la justicia estadounidense. Para citar al propio Blinken, los guatemaltecos merecen algo mejor.

Escriba a O’Grady@wsj.com.

Este artículo ha sido traducido del inglés por Noris Argotte Soto para República 

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Se trata del despido, con causa, de un fiscal guatemalteco. El secretario de Estado Antony Blinken condenó la decisión y suspendió la cooperación de Estados Unidos con la oficina del fiscal general como castigo.

Ningún secretario de Estado puede conocer el panorama político de todos los países. Blinken tiene que depender de su burocracia. Desafortunadamente, lo han engañado sobre este asunto. Apoya un comportamiento que es perjudicial para los intereses de Estados Unidos.

Guatemala está plagada de corrupción. El tráfico de drogas y de seres humanos, la extorsión, el soborno y el capitalismo de compinches son solo algunos de los desafíos que enfrenta.

La lucha contra la anarquía endémica requiere instituciones democráticas. Es un proyecto a largo plazo, pero comienza con un compromiso con la independencia judicial y la constitución. Sin transparencia y sin rendición de cuentas, la corrupción persistirá.

Cuando la procuradora general, María Consuelo Porras, se convirtió en la principal funcionaria policial del país en mayo de 2018, heredó un desastre. Su predecesora, Thelma Aldana, había erosionado la confianza del público al desobedecer el estado de derecho durante cuatro años. Porras se dispuso a restaurar la credibilidad judicial.

Juan Francisco Sandoval, quien dirigía la unidad anticorrupción dentro de su oficina, no estaba a bordo, según Porras. El 23 de julio lo destituyó de su cargo.

Porras ha dicho en entrevistas con los medios que dejó ir al señor Sandoval porque ejerció un sesgo político e ideológico, filtró información que se suponía era confidencial y se comportó, con apoyo nacional e internacional, como si estuviera por encima de la ley.

La izquierda guatemalteca tiene los vapores sobre la decisión de Porras. También lo hacen sus amigos del Departamento de Estado que asesoran a Blinken. El 25 de julio, tuiteó elogios a Sandoval y afirmó que su “despido socava el estado de derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad. Los guatemaltecos merecen algo mejor”. El historial de Sandoval dice lo contrario.

Es hora de atravesar la niebla de una guerra librada por la extrema izquierda y sus antiguos aliados guerrilleros.

Una década de gobierno no oficial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala, conocida como CICIG, fue costosa. Se suponía que ayudaría a erradicar “grupos de seguridad ilegales y organizaciones de seguridad clandestinas” y formular recomendaciones de política.

Pero la CICIG no informó a nadie. Su tercer comisionado, el colombiano Iván Velásquez, nombrado en el otoño de 2013, reconoció que su poder ilimitado podría usarse para fines políticos. El izquierdista Velásquez utilizó la comisión como arma y desató un reinado de terror judicial.

Como jefe de la unidad anticorrupción, Sandoval reportó a la CICIG y su abuso de poder está documentado. La junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estuvo entre sus víctimas. Fueron arrestados y mantenidos en una jaula en el estacionamiento de un tribunal durante una semana antes de ser acusados ​​de fraude.

 Estuvieron recluidos en la cárcel guatemalteca durante casi cuatro años y en repetidas ocasiones se les negó la libertad bajo fianza o el arresto domiciliario. Dos de los acusados, a quienes se les negó atención médica urgente, murieron bajo custodia, uno por suicidio después de haber sido diagnosticado con depresión severa.

Los cuatro que sobrevivieron fueron exonerados en septiembre de 2018 por un tribunal de apelaciones, que no encontró ningún delito.

El mandato de la CICIG expiró en 2019 y no fue renovado. Pero la reforma ha sido difícil porque los jueces y fiscales controlados por Velásquez adoptaron sus tácticas de estado policial. Como fiscales, Sandoval y Aldana se negaron a reconocer la presunción de inocencia que es estándar en todos los países civilizados. Sin embargo, ambos estaban protegidos porque encontraron el favor del personal del Departamento de Estado. Aldana se encuentra ahora en los Estados Unidos mientras es buscada en Guatemala por dos acusaciones separadas en casos de corrupción.

Un gran paso hacia el orden se produjo cuando Porras colocó la unidad anticorrupción bajo el paraguas de la oficina del fiscal general. También le otorgó una autonomía que no tenía cuando la CICIG estaba en el país y aumentó el apoyo técnico y de investigación para su trabajo.

Bajo el liderazgo de Porras, según las estadísticas oficiales, su oficina ha resuelto un porcentaje más alto de casos de narcotráfico que en cualquiera de los cinco años anteriores. La mayoría de ellos han resultado en extradición o condena. La unidad anticorrupción ha iniciado el doble de enjuiciamientos formales al año que los iniciados durante los años de la CICIG y ha desmantelado el doble de organizaciones criminales al año con el historial de condenas más exitoso.

Los críticos de Porras alegan que está protegiendo a los malos actores. Incluso si eso fuera cierto, no justificaría festejar a Sandoval, quien violó con entusiasmo las normas más fundamentales de la justicia estadounidense. Para citar al propio Blinken, los guatemaltecos merecen algo mejor.

Escriba a O’Grady@wsj.com.

Este artículo ha sido traducido del inglés por Noris Argotte Soto para República 

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