Los 13 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron juramentados el 25 de noviembre de 2014 luego de un cuestionado proceso de elección, por la falta de independencia, idoneidad y legitimidad que se evidenció durante el proceso de postulación, pese a que se cumplió con la legalidad establecida.
“Si había alguna duda respecto a la legitimidad que los magistrados de la CSJ tenían, ha quedado en evidencia que la mayoría de los jueces que conforman las Salas de Apelaciones y la Suprema, fueron nombrados por compadrazgos por los compromisos que adquirieron con los políticos”, manifiesta la exmagistrada Claudia Escobar.
De acuerdo con Escobar, los escándalos que afectan a la CSJ en Guatemala se saben y se comentan en reuniones sociales, pero nunca se han enfrentado hasta ahora, que se está tomando con más seriedad el tema de la Justicia y la independencia judicial. “Es positivo que se estén dando estos casos porque reflejan un problema que viene de varios años y que cada vez son más graves, pues los grupos de poder e influencia han actuado en forma descarada en los últimos años”.
Además, refiere que si los Magistrados que están siendo cuestionados, están dispuestos a sostener su honorabilidad en los Tribunales de Justicia, y no escudándose en la inmunidad por su cargo, entonces deben renunciar al cargo, dice Escobar.
Mientras tanto, Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, comenta que lo que se está viendo “es el resultado de un sistema de nombramiento de jueces que no privilegia la meritocracia y no se basa en el artículo 113 que determina que no puede postularse ni ser electo quien no cumpla con los requisitos de reconocida honorabilidad”.
Agrega que la situación es el reflejo de ese sistema de nombramiento que aún cuenta con grandes dosis de discrecionalidad y los aspirantes hacen cabildeo en los entes nominadores y luego este apadrinamiento es cobrado con favores una vez se asumen los puestos.
Fuentes señala que “es una vergüenza que el órgano “supremo” del sistema de justicia del país deba pasar por una situación que evidencia el poco cuidado al analizar a los aspirantes a Magistrados. Es evidencia de que la corrupción ha ocupado todos los espacios del país y está muy enraizada en los tres poderes del estado”.
Según Escobar “en un sistema en donde se tiene que juzgar a sus altos funcionarios, se pone a prueba el sistema de justicia. Guatemala tiene la oportunidad de fortalecer su sistema y estos casos serán emblemáticos”.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro-Justicia, indica que “el poder judicial en Guatemala está atravesando su peor crisis en la era democrática, no hay antecedentes de esta magnitud, a no ser de los problemas que se vieron en el Gobierno del presidente Jorge Serrano entre el mandatario y el presidente de la Corte, José Luis Peralta, que condujeron a la desintegración de la Corte y posteriormente, ya restaurado el orden constitucional, a revocatoria de mandatos, lo cual tuvo lugar en 1994.
“Es una crisis de gran magnitud instalada desde el inicio de este periodo en el poder Judicial y tiene mucho que ver con la falta de legitimidad con la cual asumieron los magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones, porque en el camino se ha ido confirmando que había razón cuando se cuestionó todo lo relativo a los procesos de postulación y se denunció las anomalías, negociaciones espurias y componendas”, subraya Ibarra.
De acuerdo con Ibarra, con estos procesos contra los magistrados de la CSJ se termina de confirmar todo el cuestionamiento que hubo por la forma que fueron electos, pues en el Congreso de la República hubo una alianza donde básicamente mandaron los partidos Libertad Democrática Renovada y el Partido Patriota, aunque tuvieron el apoyo de los diputados de Todos y algunos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
“Los hechos confirman lo que se había denunciado, hay un alto grado de falta de idoneidad, honorabilidad y eso hace que algunos de sus integrantes llenen los requisitos formales, pero no así los requisitos fundamentales”, concluye la entrevistada.
Los escándalos
Stalling fue relacionada con la estructura de abogados señalados por supuestamente haber sobornado a funcionarios judiciales para que los jefes de organización criminal denominada La Línea fueran beneficiados con arresto domiciliario. La estructura fue denominada como el “Bufete de la Impunidad”, las autoridades interceptaron llamadas entre Luis Mendizábal actualmente prófugo de la justicia, hablando con Francisco Javier Ortiz, alias “Teniente Jerez”, donde el primero describe que se aprovecharían del cargo de la Magistrada para evitar que los jefes de La Línea fueran enviados a prisión.
Mientras tanto, en otro caso figura su hijo Otto Molina Stalling, ligado por la adjudicación irregular de un contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería Pisa. Pese a ello, la Magistrada continúa en el cargo, y aunque se ausentó por algunos meses sin goce de salario, las voces de la sociedad civil piden su renuncia.
Por ello, el Congreso de la República decidió retirarle la inmunidad para que enfrente a la justicia por su posible participación en hechos ilícitos. Otro fue el caso del magistrado Vladimir Aguilar, acusado del delito de trafico de influencias por parte de Encuentro por Guatemala, quienes presentaron un proceso de antejuicio por haber obviado los procedimientos cuando fungió como Procurador General de la Nación, en el caso de TCQ.
Los 13 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron juramentados el 25 de noviembre de 2014 luego de un cuestionado proceso de elección, por la falta de independencia, idoneidad y legitimidad que se evidenció durante el proceso de postulación, pese a que se cumplió con la legalidad establecida.
“Si había alguna duda respecto a la legitimidad que los magistrados de la CSJ tenían, ha quedado en evidencia que la mayoría de los jueces que conforman las Salas de Apelaciones y la Suprema, fueron nombrados por compadrazgos por los compromisos que adquirieron con los políticos”, manifiesta la exmagistrada Claudia Escobar.
De acuerdo con Escobar, los escándalos que afectan a la CSJ en Guatemala se saben y se comentan en reuniones sociales, pero nunca se han enfrentado hasta ahora, que se está tomando con más seriedad el tema de la Justicia y la independencia judicial. “Es positivo que se estén dando estos casos porque reflejan un problema que viene de varios años y que cada vez son más graves, pues los grupos de poder e influencia han actuado en forma descarada en los últimos años”.
Además, refiere que si los Magistrados que están siendo cuestionados, están dispuestos a sostener su honorabilidad en los Tribunales de Justicia, y no escudándose en la inmunidad por su cargo, entonces deben renunciar al cargo, dice Escobar.
Mientras tanto, Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, comenta que lo que se está viendo “es el resultado de un sistema de nombramiento de jueces que no privilegia la meritocracia y no se basa en el artículo 113 que determina que no puede postularse ni ser electo quien no cumpla con los requisitos de reconocida honorabilidad”.
Agrega que la situación es el reflejo de ese sistema de nombramiento que aún cuenta con grandes dosis de discrecionalidad y los aspirantes hacen cabildeo en los entes nominadores y luego este apadrinamiento es cobrado con favores una vez se asumen los puestos.
Fuentes señala que “es una vergüenza que el órgano “supremo” del sistema de justicia del país deba pasar por una situación que evidencia el poco cuidado al analizar a los aspirantes a Magistrados. Es evidencia de que la corrupción ha ocupado todos los espacios del país y está muy enraizada en los tres poderes del estado”.
Según Escobar “en un sistema en donde se tiene que juzgar a sus altos funcionarios, se pone a prueba el sistema de justicia. Guatemala tiene la oportunidad de fortalecer su sistema y estos casos serán emblemáticos”.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro-Justicia, indica que “el poder judicial en Guatemala está atravesando su peor crisis en la era democrática, no hay antecedentes de esta magnitud, a no ser de los problemas que se vieron en el Gobierno del presidente Jorge Serrano entre el mandatario y el presidente de la Corte, José Luis Peralta, que condujeron a la desintegración de la Corte y posteriormente, ya restaurado el orden constitucional, a revocatoria de mandatos, lo cual tuvo lugar en 1994.
“Es una crisis de gran magnitud instalada desde el inicio de este periodo en el poder Judicial y tiene mucho que ver con la falta de legitimidad con la cual asumieron los magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones, porque en el camino se ha ido confirmando que había razón cuando se cuestionó todo lo relativo a los procesos de postulación y se denunció las anomalías, negociaciones espurias y componendas”, subraya Ibarra.
De acuerdo con Ibarra, con estos procesos contra los magistrados de la CSJ se termina de confirmar todo el cuestionamiento que hubo por la forma que fueron electos, pues en el Congreso de la República hubo una alianza donde básicamente mandaron los partidos Libertad Democrática Renovada y el Partido Patriota, aunque tuvieron el apoyo de los diputados de Todos y algunos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
“Los hechos confirman lo que se había denunciado, hay un alto grado de falta de idoneidad, honorabilidad y eso hace que algunos de sus integrantes llenen los requisitos formales, pero no así los requisitos fundamentales”, concluye la entrevistada.
Los escándalos
Stalling fue relacionada con la estructura de abogados señalados por supuestamente haber sobornado a funcionarios judiciales para que los jefes de organización criminal denominada La Línea fueran beneficiados con arresto domiciliario. La estructura fue denominada como el “Bufete de la Impunidad”, las autoridades interceptaron llamadas entre Luis Mendizábal actualmente prófugo de la justicia, hablando con Francisco Javier Ortiz, alias “Teniente Jerez”, donde el primero describe que se aprovecharían del cargo de la Magistrada para evitar que los jefes de La Línea fueran enviados a prisión.
Mientras tanto, en otro caso figura su hijo Otto Molina Stalling, ligado por la adjudicación irregular de un contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería Pisa. Pese a ello, la Magistrada continúa en el cargo, y aunque se ausentó por algunos meses sin goce de salario, las voces de la sociedad civil piden su renuncia.
Por ello, el Congreso de la República decidió retirarle la inmunidad para que enfrente a la justicia por su posible participación en hechos ilícitos. Otro fue el caso del magistrado Vladimir Aguilar, acusado del delito de trafico de influencias por parte de Encuentro por Guatemala, quienes presentaron un proceso de antejuicio por haber obviado los procedimientos cuando fungió como Procurador General de la Nación, en el caso de TCQ.